Fiscal nacional acusa falta de «reacción» de Interior ante actuaciones de Carabineros en investigación de «Operación Huracán»

Regresó el lunes de sus vacaciones y en menos de 24 horas visó la respuesta al «téngase presente» que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, despachara al Ministerio Público en su ausencia. El fiscal nacional, Jorge Abbott, contestó -en 12 páginas y punto por punto- cada una de las acusaciones que desde La Moneda le hicieran por la conducción de las indagatorias en la «Operación Huracán», en La Araucanía, y su arista, en Los Ríos, así como las causas asociadas a ellas por una eventual manipulación de evidencia.

«No deja de llamar la atención que en una presentación en la que se reclama respeto en forma tan categórica, se impute a fiscales que cumplen con su deber constitucional de persecución penal el efectuar afirmaciones falsas, el desconocimiento inexcusable, el haber pretendido ocultar la existencia de irregularidades, incumplimiento al deber de probidad e, incluso, ciertas conductas que están al límite de imputaciones delictivas, sin fundamento alguno».

Estas palabras marcan el tono del oficio que ayer despachó al subsecretario, a quien recuerda más adelante que Carabineros depende de esa cartera.

«No resulta aceptable la reacción del director de Inteligencia de Carabineros»

La razón para ese recordatorio es que la máxima autoridad del Ministerio Público, junto con abordar las «10 inquietudes» expuestas por Aleuy, acusa una nula reacción o reproche de Interior respecto de actuaciones de Carabineros en el caso por asociación ilícita terrorista y la quema de 58 camiones en la zona sur.

Por ejemplo, dice el fiscal nacional, «no resulta aceptable la reacción del director de Inteligencia de Carabineros de Chile, Sr. Gonzalo Blu, cuando el día 26 de enero del presente imputa a nuestra institución el ‘amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo en regiones del sur del país’ y hace un llamado al órgano jurisdiccional (al juzgado de garantía) a desatender peticiones efectuadas por la fiscalía».

Abbott plantea que no puede ser más «palmaria» la violación del articulado de la Constitución en la conducta de Blu; «sin embargo, ninguna, absolutamente ninguna reacción hubo por parte de ese ministerio (Interior) respecto de una repartición que es de su dependencia, a diferencia de este extenso ‘téngase presente’ en el que, incluso, parecen cuestionarse facultades exclusivas de un órgano autónomo del Estado como lo es el Ministerio Público».

También critica la liberación de información de inteligencia que realizó la autoridad policial, la que «ha liberado información de inteligencia contenida en 1.100 correos (electrónicos), de diversas causas tramitadas en el país, para que sea utilizada en la actividad de defensa de sus propios funcionarios, imputados de la comisión de delitos».

A ello se suma el reproche inexistente de Interior al entorpecimiento del allanamiento ordenado por la fiscalía en las oficinas de la unidad de inteligencia de La Araucanía. «No puede entenderse», a juicio de Abbott, que la reacción de Carabineros el 26 de enero hubiese sido prácticamente «repeler», «con algo parecido a los ‘ejercicios de enlace’ propios de otra época».

Insta a Aleuy a cumplir con obligación de denuncia

Luego, el jefe del Ministerio Público recuerda a Aleuy sus obligaciones, atendidas las imputaciones que hizo contra el fiscal Luis Arroyo, quien se querelló tras verse involucrado en una presunta filtración de antecedentes desde la propia institución a miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Para el subsecretario del Interior, esa acción penal no pudo sino confeccionarla con datos contenidos en el informe de Inteligencia N° 202 de Carabineros, al que tuvo acceso en razón de su cargo, vulnerando su deber de reserva. Junto con corregir esa apreciación, Abbott le explica que esas informaciones las conoció como imputado en la causa.

«Esta afirmación (contra Arroyo) nos parece de la máxima gravedad; de hecho raya en la imputación de hechos constitutivos de delito (…) por lo que correspondería, como Ud. bien sabe, que atendida su calidad de funcionario público, los denunciara conforme lo establecido en el art. 175 del Código Procesal Penal», apunta el fiscal nacional.

Abbott descarta, además, otros dos cuestionamientos de Aleuy en su «téngase presente»: Que con el secreto decretado en la causa se quisiera «ocultar la existencia de irregularidades» y que la fiscalía hubiese actuado de manera «inadecuada o abusiva» respecto de los abogados de Interior, a los que calificó de «negligentes», en la audiencia de 9 de febrero del caso «Huracán».

A lo primero, el jefe del Ministerio Público dice que «carece de todo fundamento, toda vez que esta medida tuvo por objeto la realización de una investigación acabada y (…) resulta agraviante, más en la consideración de que las irregularidades imputadas a la fiscalía (filtraciones) son muy posteriores a la fecha en que se decretó el secreto». Mientras que, sobre el segundo punto, explica, «corresponde a las naturales diferencias que en el marco de la litigación pueden darse, máxime cuando es el propio abogado del Ministerio del Interior quien imputa al fiscal Felipe González la realización de prácticas irregulares e incluso ilegales en la dirección de la investigación».

Los Ríos

El fiscal nacional acusó además que, en la causa de Los Ríos, Interior no ha «desplegado actividad alguna», a pesar de que ya está formalizada.

»Lamentamos que ante hechos tanto o más graves que los imputados en lo que podemos llamar ‘Huracán I’, de evidente vulneración de derechos y recolección de evidencia prácticamente absurda, no exista actividad alguna por parte de ese ministerio (Interior)».

»Indicar que el uso del secreto tuvo por finalidad el ‘ocultar la existencia de irregularidades’ carece de todo fundamento (…) Lo anterior resulta agraviante,
más en la consideración de que las irregularidades imputadas a la fiscalía son muy posteriores a la fecha en que se decretó el secreto de la investigación».

»Lo señalado (negligencia de Interior como querellante) corresponde a las naturales diferencias que en el marco de la litigación pueden darse, máxime
cuando es el propio abogado del ministerio quien imputa al fiscal Felipe González la realización de prácticas irregulares e incluso ilegales en la dirección
de la investigación, y, posteriormente, de forma gratuita, descalifica al perito de la Fiscalía Nacional y su evaluación profesional y técnica».

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