Las consecuencias judiciales que podría implicar la aprobada acusación constitucional contra Chadwick
Esta tarde, el Senado determinó que el ex ministro del Interior sea suspendido de cualquier cargo público por cinco años. Penalistas señalan que la situación podría generar el inicio de una investigación.
El otrora secretario de Estado fue acusado de haber omitido acciones para evitar violaciones de los Derechos Humanos y haber infringido la Constitución y las leyes transgrediendo derechos durante el estado de excepción desde el 18 de octubre. Los parlamentarios aprobaron los dos capítulos del libelo.
Durante el proceso, Chadwick tomó la palabra y aseguró en reiteradas oportunidades ser «inocente». Con voz quebrada, y ante el Senado, el también ex senador recordó ayer que estuvo durante 16 años «sentado ahí», indicando que «esta fue mi casa», y resaltando la «confianza» que tiene con varios de sus integrantes.
«El día 25 de octubre asumí mi responsabilidad política, porque ese día le presenté mi renuncia al Presidente de la República y le dije que ya no era un colaborador útil en la tarea de velar por el orden público ni menos aún en la tarea que era indispensable que era iniciar una nueva etapa para abordar los desafíos de la crisis del país. El lunes 28 se produjo el cambio de gabinete y dejé de ser ministro del Interior y Seguridad Pública. Asumí mi responsabilidad política y lo hice de cara al país», declaró.
Su defensa, sin embargo, terminó por ser descartada por los congresistas, quienes, con su decisión, zanjaron además su futuro político. Y es que el ex secretario de Estado quedó inmediatamente imposibilitado de ejercer cargos públicos hasta por cinco años.
Aquello, sin embargo, podría no solo quedar en la sede política, sino que traspasar a la penal. Así lo indicaron abogados penalistas consultados por Emol sobre las repercusiones que podría tener la aprobada acusación.
De hecho, el propio senador Víctor Pérez (UDI) reconoció durante su intervención que el libelo en contra del ex titular de Interior podría extenderse hacia otros ámbitos durante los próximos meses.
«No somos ingenuos, traten de mejorar el argumento: es una antesala al tema penal. Y por lo tanto es esa la acusación que tenemos que enfrentar porque además no se da ninguna prueba específica. Esto no es inocuo, de resultar mal es una decisión que va a tener consecuencias que pueden ser extraordinariamente graves», expresó.
La arista penal
Abordando la situación del ex ministro, el abogado y profesor UC, Cristóbal Bonacic, explicó que, en este caso, el «Senado resuelve como jurado, de suerte que la decisión que adopte, para el caso que pueda identificarse un eventual delito en la actuación del Ministro Chadwick, no resulta un antecedente probatorio dentro del contexto de un proceso penal como el nuestro».
En esa misma linea, el experto en Derecho Penal, Luis Gálvez agregó que la acusación «tiene efectos políticos, pero no tiene la finalidad de establecer responsabilidades penales».
Sin embargo, continuó Gálvez, «todos los antecedentes de la acusación pueden servir de base para una denuncia penal, y ser requeridos por el Ministerio Publico. Incluso de considerar los senadores la comisión de algún delito, están por ley obligados a poner los antecedentes ante el Ministerio Público para que inicie la investigación».
Ante ello, Bonacic precisó que la acción zanjada en el Congreso no es determinante, ya que cualquier tipo de denuncia «la podrían haber hecho antes, sin problema».
Por su parte, el penalista Ramón Sepúlveda señaló que «es claro que si de la acusación constitucional o de cualquier investigación penal, se evidencia que las autoridades políticas o altos cargos del Ejército o Carabineros, teniendo conocimiento de los delitos que se estaban perpetrando, no lo impidieron, ellos pueden ser perseguidos y condenados por estos delitos».
Ya analizando los dos capítulos de la acusación, Gálvez sostuvo que solo en el primero de estos podría configurarse un delito por el que podría llegar a ser perseguido el ex ministro, siendo en este caso, a su juicio, el abuso contra particulares.
Sepúlveda, en tanto, añadió aquellos que dicen relación «con los artículos 35 y 36 de la Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad, como son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos».
«Esta situación es grave, ya que las autoridades acusadas tuvieron en este periodo todo el conocimiento y facultades para impedir la comisión de delitos cometidos por agentes policiales, tales como homicidios y lesiones graves», detalló Sepúlveda.
En esa línea, aseguró que, independientemente de que hoy actuales y ex autoridades sostengan que no se permitirá la impunidad, «lo cierto es que ellos pudieron para esta situación y no lo hicieron, siendo una serie de abogados lo que sistemáticamente recurrimos a las cortes para evitar la actuación indiscriminada de las fuerzas policiales, lo que en su mayoría no resultó».
«A todas luces, el presidente, él (Chadwick), ministros y las autoridades de las fuerzas de orden y seguridad van a tener que responder penalmente en algún momento», concluyó.
Fuente: emol.cl