Fiscal Guzmán indagará casos en todo el país contra maristas y espera respuesta vaticana antes de un mes

En el quinto piso de la Fiscalía de Rancagua, el jefe regional de O’Higgins, Emiliano Arias, recibió ayer a su par de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, y al persecutor Guillermo Adasme, para coordinar las investigaciones que ambos encabezan por las denuncias de abusos sexuales contra miembros de la Iglesia chilena.

La cita se realizó a las 10 horas, minutos después del anuncio del jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, quien decidió concentrar en Guzmán todas las indagatorias relacionadas con los hermanos maristas.

Con ello lo habilitó para diligenciar «todas aquellas causas que surjan o puedan iniciarse a futuro, en distintas zonas del país, vinculadas a la investigación penal que actualmente involucra a sacerdotes de la congregación marista», informó la Fiscalía Nacional, aunque impuso una restricción, al igual que en el caso de Arias, a quien se le dio la misma facultad respecto de causas vinculadas con la diócesis de Rancagua y el caso del ex canciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz.

Solo pueden asumir aquellas indagatorias que aún no estén siendo instruidas por otros fiscales regionales.

El jefe de la Zona Metropolitana Sur dijo que la medida es útil porque permite «estandarizar estas investigaciones, atender de mejor forma a las víctimas y recepcionar de forma más directa sus denuncias y sus declaraciones», así como «establecer una mejor coordinación para la realización de diligencias en distintos puntos del país».

También se refirió al requerimiento realizado al Vaticano: «Debiera haber respuesta en menos de un mes, dada la fluidez de las comunicaciones (…) esperamos obtener un respuesta, idealmente, dentro de unos 15 días».

Debido a que Guzmán trabaja con la Brisexme de la PDI y Arias con el OS-9 de Carabineros, también se coordinarán las policías.

La Congregación de los Hermanos Maristas expresó en un comunicado, respecto de la designación de Guzmán, que «toda medida que pueda ayudar al más pronto esclarecimiento de estos hechos, nos parece no solo adecuada, sino muy necesaria».

Suman a especialista en Derecho Canónico

Paralelamente, el fiscal Arias decidió reforzar su equipo investigador. A partir de este lunes se incorporará a la investigación el fiscal Miguel Ángel Velásquez, de la Región de La Araucanía y que fue requerido por su experiencia en temas de Iglesia: tiene un magíster en Derecho Canónico. Al equipo, además, ya se sumó la fiscal de San Bernardo, Andrea Rocha, experta en delitos sexuales.

Arias seguirá a la cabeza de las tres indagatorias de Rancagua, pero asumirá con los dos nuevos fiscales la arista de encubrimiento.

El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y el persecutor Sergio Pérez se concentrarán en los casos de abuso sexual propiamente tal.

Además, un equipo jurídico está revisando el material incautado y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de Rancagua está realizando un trabajo con los denunciantes. Y, junto con ellos, trabajan 20 funcionarios del OS-9.

Sacerdotes acceden a expediente

En tanto, la Defensoría Penal Pública de la Región de O’Higgins asumió la representación de 11 de los 14 sacerdotes vinculados con la llamada «Cofradía» -que habría operado en la Diócesis de Rancagua-, los que permanecen suspendidos de sus funciones. Ayer consiguieron acceso al expediente; la fiscalía no se opuso a su solicitud que hicieron ante el Juzgado de Garantía de Pichilemu, donde se registran los primeros hechos denunciados

»Esperamos obtener una respuesta (del Vaticano), idealmente, dentro de unos 15 días». RAÚL GUZMÁN Fiscal regional Metropolitano Sur

Vocero del Episcopado: «El Papa nos pide desclericalizar la Iglesia»

El miércoles, en la tercera jornada de reunión de los obispos, en la asamblea plenaria extraordinaria en Punta de Tralca, llamó la atención que el vocero fuera el diácono Jaime Coiro -rol que ha cumplido en múltiples ocasiones-, en vez de alguno de los prelados.

Al respecto, el citado portavoz señaló que esto estaba planificado con antelación.

«Uno de los temas que más nos pide el Papa en su carta, es ayudar a desclericalizar la Iglesia, en el sentido de que sean cada vez más los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos quienes asumamos las responsabilidades en esto. A mí me han solicitado la responsabilidad de ser portavoz de ellos (los obispos) y al contarles de las sesiones que se han realizado hasta el momento. Les estoy hablando de sesiones que son reservadas, precisamente por encargo de ellos», afirmó Coiro.

Conclusión

Hoy culmina el encuentro de los obispos, convocado para tratar la crisis por los abusos sexuales que involucran a religiosos. Según se anunció, se darán a conocer una declaración, decisiones y compromisos.

Una de las incógnitas es qué resolución habrán tomado los obispos para comunicar al Ministerio Público los casos, sobre todo aquellos que involucran a menores.

La fórmula que ha sugerido la Conferencia Episcopal es un convenio que respete tanto la legislación canónica como la confidencialidad del denunciante.

Los obispos, a partir del miércoles, se reunieron también con representantes de congregaciones religiosas y también laicos, para animar el debate.

Obispo de Chillán dice que hubo «error de fechas»

El obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, salió el miércoles al paso de la situación que afecta al sacerdote de su diócesis Renato Toro Medina, quien enfrenta por segunda vez una acusación por abuso sexual a menores, por hechos que habrían ocurrido entre 1983 y 1984.

Previamente, el presbítero había sido condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, entre 2012 y 2015, también por abuso de menores. En un primer comunicado, del 29 de junio, se informaba que «cumplió la pena impuesta de prohibición del ejercicio público del ministerio».

Sin embargo, en agosto de 2013, en medio de su condena, apareció visitando la cárcel de Chillán como coordinador de la Pastoral Penitenciaria, junto al obispo Pellegrin.

Al hacerle ver al prelado esta situación, respondió: «Creo que hay un error de fechas que tenemos que revisar, porque solamente cuando la Santa Sede levantó la sanción, recién entonces, después de haber cumplido con un tratamiento psicológico, con un acompañamiento apropiado de acuerdo a lo que la Santa Sede había pedido, él asumió algunas tareas pastorales, como las mencionadas».

El miércoles, el obispado modificó en internet los comunicados del 29 de junio y 30 de julio, agregando que la sentencia de la Santa Sede incluía: privación de todo contacto con menores; acompañamiento psicológico y supervisión permanente y fijación de residencia.

La Dirección Regional de Gendarmería del Biobío informó que el sacerdote asistió esporádicamente a la cárcel de Chillán a celebrar misa. Además, el Ministerio Público también está indagando por oficio al presbítero, junto a otros dos sacerdotes acusados.

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