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Corte Suprema pide suspensión de otros dos jueces de O’Higgins: la historia judicial del desastre de Rancagua

5 de abril 2019

Tramas que incluyen magia negra y tráfico de influencias golpean fuerte a la Corte de Apelaciones de O’Higgins. Hoy el máximo tribunal determinó la suspensión de los jueces Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes se suman así al ya sancionado magistrado Emilio Elgueta.

Dentro del Poder Judicial circulan, por estos días, memes y bromas respecto de la situación que hoy afecta a la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde casi la mitad de sus siete ministros están siendo investigados por una presunta red de tráfico de influencias. Sin embargo, los comentarios no solo tienen un ánimo de festinar con lo que ocurre en el tribunal de alzada de la Región de O’Higgins, sino que también existe preocupación. Esta tarde, de hecho, y tras un pleno extraordinario, la Corte Suprema resolvió suspender por cuatro meses -el máximo plazo establecido- al expresidente de dicha corte, Marcelo Vásquez y al juez Marcelo Albornoz, quienes se suman así al ya sancionado magistrado Emilio Elgueta.

Según señaló el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternasel pleno decidió extender la visita extraordinaria de la jueza Rosa María Maggi, quien está indagando las irregularidades ya denunciadas, además de otras que han salido a la luz en los últimos días.

El caso de la Corte de Rancagua tiene casi de todo: poder, justicia y escuchas telefónicas, y aunque no lo crea, hasta magia negra.

La primera hebra que surgió en medio de esta trama tiene que ver con el juez Elgueta, quien fue el primer magistrado que apareció en el radar del Poder Judicial por eventuales malas prácticas en noviembre del año pasado, y también en el del Ministerio Público por el supuesto delito de tráfico de influencias.

Según antecedentes del caso, Elgueta habría presionado e influido personalmente en dos concursos de funcionarios de la Fiscalía Regional de O’Higgins, a fin de obtener el nombramiento de dos personas cercanas a él. Incluso, al interior de tribunales se cuenta que él fue personalmente hasta la oficina del Ministerio Público en Rancagua para dejar el curriculum de su exseñora y una amiga.

Las mismas conductas habrían tenido lugar en otras reparticiones públicas: en uno de los Juzgados de Policía Local de Rancagua y en Gendarmería. Elgueta es investigado por la Fiscalía por estos hechos y será formalizado el 26 de abril y entre los elementos de prueba que ha recopilado el Ministerio Público se encuentran escuchas telefónicas.

El otro ministro indagado es Vásquez. El magistrado es investigado, al igual que Elgueta, por supuesto tráfico de influencias. Según antecedentes del caso, habría firmado la resolución exenta que nombró a su hija, Karla Vásquez Valenzuela, como consejera técnica suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche.

Pero el episodio que más llamó la atención en la Fiscalía fue lo que ocurrió el 8 de enero de este año en Rancagua. Ese día se resolvía si se confirma o no el sobreseimiento del hijo de la expresidenta, Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos en el caso Caval y la sala estaba integrada, entre otros, por el ministro Ricardo Pairicán. Sin embargo, según aseguraron fuentes del caso, éste habría sido salido de la sala sin justificación y su lugar fue ocupado por el entonces presidente Vásquez. En la oportunidad, se revocó lo dictado por el tribunal de garantía y se sobreseyó a Dávalos.

Albornoz, por su parte, que hoy día fue suspendido, había sido notificado ayer por los cargos de tráfico de influencias e intervención en procesos judiciales.

Mientras la investigación del Poder Judicial es seguida por la ministra Maggi, la causa penal está a cargo del fiscal Sergio Moya. Según explicaron, los procesos disciplinarios son investigaciones de conductas derivadas del incumplimiento de un deber o prohibición funcionaria y son independientes de las responsabilidades penales o civiles que puedan afectar a los jueces pesquisados.

¿Y qué tiene que ver la magia negra? En el allanamiento a las oficinas de la Corte de Rancagua, bajo la investigación a cargo de la Fiscalía de O’Higgins, los detectives encontraron en uno de los cajones de los magistrados fotos, figuras del diablo, velas y una fotografía de una exministra de la Corte Suprema llena de alfileres.

El caso tiene otro elemento que genera la atención: La Masonería. Al menos dos de los tres jueces investigados pertenecen a una logia de Rancagua y el pasado 30 de marzo la Gran Logia emitió un comunicado en que se anunció que “por decisión unánime, el Consejo de la Gran Logia de Chile ha decidido imponer la sanción de la Pérdida de la Calidad Masónica, lo que implica expulsión definitiva de la Orden, a cuatro miembros de la Jurisdicción de O’Higgins. Esta medida entrará en vigor de manera inmediata, a partir de la emisión de los decretos respectivos, de acuerdo a las disposiciones Constitucionales y Reglamentarias de la Gran Logia de Chile”.

Asimismo, la máxima autoridad masónica indicó que “de igual modo, el Consejo de la Gran Logia de Chile ha acordado, por unanimidad de sus miembros, intervenir la Respetable Logia “Jorge Washington” Nº 56, de la ciudad de Rancagua, a la que pertenecen tres de los miembros sancionados, cesando en sus funciones el presidente de la Logia, y los miembros de la Oficialidad que el Interventor determine, con el propósito de revisar sus procedimientos y corregir lo que sea necesario”.

Fuente: latercera.cl