La pandemia en tribunales: las cifras que revelan cuánto bajaron las audiencias – Jueves 25 de marzo de 2021
El ministro de Justicia evidenció su molestia en el Senado ante la demora en la tramitación de la ley destinada a evitar el atochamiento de causas cuando termine el estado de excepción. «La situación en los tribunales es gravísima».
«La suspensión de algunas causas, especialmente en materia civil, motivada por las restricciones legales existentes, ha sido en muchos casos excesiva, ocasionando una gran congestión que amenaza provocar un colapso cuando concluya el estado de catástrofe», dice la declaración. Y agrega que este atochamiento también se ha dado en causas laborales y de familia, por lo que el colegio consideró, además, necesaria una mayor cantidad de jueces resolver las causas que han quedado pendientes.
Fue justamente esta misma declaración que el 24 de marzo y ante la Comisión de Constitución del Senado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, utilizó como uno de los argumentos para insistir que el Congreso retome el proyecto de ley destinado a adecuar el funcionamiento del sistema de justicia pos estado de excepción. Es decir, una ley que será clave para retomar la actividad judicial cuando finalice la vigencia de la ley que prorrogó los plazos judiciales y que se dictó en marzo de 2020.
Así, antes de iniciar su presentación, Larraín hizo sentir su molestia ante la comisión: «Este proyecto es extraordinariamente necesario y lo hemos trasmitido en todas las formas posibles. Solo quiero recordar que está con discusión inmediata desde noviembre del año pasado, y que durante todo ese mes de marzo, esta es la primera vez que se analiza y, probablemente, sea la única reunión del mes».
Y añadió: «La situación que afecta a los tribunales de Justicia es gravísima».
La ley que flexibilizó los plazos judiciales fue aprobada en forma unánime en el Senado en marzo de 2020. Sin embargo, como fue dictada en el contexto del estado de excepción, ha generado paralización de cientos de causas. Por ello, el proyecto de ley al que Larraín pidió acelerar, pretende adelantarse al escenario del atochamiento que se prevé a partir de junio.
Por ello, Larraín dijo que la declaración del Colegio de Abogados hizo patente la dificultad que hoy ocurre con la prolongación de la ley de suspensión de plazos que el propio Ministerio de Justicia impulsó ante la emergencia sanitaria. Pero, tras un año, «está generando una dificultad en la atención y en administración de la justicia a mucha gente y la única manera de resolverla es con normas adecuadas como son las que contiene este proyecto. La no discusión, la postergación, a pesar de estar con discusión inmediata, genera obviamente una sensación de indefensión y de falta de servicio, de continuidad de servicio en la administración de justicia».
Así, para este proyecto de ley, el Ministerio de Justicia convocó a una mesa de trabajo que abordó tres puntos en el contexto de la pandemia: lograr mayor eficiencia en el sistema de Justicia producto de la sobrecarga de trabajo y la disminución de audiencias; limitar la presencia física de las personas en los tribunales, e incorporar en foma permanente mecanismos e instituciones que pemitan el funcionamiento de los tribunales en el estado de excepción constitucional.
También se levantaron cifras para analizar cómo han operado los tribunales en la pandemia. En el caso de los juzgados de garantía, si bien los ingresos de causas no tuvieron grandes variaciones durante la crisis sanitaria, las audiencias se redujeron en un 68%.
La situación se replicó en los tribunales de juicio oral en lo penal, donde la baja de audiencias fue drástica: 65% en relación con el promedio histórico.
En el 80% de los casos, las audiencias no se realizaron debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.
En la justicia de familia, en tanto, los ingresos de causas bajaron hasta en un 52% con respecto a años anteriores. Mientras que en materia laboral y civil, aunque las cifras de ingreso se mantuvieron estables, también cayeron las audiencias.
Por ejemplo, en materia laboral, las audiencias decrecieron en 70%, y en la justicia de familia, entre 70% y 80% en comparación con 2018. En materia civil, las cifras revelaron que las causas terminadas por sentencia definitiva en el estado de emergencia se redujeron en 45% respecto del 2019.