Cuenta pública.
Ministro de Justicia, Hernán Larraín, discrepó con su apreciación, mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, defendió las técnicas investigativas especiales.
La prisión preventiva y la falta de confianza en el sistema fueron abordadas ayer por Mahnke.
Ocho días después que el Gobierno presentara varias modificaciones a la Ley Antiterrorista, el defensor nacional, Andrés Mahnke, irrumpió en el debate cuestionando la existencia de acciones de esta naturaleza en el país.
Ayer, en su cuenta pública, y en un capítulo dedicado especialmente a este punto, el abogado aseveró que «las cifras demuestran que no existe una amenaza terrorista en el país», argumentando que en La Araucanía solo una decena de personas, imputadas por esta ley, han sido condenadas.
La propuesta gubernamental, ingresada al Senado el jueves 5 de abril pasado, se divide en modificaciones relativas a los delitos terroristas; cambios sobre los procedimientos; reglas de protección de testigos, peritos, agentes encubiertos y cooperadores; y la norma especial de competencia, entre otros aspectos.
Mahnke planteó que «el uso de técnicas investigativas especiales, como testigos protegidos o testigos ‘sin rostro’, agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptación de comunicaciones o la figura del llamado ‘cooperador eficaz’ importan el grave riesgo de afectar sin control las libertades y garantías de toda la población», entre otras afirmaciones.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, discrepó de sus palabras y dijo que «hay puntos focales en el país que requieren de una atención especial». Y justificó los nuevos mecanismos que se están proponiendo para la Ley Antiterrorista, «para evitar que surjan focos que puedan causar grave daño a la ciudadanía».
El fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto de las advertencias que hizo Andrés Mahnke sobre las técnicas investigativas especiales que podrían afectar las libertades y garantías de las personas, respondió «está profundamente equivocado», porque aquellas ya se usan en las investigaciones por drogas y delitos contra la propiedad «por lo que no me parece una apreciación adecuada».
Y aunque estuvo de acuerdo en que «no hay un terrorismo desatado en el país», como en otros lugares, advirtió que «hay actos que objetivamente se encuentran encuadrados en lo que la ley define como un acto terrorista. Aunque no haya terrorismo masificado, como en Europa u otros lugares, podríamos ir camino hacia allá si no somos capaces de reprimir fuertemente este tipo de conductas».
RATIFICADO
El defensor nacional ya fue ratificado por tres años más por el ministro de Justicia. Sigue estudio sobre reos enfermos terminales
«Estamos estudiando para que esto no quede en manos de una autoridad en forma individual a través de un indulto, sino que a través de una ley con un procedimiento objetivo y buscando causales», explicó ayer el ministro Hernán Larraín sobre los análisis que hace el Gobierno respecto de los enfermos terminales o personas que tengan alteraciones de carácter mental que estén cumpliendo condena. Dijo que una de las alternativas es radicar esta decisión en un juez «para que resuelva con mayor objetividad y transparencia esta situación». Y sobre violadores a los derechos humanos, preguntó: «¿Qué posibilidades tiene una persona que ha perdido la razón de prestar declaraciones o reconocimientos? (…) No se trata de una persona que haya cometido este u otro delito. Se trata de una condición de dignidad humana que la ley debe dar cuenta».