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Gobierno da suma urgencia a proyecto de ley para la protección de fiscales y funcionarios

23 de abril 2018

Tras solicitud de equipo de persecutores regionales:
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, abordaron la necesidad de legislar tras los últimos ataques sufridos por persecutores. Incluso hay un caso con un sicario.
El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, sostuvo una reunión con el ministro Chadwick. Él también ha sufrido ataques en el metro mientras investigaba casos de bombazos.

Por medio de un oficio remitido al presidente del Senado, Carlos Montes, el Gobierno solicitó el jueves dar suma urgencia a la ley de protección a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, en el marco de los últimos ataques sufridos por persecutores.

El tema se había abordado el martes pasado en una reunión en La Moneda entre el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien determinó, 48 horas después, dar suma urgencia al proyecto.

“Se trata de asegurar (…) la debida independencia en el actuar de quienes ejercen la acción penal pública, minimizando la posibilidad de que dicho ejercicio sea afectado por acciones de amedrentamiento, presión o coacción hacia la persona del fiscal, su familia o su propiedad”, se explica en el mensaje.

La referencia para esta iniciativa es la Ley N° 20.064 de 2005, que aumenta las penas en los casos de los delitos de maltrato de obra a carabineros con resultado de muerte o lesiones graves.

Garantizar resguardo

Uno de los cambios sustantivos se reflejará en las audiencias. El proyecto establece que a Gendarmería “durante el desarrollo de las audiencias ante los Juzgados de Garantía y de Juicio Oral en Lo Penal, le corresponderá también resguardar la seguridad de los fiscales y/o funcionarios del Ministerio Público y de los demás intervinientes que se encuentren presentes”.

También se establece que “corresponderá a Carabineros de Chile resguardar la seguridad personal de fiscales y/o funcionarios del Ministerio Público, en aquellos casos en que participen de diligencias investigativas que puedan significar un peligro para su integridad física o psíquica, como también de los demás intervinientes presentes durante el desarrollo de estas”.

La PDI, en tanto, deberá “resguardar la seguridad personal de los fiscales y/o funcionarios del Ministerio Público, en aquellos casos en que participen de diligencias investigativas que puedan significar un peligro para su integridad física o psíquica, como también de los demás intervinientes presentes durante el desarrollo de estas”.

Asimismo, se amplía la protección a otros funcionarios. Para ello, se expresa en el proyecto que además de los fiscales se incluye al “titular, subrogante, suplente o delegado”.

Si el proyecto es aprobado, se agregará un nuevo artículo al 268 del Código Penal, con penas de reclusión menor en su grado máximo y multas de hasta 20 UTM en contra de personas que causen daños al patrimonio de un fiscal.

El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, coordinador del equipo de persecutores a cargo de impulsar la propuesta legislativa, dijo a “El Mercurio” que “este proyecto es un paso importante para resguardar a fiscales y funcionarios. Se busca sancionar adecuadamente los delitos que se cometan en su contra con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones o por la sola razón de su cargo”.

En ese sentido, remarcó que “la seguridad de los fiscales y funcionarios es una preocupación constante del Ministerio Público”.

Fiscales víctimas de ataques

Uno de los casos más graves que involucra a un fiscal, como víctima, ocurrió el 28 de enero en Puerto Aysén, donde el fiscal adjunto de la zona Pedro Poblete fue blanco de un sicario. Ese día sufrió un ataque incendiario en su casa, el cual se habría planificado desde la cárcel según la investigación del persecutor Luis González.

El pasado 13 de abril fueron formalizadas cuatro personas por los delitos de atentado contra la autoridad e incendio de una vivienda, sumándose a un quinto imputado al cual ya se le habían atribuido cargos en enero. Tras dos meses y medio de indagatoria la fiscalía estableció que tres de los imputados idearon desde un centro de reclusión el atentado, que un cuarto sujeto cumplió labores de seguimiento y entrega de datos sobre el fiscal Poblete, y que un quinto concretó materialmente el hecho.

Otro persecutor, Enrique Vásquez Inostroza, fue violentamente agredido en el desarrollo de una audiencia en el Juzgado de Garantía de Collipulli, donde un grupo de opositores a la decisión de no perseverar en la investigación del presunto secuestro de un lonco, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Personal de Gendarmería tuvo que resguardarlo tras ser agredido con golpes de puño y objetos contundentes.

El Ministerio Público también denuncia las amenazas recibidas por la fiscal Carolina Fuentes Remy-Maillet, cuyos agresores fueron absueltos.

Incluso el fiscal regional sur, Raúl Guzmán, fue víctima de agresiones y amenazas mientras se trasladaba en metro, en medio de las investigaciones que encabezó por cuatro bombazos en la capital, donde se obtuvo recientemente una condena por delito terrorista respecto de Juan Flores. Los agresores de Guzmán tampoco enfrentarán penas, tras la suspensión condicional del procedimiento en su contra por “una falta adecuada de la tipificación del delito de atentado o agresión a un fiscal del Ministerio Público en razón del cargo”, se explica en la iniciativa.

Un caso reciente ocurrió la semana pasada en el Juzgado de Puente Alto donde la fiscal María José Poblete fue amenazada. Ello derivó en la activación de un protocolo de la Fiscalía Sur para que recibiera protección de Carabineros entre el tribunal y la fiscalía.

60 casos de violencia en La Araucanía

Para los funcionarios a cargo de la persecución penal en zonas de mayor conflicto, como La Araucanía, la exposición física y sicológica de los fiscales es mayor, se explica en el proyecto de ley.

“El deber de asistir a las audiencias, necesarias para llevar a cabo el proceso, se dificulta de sobremanera en los sectores afectados por la violencia de la zona sur de Chile. Desde 2005 a la fecha se han verificado 60 casos en que fiscales del Ministerio Público han sido víctimas de violencia en la Región de La Araucanía, siendo 12 de los casos derivados de la violencia rural, y seis de ellos dentro del contexto del desarrollo de una audiencia”, se señala.

Pero se advierte que la amenaza a la que están expuestos los funcionarios no solo se circunscribe a la referida zona sino que el déficit de seguridad en las inmediaciones de los tribunales de Justicia, en audiencias de alta complejidad, es un problema generalizado en todo Chile.

Dos cambios pendientes

Se espera que en los próximos días se hagan observaciones a la iniciativa para que se incorporen dos modificaciones importantes para la fiscalía.

Una es el cambio en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para que se requiera a Carabineros de Chile o a Gendarmería para resguardar la seguridad en las dependencias de la fiscalía. La otra es la representación de los fiscales, en audiencia, por abogados asistentes.

La petición se sustenta en la introducción, el año pasado, de una centena de jueces en el sistema procesal, lo que no tuvo su equivalente en el Ministerio Público, que aspira a una mayor dotación.

PENAS
Se propone castigar con penas de reclusión menor y multas de hasta 20 UTM a quien ataque a los fiscales.

”La seguridad de los fiscales y funcionarios es una preocupación constante del Ministerio Público”. RAÚL GUZMÁN Fiscal regional metropolitano sur

“Victimización vicaria”

La fiscalía ya contempla un segundo nivel de resguardo para el desempeño del cargo de fiscal o de funcionario del Ministerio Público, el cual se relaciona con la “Victimización vicaria”.

Se trata de aquellas especialidades que son particularmente “desgastantes y que afectan en el plano emocional a los profesionales”, como las investigaciones por delitos violentos contra las personas, casos de violencia intrafamiliar y los de índole sexual, sobre todo cuando los involucrados son niños, niñas y adolescentes. Así lo advirtió el coordinador del equipo de persecutores regionales que impulsaron el proyecto de ley, el fiscal Raúl Guzmán.

Asegura que “se sufre mucho con el desconsuelo que padecen y afectan a las víctimas de este tipo de delitos. Esto es lo que se denomina ‘Victimización Vicaria’, que es el desgaste emocional que se produce a quienes abordan materias de dolor o trabajan con el trauma de otro. A mi juicio, acá uno puede entender que nos encontramos con investigaciones cuyo abordaje y dirección pueden perfectamente ser catalogados como ‘trabajo pesado'”.

Debido a que puede desencadenar problemas de salud mental en los funcionarios del Ministerio Público, se han tomado medidas internas para prevenir y controlar este tipo de problemas. Con ese fin, se implementó un programa denominado “Istas”. En la Fiscalía Sur se aplicó mediante la contratación de una psicóloga externa para el trabajo con fiscales y funcionarios.

Guzmán explica que tiene como finalidad “abordar dificultades de distinta naturaleza, que impactan en el trabajo de diversa forma, siempre buscando mejorar la calidad de vida y también en el ámbito personal”.

Fuente: El Mercurio, lunes 23 de abril de 2018