Corte de suministro: Las penas que contempla el código penal por contaminar el agua potable
Tras el anuncio del corte de agua programado en el sector oriente de la Región Metropolitana para las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, que podría extenderse hasta las 20.00 horas de este miércoles, diversas autoridades salieron a condenar la contaminación que afectó al río Mapocho y a exigir sanciones para quienes resulten […]
De hecho, Aguas Cordillera, filial de Aguas Andinas, presentó una denuncia ante la Brigada de Delitos Medioambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones, y por su parte, la Intendencia Metropolitana anunció una querella por «un atentado a la salud pública, para poder castigar obviamente a los responsables de haber vertido una sustancia ilegal en el río», señaló la jefa regional, Karla Rubilar. Asimismo, tras conocer el hecho, el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, recordó que no es primera vez que el sector se ve afectado por hechos de este tipo e hizo un llamado a endurecer las penas ante este tipo de delitos. «Ya llevamos muchas emergencias seguidas en la comuna y parece que fuera fácil, por así decirlo, contaminar el agua potable. Yo creo que las penas por contaminar el agua potable deberían ser mucho más altas, ya sea por negligencia o intencionalidad. En Las Condes hubo un tema de derrame de parafina que venía de una minera, luego, tuvimos a personas que lanzaron fecas en los baños químicos en la zona del Parque Intercomunal. Quizás las penas no están al nivel de lo que corresponde», señaló el edil. Casos de los últimos años El pasado 14 de enero fueron formalizados dos funcionarios de la empresa sanitaria Unisan, quienes rompieron con un chuzo una cámara de agua potable para así verter, en al menos dos oportunidades, el contenido de baños químicos almacenado en un camión con capacidad de 3 mil litros. En la ocasión, 25 mil personas presentaron cuadros de intoxicación, por lo que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva, firma mensual y arraigo para ambos.
Asimismo, en mayo de 2017 el centro de ski La Parva reconoció su responsabilidad en un derrame de hidrocarburos al río Mapocho, que al igual que ayer, obligó a la empresa Aguas Cordillera a cortar de emergencia el suministro en algunos sectores de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. «Hemos detectado una ruptura en una de las líneas que conectan nuestro tanque de parafina, que es usada para calefaccionar espacios administrativos del centro de ski», informó el centro. Hasta 5 años de presidio En esa línea, según señala el artículo 291 del Código Penal, quien incurra en un ilícito de este tipo, puede arriesgar una pena que va desde los 3 años y un día de presidio, hasta los 5 años. «Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo», indica el reglamento.
Ahora bien, al ser consultado sobre ello, el fiscal de la zona oriente, Ernesto Navarro, quien está a cargo de la indagatoria, indicó que «esto está contemplado en el artículo 291 del código penal. Cabe señalar que la Fiscalía Oriente hace muy poco formalizó a unos sujetos por un hecho que podría ser similar a éste y ellos actualmente se encuentran en prisión preventiva, por lo tanto si bien es cierto, las penas no son altas y están establecidas en la ley, tenemos que analizar la gravedad del hecho y depende de la investigación que se ha iniciado. Por lo tanto vamos a ir viendo si hay o no responsables y si hay un delito. Eso es materia de esta investigación». Así, durante la jornada el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, ordenó la apertura de una investigación de oficio, por lo que desde el Ministerio Público indicaron que el persecutor dispuso que las primeras diligencias sean desarrolladas por la fiscalía de Flagrancia y el caso sea llevado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, ante la eventual comisión de delito contra la salud pública.