El Colegio de Abogados condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los Fiscales y a los Jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan.