Abogados penalistas top en picada contra la acusación constitucional: «Constituye una intromisión del poder político»

La acusación constitucional presentada en la Cámara de Diputados contra los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, que dejaron en libertad a siete reos de Punta Peuco, sigue generando incomodidad en ciertos sectores.

Es por eso que diversos nombres del mundo judicial han criticado la acusación, indicando que vulnerará el poder que se les confiere a los magistrados.

Los últimos en sumarse fueron un grupo de abogados penalistas top, quienes en una carta firmada por 25 destacados profesionales, señalaron que «la existencia de la facultad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema no excluye la necesidad de un uso cauteloso y prudente de una herramienta que, de ser utilizada fuera de los casos previstos en la Constitución, puede afectar de manera ilegítima la idea de separación de poderes».

La carta fue gestionada por Luis Ortiz Quiroga y Gabriel Zaliasnik y tuvo una inmediata acogida entre lo más selecto del mundo del derecho penal, dados los claros cuestionamientos que tienen hacia la lógica jurídica y política que representa el libelo y donde resienten que la arremetida de la Cámara de Diputados representa una intromisión en otro Poder del Estado.

La misiva publicada en el diario El Mercurio lleva además las firmas de Luis y Nurieldín Hermosilla, el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, y la ex Defensora Penal Pública (hoy en Imaginacción), Paula Vial. También suscriben el documento Juan Domingo Acosta, Rodrigo Aldoney, Carlos Balbontín, José Miguel Barahona, Antonio Bascuñán, Leonardo Battaglia, Jorge Bofill, Ciro Colombara, Francisco Cox, Miguel Chaves, Samuel Donoso, José Ignacio Escobar, Alfredo Etcheberry, Jorge Gálvez, Patricio González, Julián López, Juan Carlos Manríquez, Jean Pierre Matus, Gonzalo Medina, Cristián Muga, César Ramos, Hugo Rivera, Marcelo Sanfeliú, María Elena Santibáñez, Miguel Schweitzer, Miguel Soto Piñeyro, Francisco Velozo, Jaime Winter y Rodrigo Zegers.

En la carta, los abogados argumentan que «una acusación constitucional como la referida pone en peligro la confianza de una de las instituciones base de nuestro Estado de Derecho y constituye una intromisión del poder político en las funciones que le son propias».

En un tono más personal, los firmantes añaden que “nos consta la vasta  trayectoria” de los ministros acusados, y “damos fe de su dedicación e integridad”. “Detrás de cada uno de estos ministros  existe una relevante y no siempre conocida historia de honesto e imparcial servicio a nuestro país que no debiese ser ignorada”, precisa la declaración.

Presidente (s) de la Suprema: La acusación es «ilegítima»

En esa misma línea, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la acusación constitucional, calificándola como «ilegítima»: «Dentro del Estado de Derecho, los fallos judiciales se impugnan por los recursos judiciales. Establecida la sentencia final de término, no hay otra autoridad dentro del Estado que pueda revisar los fundamentos de las decisiones. Ahí concluye todo y, por lo tanto, no es posible que de una manera legítima se pretenda tratar de rever todo lo que han dicho los jueces», señaló, en entrevista con el diario El Mercurio.

«Ellos han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto, es ilegítimo», argumentó.

En caso de que prospere la acusación constitucional, Muñoz teme que marque un precedente: «Abre una puerta, pero el riesgo más evidente es que quien analiza ese aspecto es la misma Cámara de Diputados. Nos preocupa porque de esta manera se va a poder interpretar la Constitución de la manera que ellos estiman. No hay una acusación constitucional en contra de los congresistas que no respeten la Constitución en la forma como ella está escrita. Por lo menos que la pueda interponer una autoridad externa a los congresistas».