Ministro Campos acusa a Contraloría de atraso en implementación de nuevo reglamento penitenciario

A menos de 24 horas que el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, diera a conocer el informe elaborado por la fiscal judicial del máximo tribunal, Lya Cabello, que dejó al descubierto una serie de condiciones inhumanas que existen en los recintos penitenciarios del país por más de 15 años, el ministro de Justicia, Jaime Campos, salió a defender la gestión del Gobierno frente a lo que calificó como «una crisis estructural del sistema penitenciario chileno».

Para eso, abordó la reciente creación de una Política de Reinserción Social -elaborada durante 2017- y apuntó a retrasos de la Contraloría para la implementación de un nuevo reglamento penitenciario.

Sobre el informe del Poder Judicial indicó que «no nos sorprende para nada el contenido del mismo (…) Sin embargo, nos llama la atención, y es lo que queríamos connotar, que hay dos hechos que no han sido informados adecuadamente».

Señaló que el 27 de abril de 2017 firmó el decreto Supremo N° 382 que establece el nuevo reglamento al que deben someterse todos los establecimientos penitenciarios y «que regula las actuaciones de los condenados y de los propios funcionarios de Gendarmería, incorporando, por primera vez, la variable del respeto a los derechos humanos de manera expresa». Y agregó: «la inmensa mayoría de las observaciones o los reparos planteados por la fiscalía judicial están resueltos en este decreto que debió entrar en vigencia el 1 de diciembre de 2017, pero aún no entra en vigencia porque la Contraloría no ha tomado razón de estos».

– ¿Qué ha faltado? ¿Celeridad del contralor?

«Recurra a quién corresponda», respondió Campos a la pregunta, y añadió que el decreto establece, entre otros puntos, normas en materia de alimentación, encierro y castigos. «No hemos tenido respuesta (de Contraloría) pese a la insistencia (…) Esto ha atrasado obviamente la implementación».

Según el reporte de la Corte Suprema, el hacinamiento y precarias condiciones atentan contra derechos fundamentales. «Eso de hablar de violaciones de derechos humanos, eso lo hacen los tribunales de justicia, porque implica un juicio de valor jurídico y a mí no me corresponde emitir sentencia de esa naturaleza», dijo Campos.

Reinserción social

En otro punto, el ministro detalló que durante 2017 se trabajó en la elaboración de una Política Pública de Reinserción, labor que -precisó-fue entregada a la Presidenta Bachelet en enero pasado. «De manera que cuando escucho o leo declaraciones en el orden a que hay que conformar una comisión de alto nivel para abocarse al tema de la reinserción social en Chile, parece que queremos descubrir la rueda o la pólvora nuevamente, puesto que ese trabajo está absolutamente hecho y ahora es cosa que las autoridades respectivas lo pongan en práctica».

«El Mercurio» intentó obtener una declaración por parte de la Contraloría; sin embargo, desde el organismo declinaron hacer comentarios .

«Este informe nos viene a dar la razón»

Para el director de Gendarmería, Jaime Rojas, «este informe nos viene a dar la razón en cuanto a que la prisión preventiva aumenta la presión sobre el sistema penitenciario y el hacinamiento». Es importante reconocer, dijo, que el informe no considera «que del total de personas en prisión, un tercio está en prisión preventiva, y que de las personas condenadas, una parte importante no permanece en encierro prolongado, porque hay mozos, hay quienes van a clases, otros que trabajan internamente. Más del 20% no tiene el encierro que indica el informe», aseguró.

Defendió, además, que las políticas públicas del Gobierno están encaminadas a «reconocer las condiciones de habitabilidad malas (…), a orientar hacia una política de infraestructura y mejoramiento de las condiciones». Sin perjuicio de ello, admitió que «la revisión de la estructura institucional y el reconocimiento de la necesidad de un mejoramiento de la distribución territorial de los funcionarios es un tema pendiente».

Medidas

El ministro anunció la pronta inauguración de dos nuevas cárceles en Concepción y Arica. 

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