Presidenta del CDE cuestionó los cambios de jurisprudencia que ha tenido la Corte Suprema
María Eugenia Manaud, en su primera cuenta pública:
Las críticas apuntan a los fallos que han responsabilizado al Estado por las víctimas del maremoto que se produjo el 27 de febrero de 2010.
La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, valoró ayer los buenos resultados que tuvieron en 2017 en los litigios.
En su primera cuenta pública, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, cuestionó las últimas modificaciones de jurisprudencia que ha experimentado la Corte Suprema. A su juicio, esto ha generado «una carga adicional al Estado».
Las críticas las realizó en la ceremonia que se efectuó ayer en la Contraloría General de la República, a la que asistieron diversas autoridades. Entre ellas, el propio presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín (ver recuadro).
Manaud explicó a «El Mercurio» que para que «los recursos de unificación de jurisprudencia realmente produzcan efectos hacia abajo y sean respetados, la Corte Suprema debe adoptar medidas». Para la abogada, la solución es establecer un sistema que permita que lo que resuelva el máximo tribunal constituya un precedente y que sea respetado por tribunales inferiores. «Por ejemplo, se les podría exigir a los jueces que cuando quieran fallar de una manera distinta a la de la Corte Suprema, fundamenten adecuadamente su discrepancia».
Caso por el 27-F
Uno de los cuestionamientos que hizo en su discurso en materia de jurisprudencia se refiere al área contenciosa, administrativa y civil. Específicamente, a las 60 demandas interpuestas contra el Estado por su supuesta responsabilidad en los fallecimientos producto del maremoto del 27 de febrero de 2010.
«Vemos con enorme preocupación que en las últimas sentencias dictadas no han considerado ni ponderado adecuadamente los elementos fácticos de suma relevancia, que determinan la ausencia de la referida relación causal. De esta manera, el fisco se ha transformado en una especie de asegurador universal, haciéndosele responsable de manera objetiva por todo tipo de daños, incluso los ocurridos por hechos irresistibles e imprevisibles, como el terremoto y tsunami aludidos», dijo Manaud.
Las otras críticas apuntan a la materia laboral y a la jurisprudencia de 2015, que ha determinado que la sanción de nulidad de despedido es aplicable al personal contratado a honorarios en la administración pública, estimando que la relación que unió al contratado con la administración es de naturaleza laboral. «La Corte ha establecido en numerosos casos que el fisco adeuda retroactivamente las cotizaciones durante todo el período que se prestaron servicios hasta la convalidación del despido, más reajustes e intereses».
Demanda de profesores
Por otra parte, Manaud valoró la unificación de jurisprudencia que realizó el 2017 la Cuarta Sala del máximo tribunal por los 300 juicios promovidos por profesores del sector municipal, que han demandado a municipios por el denominado «bono proporcional». Pese a ello, hay preocupación de que puedan demandar todos los profesores, pues la cuantía que estaría en juego es de US$ 820 millones.
La presidenta solicitó además a las autoridades la adquisición de un edificio, ya que los abogados trabajan «hacinados» y «nunca han tenido un inmueble propio». De momento, el Ministerio de Bienes Nacionales autorizó la concesión gratuita a 50 años para el uso del primer piso del edificio del antiguo diario la Nación. Ahí se trasladarán algunas de las dependencias del organismo, a la espera de un recinto propio.
11.119
juicios vigentes tiene el CDE hasta 2017.
94%
de los pagos en demandas civiles contra el fisco e instituciones públicas fueron evitados en 2017.
US$ 726 millones
se ahorró el fisco en pagar en litigios, monto que equivale a la construcción de siete hospitales como el nuevo hospital de Puerto Montt.
Hernán Larraín: «Damos por superado este episodio»
«En esta materia creo que se ha dicho todo lo que había que decir. Damos por superado este episodio y seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo», fue la respuesta de un distendido ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego de conversar con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, ayer en la cuenta pública del CDE.
Un gesto que llegó en medio de la polémica que surgió luego de los dichos del secretario de Estado sobre el Poder Judicial en el cierre del congreso programático de la UDI que se realizó el sábado pasado.
Larraín agregó: «Yo siento que las cosas de repente pueden pasar por momentos de tensión, pero las relaciones institucionales son permanentes y nosotros vamos a continuar en ellas con mucho interés, con el programa de trabajo que tenemos rediseñado sin alteraciones».
Consultado por la polémica, Haroldo Brito afirmó: «Yo creo que hay suficiente opinión en este tema y las cosas tendrán que seguir desarrollándose; hay unos deberes que cumplir que son los apremiantes». Sobre una división al interior del máximo tribunal por el tono de la vocería de Milton Juica, planteó que «no creo que sea una expresión muy exacta (…) son cosas que habrá que conversarlas». Y respecto de las ideas que el ministro Carlos Aránguiz expresó en una carta a «El Mercurio», Brito señaló que «es su concepto, nada más. El señor Juica es el vocero de la corte y es una apreciación lo que hace Carlos Aránguiz».
«Yo creo que hay suficiente opinión en este tema y las cosas tendrán que seguir desarrollándose; hay unos deberes que cumplir que son los apremiantes».
HAROLDO BRITO
Presidente Corte Suprema