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CEJA evalúa los primeros 10 años de la Reforma Procesal Penal en Chile

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17 de octubre 2017

Entre las principales conclusiones del informe realizado por el Centro de Estudios de Justicia está la necesidad de reestructurar la división orgánica del Poder Judicial en cuanto a los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, debido a la diferencia de carga laboral, además de advertir que los administradores de los tribunales aún quedan supeditados a la figura de los magistrados, impidiendo una mejor gestión de los juzgados.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) elaboró un informe encargado por el Ministerio de Justicia titulado “Desafíos de la Reforma Procesal Penal en Chile: análisis retrospectivo a más de una década”, en el cual se hace una evaluación de los principales avances y trabas del sistema que entró en vigencia en 2006.

Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de flexibilizar la división orgánica que el Poder Judicial hizo entre los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, debido a que se generan cargas inequitativas de trabajo, ya que son muchas más las audiencias de garantía que los juicios orales. Por esta razón el Ceja sugiere generar estructuras que incluyan ambas funciones.

Otra observación relacionada con la mejora de gestión de los juzgados es que los administradores de los tribunales tengan más autonomía y no queden supeditados a los jueces, como sucede actualmente.

Cifras

Cerca de la mitad de los ingresos de casos en el sistema de justicia penal no tienen autor conocido, y que en esas ocasiones, en el 90 por ciento se aplica la facultad de no investigar. La advertencia que se hace en el documento es que esto produce insatisfacción en las víctimas de esos delitos por la falta de asertividad del Ministerio Público al momento de comunicar el archivo de la causa, percibiéndolo como una señal indolente y poco empática.

El estudio deja de manifiesto, además, el aumento sostenido del uso de la prisión preventiva: en 2006 la cifra fue de 19.804, mientras que en 2015 fue de 37.497. El Ceja menciona que una posible explicación para este incremento sería la falta de mecanismos de control sobre otras medidas cautelares para delitos menos graves, lo que no aseguraría su cumplimiento.

Otra razón sería que las reformas legislativas promoverían el aumento de medidas más severas, además de las presiones de los medios de comunicación para aplicar medidas más duras contra la delincuencia.

Los número también evidencian que el tipo de término de casos más común es el archivo judicial —cuando el fiscal suspende una investigación por falta de antecedentes— que, según advierte el Centro, no siempre se utiliza con el fin para el que fue creado, que consiste en esperar a que aparezcan nuevos antecedentes para reabrir el caso, sino que se aplicaría en casos relacionados con el bajo nivel de análisis de la información existente y la escasa comunicación con la víctima.

También ha aumentado el uso del procedimiento simplificado —donde el fiscal pide pena privativa de libertad inferior a 540 días—. En 2006 se terminaron 40.392 causas de esta manera (11,8 por ciento de los términos del Poder Judicial), mientras que en 2015 fueron 98.924, lo que representa el 14,6 por ciento ellos. Asimismo, expertos que participaron en el estudio apuntan a que el bajo porcentaje de condena que se logra a través de este procedimiento se vincularía con la falta de pruebas y coordinación interinstitucional para garantizar la declaración de Carabineros y otros intervinientes.

Un aspecto que llamó la atención del Ceja es que la cantidad de detenciones ilegales se ha mantenido estable durante los últimos años en un uno por ciento de las audiencias de control de detención —3.360 de 424.086 en 2015—. Para revertir esta cifra, el Centro sugiere modificar el diseño legal de la declaración de la ilegalidad de la detención y revisar los incentivos de los operadores para que produzca consecuencias más efectivas.

Algunas conclusiones

En términos generales se desprende del estudio que el sistema de justicia penal chileno es capaz de soportar grandes cargas de trabajo y se valora positivamente la existencia de instancias a nivel nacional y regional de coordinación interinstutucional.

Una de las dificultades del sistema es reconocer la garantía de los derechos de las víctimas de delitos en la práctica debido a que deben incorporarse como querellantes, lo que no siempre les es accesible. De todas formas, la investigación revela que las personas que sufrieron delitos graves se manifiestan conformes con la protección y atención brindadas por el sistema. Con respecto a este asunto el Ceja recomienda fortalecer instancias como la Red de Atención a Víctimas que lidera el Ministerio del Interior.

Además, se evidenció un mayor uso de la suspensión condicional del procedimiento como una forma de descongestión más que como una posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. También se detectó un nulo sistema de control de las medidas impuestas, por lo que el Ceja sugiere generar una institución que se haga cargo del cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento y de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

Otra observación es que se han acortado las audiencias, lo cual, a pesar de ser un resultado positivo, el Centro advierte el riesgo de que se esté produciendo una litigación de baja calidad por parte de los intervinientes.

En cuanto al rol del querellante, el documento demuestra que es marginal y que sus aportes son insustanciales, limitándose en general a adherir a la acusación del fiscal. Un dato preocupante según Ceja, debido a que muchos de los derechos de las víctimas están subordinados a la presentación de la querella para que sean plenamente operativos.

La elaboración del estudio
Para realizar una investigación representativa de todo el país sobre el sistema procesal penal en Chile, junto a la recopilación documental y estadística se levantó información de ocho regiones: Metropolitana, Valparaíso, Bío Bío, Araucanía, Maule, O’Higgins, Los Ríos y Antofagasta. Estos suman el 85 por ciento de los ingresos totales del Ministerio Público en el año 2015.

En esas jurisdicciones se observaron 1.788 audiencias en Juzgados de Garantía y 33 audiencias de juicio oral. Para el estudio se realizaron entrevistas a distintos especialistas: 128 a operadores locales del sistema de justicia, 65 a especialistas a nivel central y regional, además de interrogar a académicos universitarios y realizar paneles de expertos para dar a conocer los avances preliminares de la investigación y recibir observaciones.

El documento final, que será publicado prontamente, fue redactado por Marco Fandiño, director de estudios y proyectos de Ceja, el consultor argentino Gonzalo Rua, el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, y Gonzalo Fibla, uno de los dos abogados investigadores que ayudaron en la coordinación del estudio, junto a Vanessa Doren.

El equipo de trabajo fue liderado por Jaime Arellano, director ejecutivo de Ceja, y contó con la colaboración de profesores de distintas casas de estudios nacionales.