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Corte Suprema acusa inhumanas condiciones en cárceles que impiden reinserción social

20 de febrero 2018

Informe de la fiscal judicial Lya Cabello dice que en 2003 denunciaron situación, que se ha mantenido por más de 15 años:
Se concluye que Gendarmería “ha trastocado el sentido de la norma que asegura 8 horas diarias de descanso para los internos”, y se cuestiona el alto hacinamiento, que en el caso de Limache alcanza al 154%.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, acompañado del ministro Arturo Prado, presentó el duro informe de la fiscal judicial Lya Cabello sobre las condiciones actuales de 53 penales visitados en distintos puntos del país, que presentan hacinamiento y deplorable situación sanitaria.

El Poder Judicial dejó ayer al descubierto una serie de condiciones inhumanas que existen en los recintos penitenciarios del país por más15 años y que no permiten la reinserción social, según asevera el informe. En una conferencia de prensa, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dio a conocer el informe elaborado por la fiscal judicial del máximo tribunal, Lya Cabello, tras las visitas carcelarias en todo el país.

De los 53 recintos penitenciarios visitados en el año 2017, en 25 de ellos había sobrepoblación de distinta magnitud, que a juicio de la fiscal “constituye una situación de hacinamiento”.

La más alta sobrepoblación, de 154%, se observa en el Centro de Detención Preventiva de Limache, pues su capacidad real es de 110 internos y su población era de 279 al momento de la visita.

Le sigue el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur (ex Penitenciaría), que tiene una sobrepoblación del 88%. Su capacidad es de 2.384 internos (según resolución de 2013) y al mes de julio de 2017, la cantidad de internos es de 2.384. Una situación similar es la que vive el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, que tiene un 87% de hacinamiento, pues es de una capacidad para 242 internos y en la actualidad están presos 453 reos.

El informe asevera que esta sobrepoblación “se viene observando desde hace más de 15 años. Esta situación ya fue denunciada y reclamada por esta Fiscalía Judicial en el año 2003, mediante comunicaciones oficiales que fueron dirigidas a las autoridades de Gendarmería de Chile, como el Oficio Reservado N° 27, con fecha 23 de enero de 2003”.

Para Cabello, el alto hacinamiento y precarias condiciones sanitarias contravienen los derechos consagrados en la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica.

Critica a Gendarmería por trastocar horas de encierro

Según el informe, esta situación en estos recintos penitenciarios se agrava por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en espacios abarrotados, que “por lo general carecen de servicios higiénicos y la adecuada ventilación y luz”.

En los recintos Complejo Penitenciario de Arica y Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, el encierro se produce a las 17:30 horas y el desencierro, a las 8:30 horas.

“Gendarmería de Chile ha trastocado el sentido de la norma que asegura 8 horas diarias de descanso para los internos, estableciendo 8 a 9 horas diarias de desencierro para la población penal, horario que hace imposible desarrollar las actividades de rehabilitación que exige la ley”.

La fiscal estima que las situaciones de horarios son ” incompatibles y disfuncionales a los objetivos de reinserción social que se aplican para mantener encerrados a las personas privadas de libertad en sus celdas por más de 14 horas”, y que ya se hizo presente también hace más 15 años.

Se constató la falta de programas de capacitación laboral al interior de los penales y que en varios recintos, los reclusos pasan 16 horas sin recibir alimentación, porque la cena es a las 16 horas, hasta el desayuno a las 8:30 o 9:00 horas del día siguiente.

Para la fiscal, esta situación también contraviene “los horarios que Gendarmería ha establecido para las actividades de los establecimientos penitenciarios y no fomenta hábitos similares al medio libre, tales como horas de inicio y término de la jornada diaria y de alimentación, ni proporciona el necesario espacio diario de tiempo para atender las actividades de tratamiento, formativas y culturales de los internos, ni sus necesidades espirituales y físicas”.

En el informe se concluye que es necesario “un régimen penitenciario que otorgue a los internos condiciones de vida digna, y les permita la reinserción social a través de la necesaria acción educativa, que es plenamente compatible con la seguridad y buen funcionamiento de los establecimientos penitenciarios”.

PLENO
El Pleno de la Corte Suprema revisó el viernes pasado el informe y decidió darlo a conocer.

53 cárceles fueron visitadas.

15 horas en promedio permanecen encerrados en sus celdas los internos.

16 horas sin recibir alimentos pasan internos de algunos recintos carcelarios. Su última comida es a las 16.00 horas.

Más de 15 años se han mantenido las irregularidades, según la Corte Suprema. La primera vez que se denunció fue en 2003.

Ministro Brito convoca a instituciones involucradas con tema carcelario a trabajar en conjunto para resolver crítica situación

El presidente de la Corte Suprema hizo ayer un llamado a las instituciones involucradas en materia carcelaria a trabajar mancomunadamente para resolver la crítica situación que enfrenta la mayoría de los recintos penales del país.

Durante la conferencia de prensa estuvo acompañado por el ministro Arturo Prado.

“Este tema nos parece particularmente grave, y lo que la Corte Suprema quiere hacer es convocar a los restantes órganos del Estado que tienen relación con lo carcelario a reunirse con nosotros. La Corte es el órgano que cautela derechos fundamentales, y entendiendo que en las prisiones estos derechos fundamentales están desprotegidos de alguna manera, la Corte Suprema, y atendida la función constitucional que cumple, quiere llamar a los restantes órganos del Estado a sentarse a conversar, a buscar algunos planteamientos comunes, en virtud del deber de coordinación que asiste a todos los órganos del Estado”, dijo ayer Brito.

El magistrado aseguró que el informe describe graves situaciones que afectan a los privados de libertad, tales como hacinamiento y sobrepoblación en los recintos penitenciarios; inadecuados horarios de encierro y desencierro; problemas en los horarios de alimentación; el uso de celdas de castigo y aislamiento; carencia de comunidades terapéuticas para el tratamiento de consumo de drogas y alcohol; acceso insuficiente al agua, cupos limitados para capacitación laboral; deficiencias de infraestructura en algunos recintos y en la selección de los internos, entre otros.

Por su parte, el ministro Arturo Prado explicó que la situación que informó la fiscalía judicial de la Corte Suprema “es de tal gravedad, que requiere de una atención urgente de parte de la autoridad. Las conclusiones son bastantes contundentes y esperamos que esto sea un mensaje potente, porque queremos establecer un énfasis muy particular”.

El informe más duro de cárceles del país se hizo en 2003, por la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, donde denunció las graves condiciones de hacinamiento, las que, según las últimas visitas, se mantienen hasta ahora.

Expertos deploran la realidad que desnuda el documento”No existe ni en la sociedad civil ni en los partidos políticos un interés o punto de vista que permita que esto pase a ser una cuestión prioritaria”.
CRISTIÁN RIEGO
Presidente Ejecutivo Espacio Público.

“La situación penitenciaria en Chile -hay que tomar conciencia- es desastrosa, y es un área que requiere una política de Estado de largo plazo y que tenga una mirada de Estado”.
MAURICIO DUCE
Profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales.

“Hoy, una pena de cárcel es una respuesta cara, poco efectiva y que genera efectos criminógenos. Se trata de un área que no contribuye ni a la reinserción ni a la seguridad pública”.
ANA MARÍA MORALES
Directora de Reinserción y Justicia de Fundación Paz Ciudadana

“Ahora sabemos, por el informe de la Corte Suprema, que además de generar injusticias, provoca mayor hacinamiento, peores condiciones para los privados de libertad y menores posibilidades de optar a la reinserción social”.
RODRIGO LILLO
Abogado Defensa Especializada

“Creo que son muchos actores los que están denunciando la precariedad del sistema, pero es la clase política la que hace oídos sordos”.
JOE GONZÁLEZ
Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería.

Fuente: El Mercurio, martes 20 de febrero de 2018