Coronavirus tras las rejas: Fiscala Judicial de la Corte Suprema califica como “bomba de tiempo” la situación en las cárceles
Así quedó constatado en el informe de 29 páginas titulado «Situación recintos penitenciarios en pandemia covid-19», realizado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, que da cuenta de la “imposibilidad” de implementar a nivel nacional medidas efectivas de prevención necesarias para evitar el contagio de coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el virus. En esta investigación, el Poder Judicial identificó como principales problemas el hacinamiento, la poca coordinación con sistemas de salud, la cantidad limitada de jabón, los artículos de aseo insuficientes y el escaso acceso a agua potable. En este marco, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP) expresó su preocupación por el alto número de funcionarios contagiados con Covid-19, al punto que la tasa de incidencia en sus filas es cuatro veces más alta que en FF.AA. y Carabineros.
El Ejecutivo han tratado de tomar medidas sobre esta situación, principalmente con el proyecto de Ley de Indulto Conmutativo que busca, precisamente, descongestionar los recintos penitenciarios conmutando por arresto domiciliario a todos los internos no condenados y los reclusos que no hayan cometido crímenes violentos, como casos de violencia intrafamilar, asesinatos, asociación ilícita por narcotráfico, infracción a la ley de control de armas y violaciones a los derechos humanos.
Pero la discusión política y parlamentaria ha entrampado y dilatado las medidas a tomar. En ese contexto, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema difundió hoy un informe de 29 páginas titulado «Situación recintos penitenciarios en pandemia covid-19», en el que da cuenta de la imposibilidad de implementar medidas efectivas y necesarias de prevención para evitar el contagio de coronavirus, como también para el cuidado de los reos enfermos por el virus.
El Poder Judicial identificó los principales problemas que enfrentan los recintos penitenciarios del país para hacer frente a la pandemia: hacinamiento, poca coordinación con sistemas de salud, cantidad limitada de jabón, artículos de aseo insuficientes y escaso acceso a agua potable.
En el estudio -realizado en base a la labor de los fiscales judiciales de todas las Cortes de Apelaciones del país- se estableció que en la actualidad hay 42.084 internos y de ellos, el 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva. Si bien constata que se han adoptado distintas medidas epidemiológicas generales, como instructivos del Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile destinados a prevenir y controlar la pandemia, el máximo tribunal del país advirtió que «las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impiden realizar cualquier medida de resguardo o paliativa del contagio del virus en forma eficiente o que alcance los estándares requeridos para prevenir su propagación».
«Una bomba de tiempo»
Ante esta realidad, la fiscala judicial, Lya Cabello, afirmó que «la realidad de los recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad, lo que acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de deficiencias infraestructurales serias en varios establecimientos penitenciarios, convierten a las personas privadas de libertad en un grupo especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo, y a un escaso e insuficiente acceso a medidas paliativas que permitan un adecuado tratamiento frente a la enfermedad contagiosa que se vive en el país».
Por lo mismo, Cabello calificó la situación carcelaria nacional como una «bomba de tiempo» y concluyó que es «de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio».
Agregó que «como en otras oportunidades, la Fiscalía Judicial pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en la seguridad personal y el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y las consecuencias que su incumplimiento acarrea para el entorno, no solo familiar sino de la sociedad toda.
Coronavirus y Gendarmería
El tema no solo preocupa a la Corte Suprema, sino que también a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP), la que expresó su preocupación por el alto número de contagiados con Covid-19 en sus filas, que hoy llegan a 70 funcionarios de un total de 15.500.
Advirtieron que si bien tienen claro que su profesión conlleva riesgos, en el contexto de la actual pandemia estos aumentan, ya que la tasa de incidencia de casos detectados entre los funcionarios de Gendarmería es cuatro veces más alta que la de las Fuerzas Armadas (58 casos de un universo de 67 mil uniformados) y de Carabineros (67 contagiados de un total de 55.000 policías).
Así, si hoy se hace el cálculo de contagiados dentro de las cárceles, 1 de cada 220 funcionarios de Gendarmería tiene Coronavirus, mientras que la proporción para los internos es de 1 cada 5.000 (26 casos en un universo de 142.493 personas albergadas en recintos penitenciarios en todo el sistema).
El caso más grave en las filas corresponde a un Teniente Primero, de dotación del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien se encuentra con riesgo vital internado en la UCI del Hospital de Carabineros. Actualmente está en coma inducido, conectado a ventilación mecánica y con diálisis.
“Nos preocupa sobremanera el nivel de exposición y contagio de nuestro personal, especialmente porque aún no existe una definición clara si contagiarse con coronavirus será considerado o no una enfermedad profesional y, por tanto, si operan todas las coberturas de salud. Especialmente, la duda radica qué pasa si uno de los nuestros funcionarios fallece o queda con secuelas graves a causa de esta enfermedad: ¿su familia quedará cubierta o no?”, indicó el Presidente de ANOP, Teniente Coronel Alberto Figueroa Quezada junto al Secretario Nacional Teniente Coronel, Andrés Muñoz Verdugo.
El directorio agregó que esta sensación de incertidumbre sobre su futuro se enlaza con el problema actual que viven los oficiales con sus derechos previsionales, ya que un contradictorio dictamen de Contraloría modificó el criterio de la ley que los homologaba en igualdad de condiciones al personal de Carabineros y la PDI, con el fin de entregar una protección adecuada según la naturaleza de sus funciones y exposición al riesgo.
En tanto, los ministerios de Justicia y Salud ya dispusieron medidas al interior de los recintos carcelarios, tales como restricción de visitas presenciales, zonas de aislamiento para los casos positivos y modificación del sistema de turnos del personal, entre otros.
Fuente: elmostrador.cl