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Ejecutivo envió ley de incentivo al retiro de funcionarios y jueces del Poder Judicial

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12 de octubre 2017

El máximo es de $50 millones, a diferencia del incentivo de 1998, que era hasta de $125 mills.:
Tendrá una vigencia de siete años, desde 2018 a 2024. Los beneficiados serían hasta 2.300. Se debe postular y quedarán fuera los tres supremos que jubilarán el próximo año por tener 74 años.

En junio pasado, durante un encuentro que tuvo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con una comisión de supremos (Sergio Muñoz, Héctor Carreño y María Eugenia Sandoval), se comenzó a sellar el futuro de uno de los proyectos de ley que más esperaba el Poder Judicial: el incentivo al retiro voluntario aplicable a los funcionarios, jueces y ministros.

En reiteradas ocasiones, el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmestch, hizo ver la necesidad de la iniciativa que ingresó al Congreso el 30 de septiembre, sin urgencia, y se encuentra en su primer trámite, como una manera de equiparar la situación en la que estaban todos los otros funcionarios públicos.

Los beneficiarios ascendería a un total de 2.300 funcionarios distribuidos durante los siete años de vigencia de este nuevo proyecto de ley (2024). Para ello, según el proyecto, deberán postular a partir de 2018.

La iniciativa considera un beneficio base consistente en un mes de remuneración promedio imponible por cada dos años de servicio o fracción superior a 12 meses, prestados por el funcionario en las entidades afectas a la cobertura, con un máximo de 11 meses, con un límite de 90 Unidades de Fomento por mes ($2.400.030). Un total de $26.400.330.

A este monto se debe agregar una bonificación adicional según el estamento al que pertenece el beneficiario, que es solo para quienes se encuentren afiliados a las administradoras de fondos de pensiones y que coticen o hayan cotizado en dicho sistema.

Por ejemplo, los supremos, ministros de Corte y jueces que postularan con más de 20 años de servicio podrían obtener también 900 UF ($24.000.840). Y quienes tengan entre 18 años y menos de 20 años, unas 675 UF ($18.000.630) adicionales.

Mientras que los funcionarios que no estén en este escalafón y que tengan 20 años o más, optan a 650 UF ($17.333.940). A diferencia de los que tienen entre 18 años y menos de 20 años, con 490 UF ($13.067.124).

De esta manera, lo máximo a lo que podrían optar son $50.401.170.

Requisitos

Podrán optar al beneficio las mujeres a partir de los 60 años de edad, y los hombres desde los 65 años. Esto hasta que cumplan los 73 años de edad en ambos casos, pero siempre y cuando hayan cumplido o cumplan dichas edades entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2024.

Solo se puede acceder al máximo de los beneficios hasta los 70 años de edad. Sin embargo, entre los 71 y 73 años de edad, accederán a beneficios decrecientes.

Una de las restricciones que tiene el proyecto es que no podrán optar al beneficio quienes tengan más de 74 años de edad a la fecha de publicación de la ley.

De esta manera, en caso de ser aprobada, quedan fuera de esta iniciativa todos los supremos que jubilan el próximo año. El ministro Patricio Valdés será el primero de ellos, el 13 de febrero. Luego será el turno, con unos pocos días de diferencia, de los magistrados Carlos Cerda y Milton Juica, quienes se retirarán el 22 y 26 de junio.

Con anterioridad se habían promulgado leyes similares para otros servicios del Estado. En el caso del Poder Judicial, en su oportunidad hubo dos leyes que se encuentran agotadas en su aplicación y no existe norma de incentivo desde junio del año 2015.

Según explican desde el interior del Poder Judicial, este incentivo al retiro es muy distinto a la “ley del caramelo”, creada por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1998, que fijaba una indemnización de $125 millones para supremos que se fueran ante de la fecha límite de 75 años de edad; y de $100 millones para ministros de cortes de Apelaciones.

BENEFICIADOS
Algunos de los principales beneficiados serán funcionarios que no se acostumbran a la digitalización de los tribunales.

Fuente: El Mercurio, jueves 12 de octubre de 2017