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Suprema definirá hoy si aplica nueva ley y extiende periodo de Rutherford en la Corte Marcial

[ssba]
20 de enero 2020

Previamente, cuando la normativa era proyecto, el máximo tribunal manifestó sus reparos, tildando la iniciativa, entre otras cosas, como «un ajuste improvisado que no se hace cargo del problema de fondo».

En tabla se encuentra el decidir si la ministra en visita para indagar a miembros del Ejército por casos de presunta corrupción, Romy Rutherford, seguirá siendo miembro de la Corte Marcial y continuará con las investigaciones contra la institución.

La decisión deberá ser adoptada por la Corte Suprema, al amparo de la recién promulgada ley que deja en manos del Pleno el extender por hasta dos años el periodo de los magistrados de la Corte de Apelaciones en el máximo tribunal castrense, y la cual se levantó desde el Congreso a raíz de la gestión de Rutherford.

Fue en 2017 cuando la ministra asumió la indagatoria que dos años antes había iniciado Omar Astudillo a partir del millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre, y que debió dejar tras concluir su período de tres años como integrante de la Corte Marcial. A la fecha, el caso suma cerca de 30 aristas y 40 encausados.

Entre las diligencias adoptadas por Rutherford se encuentra el haber procesado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados a los ex comandantes en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, marcando un antes y un después en la historia de la institución castrense.

El desempeño de la ministra ha sido catalogado de manera favorable en distintos sectores, razón por la que en mayo del 2019 los diputados Matías Walker (DC), Jorge Brito (RD) y Francisco Undurraga (Evópoli) impulsaron el proyecto, considerando que, por ley, esta debía dejar la Corte Marcial en marzo de este año.

La iniciativa se redactó e hizo llegar a la Suprema, donde las primeras impresiones no fueron las mejores. En julio del 2019 el tribunal se refirió a la moción parlamentaria como «un ajuste improvisado que no se hace cargo del problema de fondo».

En el oficio de 10 páginas se indicó que «el plazo actual de tres años, dada la estructura institucional vigente, parece un adecuado equilibrio entre estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada de la carga de trabajo» y que, «al menos desde el punto de vista orgánico, un periodo de integración de cinco años no parece más razonable ni lógico que el existente de tres años».

Señalaron que la extensión del periodo «mira sólo a un caso particular, pero está lejos de resolver» algunos problemas en el sistema, como la rotación de ministros en causas complejas y de relevancia pública, considerando que «nada obsta a que un nuevo caso motive la designación de un ministro en visita, a la mitad de su periodo de integración de la Corte Marcial, repitiéndose el problema que se pretendía subsanar».

«Así las cosas, el proyecto es sólo un ajuste improvisado, que no se hace cargo del real problema de fondo», zanjaron.

Por contraparte, la Suprema sí valoró que la extensión fuese decisión del Pleno ya que «permite el examen caso a caso (…), no implica una alteración permanente a la orgánica de la Corte Marcial, sino que se aplicará únicamente en determinadas coyunturas, que pueden darse o no. Dadas estas ventajas, parece una modificación razonable».

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Fuente: emol.cl