El Consejo General de la Orden, en respuesta a la carta publicada en este diario por la Asociación Nacional de Fiscales, el día 14 de este mes, mediante la cual se califica de “maniobra para torcer los principios que inspiran la reforma procesal penal” a una solicitud de diligencias planteada por abogados colegiados que ejercen […]
El Consejo General de la Orden, en respuesta a la carta publicada en este diario por la Asociación Nacional de Fiscales, el día 14 de este mes, mediante la cual se califica de “maniobra para torcer los principios que inspiran la reforma procesal penal” a una solicitud de diligencias planteada por abogados colegiados que ejercen la defensa de imputados del caso Penta; y en la que se califica también de “respaldo jurídicamente cuestionable” la resolución
ejecutoriada de los jueces que aceptaron tal solicitud, ha resuelto hacer presente lo siguiente:
1. Es información públicamente conocida que los defensores aludidos solicitaron que los fiscales a cargo del caso fueran citados a declarar sobre hechos propios. Lo que han hecho los abogados de los imputados es ejercer un derecho que la ley les otorga y que les fue reconocido por los tribunales, de manera que no se comprende cuál es el fundamento ni el propósito por el cual la Asociación Nacional de Fiscales sale, ahora, a atacar públicamente a
unos y otros.
2. Cabe hacer presente que el derecho a la defensa jurídica tiene fundamento constitucional, no debiendo verse afectado por este tipo de actuaciones o declaraciones. Igualmente, el Ministerio Público no debe desatender el deber de objetividad e imparcialidad que le impone la ley, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional.
3. Los fiscales no cuentan con privilegios especiales, pero ejercen potestades, por lo que es muy relevante que sus conductas puedan y deban ser controladas por los tribunales de justicia, a solicitud de las partes afectadas por el ejercicio de tales potestades y ante los métodos utilizados por ellos durante la investigación.
4. El Colegio de Abogados de Chile viene denunciando, desde hace ya algún tiempo, síntomas de un grave deterioro en el respeto a los principios y reglas que deben regir la actuación de los fiscales del Ministerio Público, que se ha manifestado en un protagonismo no deseable y en la utilización de los medios de comunicación y las redes sociales para formular acusaciones y condenas anticipadas al margen del proceso.
5. De este tipo de problemas, la declaración recientemente formulada por la Asociación Nacional de Fiscales viene a ser un lamentable ejemplo, que nos debe instar para determinar con claridad, en el futuro, la figura que debe inspirar la actuación de los fiscales y los principios éticos que deben regir su actuar, cabiendo advertir que es el único actor en el proceso penal que carece, hasta ahora, de un cuerpo normativo que contemple dichas buenas prácticas que deben guiar su actuar.
Santiago, 17 de julio de 2017.
Consejo General
Colegio de Abogados de Chile A.G.