«Ni el Presidente o el Congreso pueden revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones»

«Hoy es un día triste para el Estado de Derecho», comentó a «El Mercurio» el ex ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, antes de comenzar ayer su labor como actual abogado integrante. Sus dichos interpretan el sentir de gran parte de los integrantes del máximo tribunal.

Los magistrados manifestaron ayer -en dos plenos extraordinarios- su molestia por la presentación de la acusación constitucional por parte de un grupo de congresistas de la oposición en contra de los supremos de la Sala Penal: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por notable abandono de deberes, al votar a favor de conceder libertades condicionales a seis condenados por violaciones de los derechos humanos.

Fue el ministro Sergio Muñoz, ex presidente de la Corte Suprema y quien subroga a Haroldo Brito en este cargo hasta el 29 de agosto, el único que se refirió públicamente al tema.

«Ni el Presidente o el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, según la Constitución, revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones. La claridad de esta norma, como las definiciones anteriores, me evitan hacer referencia a aspectos concretos del acontecer nacional», aseveró el magistrado al terminar su discurso a los nuevos abogados.

El ministro escogió esta instancia en donde les habló a los abogados de la responsabilidad que tendrán que enfrentar en su profesión y de las impugnaciones de las sentencias dictadas por el máximo tribunal.

Fue en ese contexto que realizó un recorrido de la historia por lo que dice la ley respecto de la responsabilidad de los jueces.

Muñoz explicó que «a los ministros de la Corte Suprema no le es aplicable la responsabilidad personal por la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en cuanto a la denegación ni a la torcida administración de justicia (inciso segundo del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales)».

Según el magistrado, la ley estipula que «solamente quedan sometidos a la responsabilidad delictiva prevista en el Código Penal respecto de toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces (inciso primero del referido artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales), delitos que exigen dolo directo de los magistrados».

Cámara: «Última instancia»

En la interna, los supremos consideran «grave» la presentación, porque marca un mal precedente que los congresistas cuestionen las resoluciones de los ministros a través de una acusación constitucional.

Esto podría significar que la «Cámara se transforme en una última instancia de revisión, aparte de los tribunales», aseguraron a «El Mercurio» dos supremos. Los magistrados consultados no se oponen a que sus resoluciones sean revisables, pero, en las instancias que otorga la ley y a través de los recursos correspondientes. «No en el Congreso, ni en una acusación constitucional», comentó uno de ellos.

Los supremos acusados recibieron el apoyo de sus pares durante los dos plenos extraordinarios que se realizaron ayer. Uno fue improvisado, y se hizo luego del discurso del ministro Muñoz. El otro, comenzó a las 13.30, al término del trabajo en sala y se conversó la posibilidad de realizar un pronunciamiento, pero la decisión fue postergada hasta conocer el texto de la acusación constitucional.

ARRAIGO
Tras la acusación constitucional, los tres ministros quedan con arraigo y no pueden salir del país; a menos que los autorice el Congreso.

«A los ministros de la Corte Suprema no les es aplicable la responsabilidad personal por la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en cuanto a la denegación ni a la torcida administración de justicia».
SERGIO MUÑOZ
Presidente (s) de la Corte Suprema

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