Fisco suma casi 150 demandas indemnizatorias que acusan actuar negligente del Ministerio Público

En junio de 2005, la reforma procesal penal estaba en funcionamiento en todo el país. El nuevo sistema separaba funciones: ahora el organismo investigador sería distinto del juzgador y los fiscales, los defensores públicos y los tribunales de garantía y orales serían los nuevos actores del proceso.

¿Cuántos reclamos por formalizaciones, prisiones preventivas y juicios orales recibió el Estado en los últimos 13 años de la nueva justicia penal? El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha representado al Ministerio Público en 147 causas de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en el período. En cada caso, los imputados acusaron ante juzgados civiles actuar negligente del organismo encargado de la persecución penal, según información entregada a «El Mercurio» por Ley de Transparencia.

Las demandas con sentencia condenatoria contra el fisco son seis y, de ellas, dos están con apelaciones pendientes en tribunales superiores. En total, la cuantía comprometida por fallos de primera instancia y cortes de apelaciones es de $362 millones 500 mil, sin embargo, solo están ejecutoriados $52,5 millones, es decir, que ya no son susceptibles de recurso y se encuentran «firmes», indicó el CDE. El monto restante aún está en discusión.

Ex-PDI preso tres meses por un testimonio

Uno de los casos más recientes donde se condenó al fisco y que está ejecutoriado fue el de un exinspector de la PDI que en 2008 enfrentó una formalización y prisión preventiva -la que se extendió por tres meses- en la investigación por corrupción que entonces involucró a policías y funcionarios judiciales.

Ricardo Meza fue absuelto en el juicio oral «por falta de prueba» y demandó al Estado. El 13° Juzgado Civil determinó: «Sostener una investigación formalizada durante tres años y solicitar la cautelar de prisión preventiva para finalmente acusar solo sobre la base de un testimonio, sin realizar diligencia alguna tendiente a obtener otro elemento probatorio para la corroboración de los hechos que se imputan, configura una conducta injustificadamente errónea del Ministerio Público». Lo anterior fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Meza demandaba más de $430 millones, pero se le concedieron $10 millones.

Dos años de investigación

El monto más alto otorgado por la justicia, hasta ahora, fue a Juan Manuel Romeo, su madre Ana María Gómez y otros familiares. Alcanzó los $265 millones, pero el fallo del 2° Juzgado Civil fue impugnado por ambas partes y la decisión de la Corte está pendiente.

Romeo trabajaba como monitor de computación en el jardín infantil de su mamá, Hijitus de la Aurora, en Vitacura, cuando surgió la primera denuncia en su contra por un supuesto caso de abuso sexual infantil. El caso se mediatizó y en total llegaron a presentarse 96 querellas.

Romeo fue absuelto dos años después en juicio oral y su madre, que había sido acusada de cómplice, sobreseída.

Tras ello demandaron al fisco y la jueza civil Inelie Durán estableció en 2017: «La prueba rendida demuestra que estas afectaciones en el orden síquico y emocional para los demandantes son resultado del fenómeno de la persecución penal infundada que fue impulsada por el Ministerio Público y cuya responsabilidad primordial le es exclusiva, siendo predominante como causa próxima, eficiente y directa de la producción de estos daños, en desmedro de otras concausas».

En mayo pasado, además, el Colegio de Abogados decidió expulsar a Mario Schilling, querellante en el caso, porque «en las entrevistas otorgadas a los diversos medios de comunicación el reclamado (…) faltó a la verdad y, en algunos casos, dio derechamente información falsa».

Ejecutoriados
A la fecha solo hay cuatro fallos condenatorios con indemnizaciones ejecutoriadas.

«Solicitar la cautelar de prisión preventiva para finalmente acusar solo sobre la base de un testimonio (…) configura una conducta injustificadamente errónea del Ministerio Público». EXTRACTO FALLO CASO RED DE CORRUPCIÓN CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 22 DE JUNIO DE 2018

«La prueba rendida demuestra que estas afectaciones en el orden síquico y emocional para los demandantes son resultado del fenómeno de la persecución penal infundada que fue impulsada por el Ministerio Público». EXTRACTO FALLO CASO HIJITUS 2º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

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