Analizan propuestas relativas a Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Poder Judicial

La Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos recibió en audiencia a un conjunto de académicos y especialistas que abordaron el contenido de los Capítulos VII: Poder Judicial, Capítulo VIII: Corte Constitucional y Capítulo IX: Ministerio Público.

El académico José Manuel Díaz de Valdés, doctor en derecho, experto en derecho constitucional, investigador y Director del Programa de Doctorado en Derecho del Centro de Justicia Constitucional (UDD), expuso la importancia de la nueva Corte Constitucional, en reemplazo del Tribunal Constitucional, entregando un conjunto de consideraciones referidas al materias contenidas en el capítulo VIII.

“La Comisión Experta propuso un modelo de Corte Constitucional -ya que hay varios modelos-, pero aquí se propuso uno en particular que es el modelo de control concentrado, propio del sistema continental europeo”.

A juicio de Díaz de Valdés, es importante el tipo de modelo «porque permite identificar cómo se regulan las formas más concretas» y destaca que el modelo elegido, en su origen protegía «la supremacía constitucional», y que ha ido complementándose teniendo, hoy, las Cortes Constitucionales la finalidad de ser guardianes del sistema democrático”.

El profesor y ex integrante del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Navarro, expuso el alcance de las normas relativas a Corte Constitucional que propone el anteproyecto, referidas a su integración y atribuciones en el control de legalidad de las leyes.

“Un primer aspecto y que es clave, es la integración del tribunal. El Tribunal Constitucional más respetado del mundo es el de Alemania. Está constituido por jueces federales y otros miembros designados, donde seis de ellos provienen de la carrera judicial, de un total de 16 que lo componen”, indicó Navarro.

Además, expuso que “la propuesta (de la Comisión Experta), me parece inteligente en general, con un Tribunal Constitucional compuesto por nueve miembros, los cuales deben contar una reconocida y valorada competencia profesional o académica”. Respecto a los nombramientos por parte del ejecutivo y frente a no alcanzar acuerdo, “me parece inteligente -eventualmente-, la posibilidad de establecer un sorteo, ya que con eso resuelvo el tema”.

Sobre el Poder Judicial

A su turno, Priscila Machado, doctora en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y académica de la Universidad de Los Andes, analizó la propuesta referida al Poder Judicial: Modernización, nombramientos, creación de órganos autónomos y acceso oportuno a la justicia.

“Si hablamos de modernización del Poder Judicial, debemos pensar en mecanismos e instituciones que busquen imponer la celeridad como centro de las expectativas de las partes. Sin una institución pensada para la celeridad procesal, no estamos hablando de modernización, sino que estamos hablando de burocratización”.

“El anteproyecto no trata de crear un sistema moderno para la celeridad procesal, de hecho, este principio solo aparece enunciado solo una vez en el artículo 155, y crea un sistema de burocratización, politización interna y externa, y de sobrecarga presupuestaria al gobierno judicial, fundado en un consejo de magistratura diluido en cinco órganos (autónomos). Ni ordenamientos jurídicos, como de EE.UU, India, Rusia, Brasil y China, tienen tantos consejos para llevar a cabo un sistema jurisdiccional para 20 millones de personas”, sentenció Machado.

Ministerio Público

De igual forma, dicha instancia recibió en audiencia a Javier Wilenmann, doctor en derecho y director del Centro de Investigación en Derecho y Sociedad (CIDS) de la UAI, quien abordó las normas constitucionales relativas al Ministerio Público.

Junto con valorar el trabajo de la Comisión Experta, destacó que “las decisiones centrales son mantener la estructura institucional que existe actualmente, donde se mantienen las ideas centrales -tipo principios- respecto a las que constituyen el Ministerio Público y se innova solamente en algunas materias que resultan importantes”.

Respecto a la designación del Fiscal Nacional, Wilenmann expuso que se mantiene la participación en el proceso de la Corte Suprema -«que ha funcionado en las dos últimas oportunidades muy mal»-, donde se busca introducir -en el proceso de selección- la alta dirección pública, iniciativa que a su juicio, «habría tenido algo de sentido si se sacaba a la Corte Suprema”.