También harán llegar el informe elaborado por su comisión tributaria sobre este asunto.
‘El Consejo comparte la preocupación que había expresado hace unos días’, dice el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, tras la sesión realizada ayer en que fue analizada la ‘ley corta’ de pensiones impulsada por el Gobierno.
La razón: Para financiar la ampliación de beneficios en este ámbito se invierte, de algún modo, la norma actual: si hoy se gravan con Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo algunos servicios, con esta iniciativa aplicaría a todos, salvo los excluidos expresamente, como los asociados a salud, transporte y educación, y los que presten personas naturales, ya sea vía contrato de trabajo o mediante honorarios. Los servicios legales entonces quedarían gravados con este impuesto.
Humeres explica que inquieta el tema del financiamiento en el Consejo del gremio porque ‘afecta a algunos profesionales, entre ellos, a los abogados’, sin embargo, ‘también el acceso a la defensa judicial’ para las personas.
La semana recién pasada el presidente del Colegio puntualizaba que ‘esto le agrega un costo al servicio jurídico (…), va a haber un encarecimiento de la prestación. Y no hay que olvidar que el servicio jurídico cumple una función pública y está asegurando una garantía constitucional que es la defensa jurídica’.
Por eso, adelanta ahora a ‘El Mercurio’, ‘vamos a pedir al Congreso que nos escuche y le haremos llegar el informe de nuestra comisión tributaria’.
Existiría diferencia arbitraria en norma
Cuando abordó el tema pocos días atrás, Humeres había dicho que concordaba en que ‘la ley (corta) es importante, qué más importante que mejorar las pensiones, pero estamos discrepando de la norma que grava con IVA los servicios de los abogados’ en ciertos casos.
‘Tampoco compartimos —advertía— que haya discriminaciones. ¿Por qué algunos profesionales que tienen sociedades quedan exentos de esto y otros estamos gravados? Eso también creo que nos debe preocupar’.
Respaldan proyecto de justicia pospandemia
Además de analizar el asunto del IVA, ayer los consejeros del Colegio de Abogados revisaron la iniciativa que complementa la Ley 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos, las audiencias y actuaciones judiciales, por la crisis sanitaria.
El objetivo del proyecto —que se vería hoy en el Senado y debiese despacharse esta semana— es reactivar y dar continuidad al sistema de justicia pospandemia.
‘Creemos que es un buen proyecto de ley, que reactiva las causas. Expresamos, como Colegio, nuestro apoyo’, dice Humeres, aunque agrega que ‘quizá, luego, sea oportuno que la Corte Suprema dicte un auto acordado que regule algunos aspectos más en detalle’.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha planteado que con esta ley se podrá ‘continuar con las audiencias telemáticas, y también entregará la posibilidad de avanzar en los juicios civiles, ya que con su pronta entrada en vigencia (el 1 de octubre), las partes podrán solicitar que se cite a audiencia de prueba, las que estaban suspendidas durante el último año y medio de pandemia’.
Andrea Chaparro.
Fuente: elmercurio.com