Sophia, una pequeña de un año y 11 meses que fue brutalmente golpeada por su padre, reabrió el debate por la pena de muerte.
Tras la muerte de Sophia, se realizaron diversos exámenes que demostraron que aquel fatídico día de enero Francisco Ríos perdió el control ante el llanto de su hija, por lo que le tapó la boca y comenzó a golpearla en reiteradas ocasiones. Posteriormente, se encerró en el baño y la zamarreó.
Con la bebé ya inconsciente, el sujeto subió al segundo piso de la vivienda -mientras la mamá de Sophia se encontraba en el patio- y volvió a agredir a la menor, provocando su muerte. Ríos fue detenido días después del brutal hecho.
Lamentablemente, esto no se trataba de un hecho aislado, ya que de acuerdo a los antecedentes médicos, entre 2016 y 2017, la niña ingresó en 29 oportunidades al servicio de emergencia. Incluso, días antes de la muerte de la pequeña, desde el 21 al 25 de enero de 2018, el padre de la menor la agredió de manera reiterada.
De acuerdo a los antecedentes, la niña presentaba quemaduras en su antebrazo y muñeca izquierda, lesiones labiales y linguales, lesiones equimóticas por compresión o pinzamiento con dedos en su cabeza, cara, cuello, tronco, muslo, brazos y piernas.
Días después del crimen, el doctor Juan Eduardo Donoso -quien atendió a la bebé en el consultorio- escribió en el blog “Supermadre”, el cual comparte con su esposa, un texto en el que aseguraba que “ni la peor de las películas de terror es tan fuerte como las imágenes que quedaron en las retinas del grupo de personas que intentó devolverle la vida esa tarde”.
“Como médico de Urgencias he visto muchos actos de violencia de todo tipo contra niños, adultos y ancianos. La exposición a estos hechos, repetida en el tiempo, te va poniendo la piel dura y el corazón de piedra (…) Sophia es sólo una niña más de los millones de niños que día a día son golpeados y agredidos, niños con familia, niños que viven en la calle, niños que son obligados a prostituirse, niños del Sename abusados sexualmente, violentados por sus cuidadores o personas cercanas”, agregó el doctor.
El hecho causó conmoción en todo el país, especialmente en Puerto Montt, donde dirigentes sociales, junto con dueñas de casas y otros trabajadores de distintos ámbitos crearon la Corporación Ley Sophia Chile, quienes presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan delitos en contra de niños o niñas.
El caso incluso provocó que reflotara la idea de volver a permitir que se aplicara la pena de muerte para quienes cometieran delitos de alta connotación social.
La diputada de Renovación Nacional e impulsora del proyecto, Marcela Sabat, comentó a El Dínamo que este proyecto “lamentablemente no ha visto mayor avance en la Cámara. Está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, la congresista asegura que “endurecer las penas para quienes atenten contra nuestros niños y niñas es un aspecto fundamental sobre el cual debemos legislar, el Gobierno así lo entiende, por lo que reforzaremos con el Ejecutivo sacar adelante estas iniciativas, con mayor celeridad y urgencia. Existe una discusión penal de fondo que no permite abordarlo”.
20 meses después del crimen se inició el juicio contra Francisco Ríos Ríos, quien se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Alto Bonito, por los delitos de parricidio y lesiones menos graves en el contexto de violencia familiar, ya que también habría agredido a la madre de Sophia.
Para la realización del juicio, que comenzó el viernes 4 de octubre, se tomaron medidas de seguridad en el perímetro del centro de justicia de Puerto Montt, donde se instalaron anillos que estarán controlados por carabineros en la calle Egaña y con mejoras en los cercos perimetrales del tribunal.
Tal y como se había previsto, un grupo de personas llegó hasta las afueras del edificio para exigir justicia y duras penas para el acusado. Pese al resguardo policial, los manifestantes golpearon el vehículo en el que era trasladado el padre de la fallecida menor de edad.
En la instancia, el Ministerio Público solicitó el presidio perpetuo calificado para Ríos. Mientras que su abogado, Pablo Castro aseguró que el imputado es inocente, y que la muerte de la pequeña fue consecuencia de negligencias ocurridas en el Cesfam donde fue atendida aquel 25 de enero.
Ríos deberá prestar declaración el próximo lunes 7 de octubre, donde según lo expuesto por el defensor legal, argumentará que la lactante “se cayó”, y que las 120 heridas que presentaba fueron producidas por “hechos que él desconoce”.
Respecto a esto, Marcela Sabat destacó que el año y 8 meses de investigación “por parte del Ministerio Público hacen pensar que los antecedentes en los que se basa la acusación de la Fiscalía son de peso. Si Francisco Ríos, padre de la niña, encargado de su cuidado, tiene una teoría del caso diferente a la del Ministerio Público, deberá acreditarlo en el juicio”.
“Lo que esperamos es que los responsables reciban penas ejemplificadoras, y que éste y otros casos sirvan de experiencia para modificar, no sólo la ley penal en lo que respecta a la imprescriptibidad, sino también en gravedad de la pena y límites a la libertad condicional de quienes cometan delitos contra los niños”, concluyó la diputada.
Según los antecedentes policiales, Francisco Ríos tenía condenas previas por agresiones a sus ex parejas.
Fuente: eldinamo.cl