Abogados valoran con algunas aprensiones entrevista videograbada
A un paso de convertirse en ley:
Sistema regirá para investigaciones donde niños y adolescentes son víctimas de delitos sexuales.
Está en el Tribunal Constitucional, a un paso de convertirse en ley, después de cuatro años de discusión. Es el proyecto que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.
La iniciativa -impulsada por la Fundación Amparo y Justicia- busca evitar la revictimización de niños y adolescentes en estos casos, mediante una restricción del número de entrevistas, permitiéndose como máximo dos.
Distintos abogados, dedicados a la academia y el litigio, dijeron a «El Mercurio» que valoran el proyecto. Pero algunos de ellos advirtieron que tienen ciertas aprensiones.
«Estoy de acuerdo con la entrevista videograbada, creo que no se afecta el derecho a defensa, están resguardados los derechos de todos los intervinientes (…) se dan garantías para que se hagan preguntas», dice la abogada María Elena Santibáñez, profesora de la UC.
Su par de la UDP, Mauricio Duce, si bien plantea que el «proyecto aprobado es un gran avance», ve algunos potenciales conflictos de derechos. «La ley -afirma- opera en una lógica en que la forma tradicional de declaración, por el solo hecho de ser niño o joven, siempre va a tener este sistema especial de declaración y eso, en mi opinión, no resuelve bien el problema del conflicto que se genera entre el legítimo derecho de los niños a su interés superior y que no se afecte su integridad física y psíquica, -que creo es un derecho muy importante- con el derecho que tiene la defensa de confrontación de la prueba de cargo que existe en su contra».
Duce precisa, sin embargo, que ve un avance en materia investigativa, pero que sus «aprensiones son en la entrevista judicial», donde cree sería conveniente resolver caso a caso, como ocurre en EE.UU., «ponderando cuándo este procedimiento es necesario».
En una posición intermedia está también el abogado Cristián Muga, quien representó a los sacerdotes Fernando Karadima y John O’ Reilly. «Hay ámbitos en los que la ley avanza en la dirección correcta. Proveer un entorno controlado ayudará a reducir el costo emocional del menor que debe declarar. En otros, en cambio, la ley plantea tensiones con el derecho de defensa que necesitarán de resoluciones judiciales para esclarecer su alcance y aplicación», sostiene el profesional.