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Dolmestch ordena sumario tras oficio de fiscal nacional por filtraciones de escritos

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29 de noviembre 2017

Presidente de la Corte Suprema:
Se hará por caso de Andrés Zaldívar, Sename y fraude en Carabineros.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, respondió el oficio de Jorge Abbott, asegurándole que indagarán las filtraciones.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, ordenó abrir una investigación administrativa para esclarecer la “desclasificación” de tres presentaciones en tribunales, una de ellas: la solicitud de ampliación de interceptación telefónica al presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC). Esto, en el marco de una investigación que sustancia el fiscal Marcelo Carrasco en contra del empresario del Maule Álvaro Jofré por tráfico de inmigrantes y que luego agregó el delito de cohecho.

Los otros sumarios son por los casos Sename y fraude en Carabineros. En esta última investigación, y tras la divulgación de antecedentes, la fiscalía adelantó las detenciones.

Dolmestch adoptó esta decisión ayer tras el oficio enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el cual manifiesta su profunda preocupación “respecto de información de carácter reservado que, lamentablemente, se está haciendo pública a través de los sistemas informáticos del Poder Judicial, pese a haberse manifestado expresamente la necesidad de reserva de antecedentes de la investigación”.

El presidente del máximo tribunal respondió ayer el oficio del fiscal nacional comunicándole la resolución de abrir un sumario “respecto de los antecedentes consignados con carácter reservado en las tres investigaciones de índole penal indicadas en el oficio que se provee, todas las cuales corresponderían a ingresos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y con ello determinar las eventuales responsabilidades que pudieren derivar”.

Será el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, quien deberá informar directamente al ministro Dolmestch del cumplimiento de la investigación y de los resultados a los que arribe.|

Además le comunicó al fiscal nacional que el máximo tribunal “adoptará las medidas conducentes tanto a dilucidar cada una de las filtraciones de información secreta o confidencial mencionadas en su solicitud, como a detectar sus causas y establecer responsabilidades asociadas, en su caso”.

La información de la ampliación de interceptación telefónica a Zaldívar se encontraba en el sitio web del Poder Judicial, en la tramitación de causas penales. Ello, pese a tener el carácter de reservada.

Abbott en su oficio cuestionaba también que se trataba de una investigación preliminar que afecta “la protección de víctimas y testigos cuyos antecedentes aparecen públicamente expuestos (…) y, sin duda, la eficacia de persecución penal a través de la frustración de múltiples diligencias de investigación”.

Zaldívar presenta querella

El abogado Jorge Bofill (en la fotografía), en representación del senador DC Andrés Zaldívar, ingresó al 7° Juzgado de Garantía una querella “contra todos aquellos que resulten responsables”, específicamente por “el delito de violación de secretos”.

La acción judicial apunta a la información publicada hace una semana en la que se dio cuenta no solo de la investigación que involucra al presidente del Senado, sino que, además, que el parlamentario había sido interceptado telefónicamente, luego de que una orden de un tribunal autorizara el requerimiento de la fiscalía, en el marco de la indagatoria que se realizaba al empresario Álvaro Jofré por tráfico de inmigrantes y cohecho.

Pese a ser una diligencia de de carácter reservada, esa información estuvo disponible en el sitio web del Poder Judicial, en su sección de tramitación de causas penales.

“La gravedad de esta filtración ha sido reconocida por el propio Ministerio Público (…) Si bien se ha señalado públicamente por autoridades del Ministerio Público que esta filtración de información relativa a la investigación en curso se produjo desde el portal de tramitación del Poder Judicial , dicha explicación no resulta plausible, pues aun cuando la información hubiese sido erróneamente incorporada a dicho portal, para poder encontrarla era necesario tener conocimiento de la misma, indica el documento.

Se pide abrir investigación que apunta a determinar qué funcionario público intervino en la difusión de esa información.