«Este ministerio no es partidario de innovar respecto de la eutanasia o del aborto»

Las denuncias de irregularidades en Gendarmería, las deficiencias del Sename, el hacinamiento en las cárceles, la reinserción de los presos, los derechos humanos y las libertades condicionales, los nuevos N.N. en la morgue y las reformas a los cuerpos legales.

El ámbito en el que se mueve el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tiene que ver «con lo urgente y lo importante». Sin embargo, se le ve calmo. Tranquilidad que él atribuye a que practica Tai chi dos o tres veces a la semana.

El secretario de Estado recibe a «El Mercurio» en el momento en que comienza a socializarse una de las modificaciones legales más complejas: el anteproyecto del nuevo Código Penal que se libera hoy a las facultades de Derecho de 36 universidades. Y adelanta que la comisión que preparó el cuerpo legal, donde participan miembros del equipo del primer gobierno de Sebastián Piñera y del segundo de Michelle Bachelet, encabezados por el abogado Jorge Bofill, incluyó la despenalización de la eutanasia y el aborto en los primeros tres meses de gestación.

-Se ha señalado que el nuevo código va a contemplar, en tipificación de nuevos delitos, por ejemplo, el acoso a las mujeres. ¿Qué otros delitos, que usted considera importantes, incluye este anteproyecto?

-Lo primero que hace el código es sistematizar todos los delitos, incorporando toda la legislación penal suelta en un solo texto. Y generar, entonces, un sistema que sea ordenado, armónico, coherente y proporcional, adecuado en la correspondencia en valores con percepciones similares. El proyecto procura llenar vacíos de penalidad. No tanto crear nuevos delitos, sino que cuando hay espacios en una materia en donde falta configurar una hipótesis, entonces se completa.

En este sentido, Larraín explica que se plantea una nueva figura de cohecho: «Por ejemplo, quien reciba algo sin que haya un encargo específico. Es el caso que está en la lista de pagos de una empresa, en el payroll, pensando que en algún minuto esa persona va a tener que tomar una decisión que a esa empresa le interesa».

«Vamos a revisar las propuestas de la comisión»

El ministro es enfático al señalar que «no vamos a tomar el proyecto y presentarlo. Este anteproyecto lo vamos a consultar en los próximos días con las facultades de Derecho y con los ministerios. Y en particular con el Ministerio de la Mujer y de Identidad de Género, para resolver el problema de enfoque de género».

Y Larraín se detiene en este punto: «Vamos a constituir en el ministerio una comisión especial, con penalistas mujeres, para hacer esa revisión y sistematización del enfoque global: no de los delitos que tengan que ver con la mujer, como femicidio, sino que de todos los delitos para ver si el enfoque en una perspectiva de género produce una modificación. Ahora, ese esfuerzo, más nuestras propias convicciones, nos van a hacer presentar el proyecto del Código Penal del Gobierno. Y por lo tanto no va a ser necesariamente igual al anteproyecto que nos entregan. Quiero, por eso mismo, precisar, porque tengo ya información de que hay algunas propuestas nuevas que aprobó la comisión, que nosotros vamos a revisar».

-¿Que no le gustan?

-Sí.

-¿Cuáles?

-Incorporaron la despenalización de la eutanasia y del aborto durante los primeros tres meses de embarazo. Esa fue una decisión que tomó libremente la comisión. Y nosotros no objetamos que eso haya ocurrido así, porque en general, por lo que he podido saber, no hay adecuaciones adicionales significativas que se hayan planteado, porque se han mantenido en esta idea de sistematizar, incorporar todo adentro y solamente ir ajustando y llenando vacíos, pero no creando nuevos tipos. Y lo que ha ocurrido, que nos ha llamado la atención, es saber que se incorporó la eutanasia y el aborto a un plazo.

Considera importante aclarar que «nosotros a la comisión le dimos carta abierta para que pudieran desarrollar sus temas. Y ellos internamente, porque no estaban de acuerdo en todo, resolvieron en forma democrática por la mayoría. Y por lo tanto, no todas las propuestas son unánimes. Algunas son con estrechas mayorías, porque hubo división de opinión».

-¿Qué le parece a usted que se hayan incorporado esos dos puntos?

-Yo tengo reparos, porque personalmente pienso que en estas materias no deberíamos aprovechar el Código Penal y su actualización para incorporar una serie de delitos que quisiera la gente agregar. Eso nos parece que debe ser individual, una vez promulgado el código. Y, por lo tanto, yo personalmente soy partidario, este ministerio es partidario, de no innovar respecto de la eutanasia y del aborto. Creo que deberíamos ni avanzar ni retroceder, sino que dejarlo en el punto que está aprobado por la legislación vigente; es decir, el aborto con las tres causales. Que yo voté en contra en la discusión, siendo senador, cuando se aprobó. Pero yo no retrotraería el aborto a antes de esa legislación, y tampoco avanzaría en lo que algunos quisieran: algunos quieren el aborto libre, otros el aborto a plazo, en fin. No entraría en innovaciones en materia de aborto; mantendría lo que la legislación actual estableció.

-¿Y qué otras «sorpresas» trae el anteproyecto?

-No conozco otras. Esas son las únicas relevantes que yo he podido detectar por las conversaciones que he tenido, que pueden generar una aprensión ciudadana, un debate anticipado que no queremos provocar. Por eso respetamos el trabajo de la comisión y nos valemos de su esfuerzo gigantesco que ha hecho para resolver la sistematización y llenar los vacíos de punibilidad que puede haber, pero estas innovaciones probablemente no las vamos a acompañar.

«Pena que se impone se cumple»

De acuerdo al anteproyecto, el legislador decidirá las penas y no el juez.

«El nuevo código lo que hace es tener un sistema de aplicación distinto de las penas. Hoy día existe una suerte de divorcio entre lo que la ley señala para un delito y lo que el juez termina aplicando en un caso concreto. Porque existe el juego de las atenuantes y agravantes, y márgenes de discreción que no son muchos, que quedan entregados al juez. Entonces, una persona que es condenada a cinco años de privación de libertad no va a pasar un día en la cárcel porque, si es primera vez que comete un delito, le van a permitir firmar. Si una persona es condenada a diez años, lo probable es que le van a aplicar las atenuantes y va a quedar en cinco años y un día. Pero pena privativa real va a ser la mitad de eso. Con el nuevo código, las penas no van a ser tan altas, pero sí precisas. Y la que se impone se cumple, salvo que sea inferior a un año».

-¿Se ha pensado en cómo va a impactar eso al sistema penitenciario?

-No lo hemos dimensionado. Una vez que tengamos el proyecto con la tipificación, vamos a hacer un estudio de simulación, para ver cuáles serían las condenas reales de acuerdo al nuevo catálogo y al nuevo sistema de trabajo. Y el simulador nos va a decir cuál es el problema que se nos viene en las cárceles. Ahora, nosotros vamos a entrar con este proyecto en enero. Y su tramitación la tenemos estimada en el Congreso en dos años. Los próximos dos años vamos a tener el tiempo para hacer los ajustes de la aplicación de este nuevo código.

-¿Cuándo tendremos tras las rejas al primer condenado del nuevo código?

-En 2021.

Plan carcelario

El ministerio, dice, tiene un completo estudio sobre infraestructura carcelaria, que muestra dónde están los déficits y el hacinamiento. «Estamos revisando los últimos detalles para presentárselo al Presidente y definir un plan de construcción y ampliación de nuevas cárceles, que nos permita resolver este tema». Pero tiene otro problema: «Hoy día más de un tercio de la población que está presa son personas que lo están en prisión preventiva».

ROL DE LA COMISIÓN
«Respetamos el trabajo de la comisión y nos valemos de su esfuerzo gigantesco que ha hecho para resolver la sistematización y llenar los vacíos de punibilidad que pueda haber, pero estas innovaciones probablemente no las vamos a acompañar».

COHECHO
«Se agrega ahora una hipótesis nueva: que una persona reciba algo sin que haya un encargo específico, por ejemplo, estar en el payroll de una empresa».

Anteproyecto que reforma el CDE planteará un mecanismo de remoción de consejeros distinto al actual

Hace pocos días, el Presidente Sebastián Piñera, en su gira por Europa, donde se enteró de la renuncia de Javiera Blanco, anunció una reforma al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirma que su cartera trabaja en un anteproyecto y que comenzó a socializarse. La presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, es una de las autoridades que lo conocen.

«Estamos trabajando hace tiempo en ello», comenta el secretario de Estado, y agrega que ya «tenemos un anteproyecto» que se ha trabajado internamente en el ministerio.

Se espera, como ha dicho el mandatario, que una reforma al CDE aborde posibles inhabilidades de sus integrantes, eventualmente acortar el período en que ejercen en el cargo los consejeros, pero también podrían incorporarse modificaciones a la manera en que es posible remover a un consejero de su puesto, porque hoy -como ocurre, por ejemplo, en la Contraloría en ciertas funciones- el procedimiento no es simple.

El ministro Larraín conocía a Javiera Blanco. Y se encontraron en varias ocasiones cuando ella fue ministra y él senador. Se conocían del mundo público, pero también porque él fue su profesor en la universidad.

-¿Fue sorpresivo para usted lo de Javiera Blanco?

«Yo creo que algo tenía que pasar», explica Larraín, y detalla el procedimiento que debe aplicarse en general y el escenario particular. «Era muy difícil la situación, porque para sacarla el Presidente tiene iniciativa para pedirle al Senado que lo haga -y que es la única manera para remover a un consejero-, pero el Presidente debe hacerlo cuando haya un sumario interno al consejero, y eso no se había producido, porque no eran hechos ocurridos durante su ejercicio como consejera», asegura el ministro.

La razón parecía clara: no había nada que se le atribuyera a la abogada en su calidad de consejera por parte del Ministerio Público en la arista de gastos reservados en el caso del fraude en Carabineros, y tampoco en la arista Ascar del caso Sename.

Eso, porque tales indagatorias de la fiscalía apuntan a períodos anteriores, cuando ella ejerció como subsecretaria de Carabineros, en el primer caso, y como ministra de Justicia, en el segundo.

Como consejera, dice el secretario de Estado, ella «no hizo nada que mereciera reprobación», y si lo hubiera habido, agrega, es «anterior al servicio; entonces, no le correspondía al Consejo hacer un sumario».

-¿El anteproyecto contempla un mecanismo distinto?

-Sí, tiene otro mecanismo.

Sin embargo, el secretario de Estado no quiere entrar en mayores detalles hasta que se conozca la propuesta del Ejecutivo.

CASO DE JAVIERA BLANCO
«Era muy difícil la situación, porque para sacarla, el Presidente tiene iniciativa para pedirle al Senado que lo haga -y que es la única manera para remover a un consejero-, pero el Presidente debe hacerlo cuando haya un sumario interno al consejero, y eso no se había producido, porque no eran hechos ocurridos durante su ejercicio como consejera».

«No necesariamente tenemos que tener presas a las personas que están imputadas en procesos de investigaciones penales»Modificación legal para reducir las prisiones preventivas:

Junto con el proyecto de Código Penal, que impactará en las penas efectivas y muy probablemente en el número de presos en las cárceles, el ministerio también trabaja en una «reforma de la reforma procesal penal».

Esta comisión -presidida por el abogado Gabriel Zaliasnik-, entre los temas que estudia está una eventual restricción de las prisiones preventivas.

«Creemos que hay una inflación de personas que no deberían estar presas y que se puede cautelar su comparecencia a la justicia de otra forma. Por ejemplo, con brazalete electrónico. No necesariamente tenemos que tener presas a las personas que están imputadas en procesos de investigaciones penales. Solo los que son real peligro para la sociedad», dice el ministro Larraín. Y adelanta de inmediato que «vienen modificaciones legales para reducirlas».

«Después (de la comisión que encabeza Zaliasnik), tenemos a Julián López en otra comisión, que ve qué cambios procesales va a traer consigo el nuevo Código Penal. Y esos dos grupos tienen que coordinarse para empezar a tramitar los cambios al Código Procesal Penal, con el fin de mejorar la aplicación de la ley, más lo que implica de modificaciones procesales el nuevo código».

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