Escala pugna Arias-Moya y Abbott decide intervenir la Fiscalía de O’Higgins

El diagnóstico interno es que las denuncias de Arias y Moya son un hecho inédito, que ha generado una imagen de que la fiscalía no ha logrado controlar a sus propios persecutores. Por eso, Abbott decidió que había que intervenir la Fiscalía Regional de O’Higgins y aplicar “medidas radicales” para contener la crisis. La encargada de comunicar dichas decisiones fue Herrera, quien en su rol de vocera de la Fiscalía Nacional salió a enfrentar la situación.

La primera resolución que se informó fue que Abbott ordenó el traslado del caso Iglesia, el cual contiene las causas por encubrimiento y abuso sexual cometido por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, desde O’Higgins a la Fiscalía Centro Norte. Con esto, la Fiscalía Sur seguirá a cargo de las indagatorias que ya tiene en curso respecto de dos congregaciones: el caso maristas y las que involucran a jesuitas.

Además, la investigación que estaba radicada en O’Higgins por el supuesto retiro irregular de pacientes GES de listas de espera también fue trasladada y se dejó a cargo del fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf. Esta jurisdicción ya tenía una investigación similar en curso por irregularidades ocurridas en establecimientos hospitalarios en Buin. Pérez Calaf tendrá facultades para indagar estos delitos en todo Chile.

Respecto del persecutor Sergio Moya -quien había sido trasladado a la Fiscalía Sur-, el fiscal nacional decidió que volviera a Rancagua. Así, seguirá siendo jefe de Alta Complejidad en dicha región hasta que el fiscal regional subrogante, Javier von Bischoffshausen, decida lo contrario.

En tanto, las dos causas que llevaba Moya en Santiago -la investigación por corrupción de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y las irregularidades en los fondos del Teatro Regional de Rancagua, que tiene como imputado al alcalde UDI Eduardo Soto- se quedarán en la Fiscalía Metropolitana Sur.

Finalmente, Abbott instruyó que la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional, a cargo de Alicia Leroy, se constituya en O’Higgins para hacer una exhaustiva revisión de todos los procesos administrativos que lleva adelante esta fiscalía. La razón para ordenar esta medida radica, entre otras cosas, en las denuncias que ha recibido Arias en su contra y que reflejarían una serie de faltas en el funcionamiento de la institución.

Respecto de la crisis, Herrera aseguró que se trata de “una situación absolutamente lamentable para la institución”, pero la abogada aseguró que la Fiscalía Nacional ha ordenado todas las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos. “Se están llevando a cabo todos los cursos de acción que la ley contempla para estos casos. Confiamos en que todas las investigaciones se están llevando a cabo con plena objetividad, respetando la presunción de inocencia, pero también con la celeridad que ello requiere”, aseguró Herrera.

Los sumarios de Moya

Sergio Moya acudió hoy a la Fiscalía Nacional para declarar, en su calidad de denunciante, en el sumario que instruye el persecutor Alberto Ayala en contra de Arias por el presunto tráfico de influencias y eventual violación de secreto.
Moya, además, está enfrentando dos sumarios en su contra. Uno de esos procesos administrativos indaga las reuniones que sostuvo con parte del Alto Mando de Carabineros en plena Operación

Huracán, sumario que es instruido por el fiscal adjunto jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso. El segundo fue solicitado por Arias a raíz de la denuncia de Moya en su contra. Este último lo lleva el persecutor Mauricio Maturana.

Pese a que Moya tiene la calidad de imputado en la causa que lleva el fiscal Palma por la Operación Huracán y esta semana se hizo el allanamiento de su casa y oficina en O’Higgins, ninguno de los dos sumariantes -hasta el momento- ha solicitado su suspensión.

Hoy, en tanto, las asociaciones de funcionarios de la región Metropolitana Norte, Sur y Occidente, enviaron un reclamo por escrito al fiscal nacional acusando “tratos abusivos” del fiscal Eugenio Campos en sus interrogatorios en el caso Arias.

Al respecto, Campos aseguró “estar tranquilo” y agregó que “en todas y cada una de las declaraciones respecto de los empleados públicos del día viernes y sábado de la semana pasada, en la ciudad de Rancagua, ninguno formuló un reclamo y está su pie de firma y por tanto no hay nada que este fiscal regional pueda referirse”.