Funcionarios del Ministerio Público piden que proyecto de reforma contemple fiscalizaciones externas a la institución
Desde la FENAMIP, y frente a la determinación del Ejecutivo para ingresar a trámite una iniciativa que reforme la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, afirmaron que no apoyarán un proyecto que no solucione la falta de control externo y que no termine con la discriminación económica.
En vista de ello, desde la entidad explicaron que “no apoyaremos un proyecto que no solucione la falta de control externo y considere competencia de la Controlaría General de la República para ciertas materias, pues creemos que la forma de robustecer a la institución y alejarla del cáncer y los tentáculos de la corrupción es mediante esfuerzos y mecanismos interinstitucionales que busquen fijar estándares mínimos de legalidad en aquellas resoluciones que afecten la objetividad, imparcialidad y autonomía con la que debe actuar el Ministerio Público, tales como aquellas resoluciones que determinen desechar denuncias o el inicio de una investigación administrativa de manera injustificada, o sobre aquellas resoluciones que determinen desvinculaciones injustificadas por vía administrativa y la posibilidad de reclamar sobre concursos públicos viciados”.
Además, desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público afirmaron que se hace necesario un “control financiero de la institución persecutora, pues creemos que la institución que ejerce la persecución penal debe ser un organismo incólume y pulcro ante cualquier atisbo de corrupción, entregándole todas las herramientas necesarias a los fiscales para realizar su labor de forma autónoma y sin presiones indebidas. Estas medidas aportarán mayor transparencia sobre la forma en que se distribuyen y focalizan nuestros recursos públicos”.
Discriminación económica
Por otro lado, desde la FENAMIP señalaron que “los funcionarios/as de menores ingresos en nuestra institución sufren una discriminación histórica. Esto debido a que el incentivo económico de la asignación profesional que es reconocido para los funcionarios del Poder Judicial y con quienes nos encontramos homologados, se les niega -sin fundamento legal- a los funcionarios de nuestro servicio”.
“Los funcionarios y funcionarias somos el sector mayoritario del Ministerio Publico, y en los últimos años hemos sido sometidos a una exigencia laboral cada vez mayor, que incluye el asumir tareas jurídicas que exceden el nivel de responsabilidad que en estricto rigor debiéramos tener, sin considerar que los funcionarios y funcionarias somos los únicos obligados a registrar control de ingreso y salida de la institución”, aseguraron.
Y es que la institución tiene un déficit de personal que ha sido subsidiado en muchos casos por los funcionarios/as, a costa de sobrecarga laboral y delegación de funciones hacia los estamentos menores.
Cabe mencionar que, según FENAMIP, los dirigentes no han tenido la opción de participar en una mesa de negociación con el Gobierno para que dichas demandas sean acogidas en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la que sería ingresada próximamente por el Ejecutivo.
“Lamentamos profundamente que no haya existido una mesa de trabajo con los funcionarios que son los profesionales, técnicos y administrativos que representan más del 80% de la planta total del Ministerio Público, asumiendo día a día, una gran cantidad de tareas operativas y funciones imprescindibles para el desarrollo de la persecución penal en nuestro país”, finalizó la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público.