La tormenta perfecta del TC: la fractura expuesta que pone en jaque el futuro de la entidad
La discusión en torno a la pertinencia o no de incluir a los presos de Punta Peuco dentro de una ley excepcional sanitaria, fue la gota que rebalsó el vaso de una tensión soterrada, que se arrastraba hacía tiempo en el seno del Tribunal Constitucional. Ad portas de un eventual proceso constituyente, el inédito momento de conflicto que se vive en la interna del TC, deja al organismo en la cuerda floja.
Hace muchos años que el TC es foco de duros cuestionamientos políticos y jurídicos, principalmente porque ha jugado un papel de «tercera cámara», torciendo, muchas veces, la voluntad definida por mayoría en el Poder Legislativo. A pesar de la reforma llevada a cabo el 2005 –a finales del Gobierno de Ricardo Lagos–, las críticas a su interferencia «política» jamás disminuyeron y, para sus críticos, las atribuciones que se le entregaron con esa enmienda terminaron por distorsionar una institución necesaria «en su justa medida» para el Estado de Derecho. El sistema de nombramientos, que responde en parte al poder del Gobierno de turno, binominalizando su composición, poco y nada ha contribuido a la legitimidad del organismo.
Pero fueron las duras declaraciones que hizo el fin de semana Brahm, sobre la gestión de su antecesor, Iván Aróstica, al afirmar que estuvo «al borde de la corrupción», lo que ha puesto al Tribunal Constitucional en jaque. No solo dejaron en evidencia la crisis interna que se estaba arrastrando hace un tiempo, algo que era conocido en buena parte de la plaza de abogados, sino que se hizo pública una fractura interna que se instala ad portas del proceso constituyente, lo que deja al organismo en la cuerda floja. No fueron pocos los que consideraron «suicida» la jugada que hizo la presidenta del TC, más aún considerando el trabajo que había realizado hasta ahora para mejorar la imagen de la institución.
Las declaraciones de Brahm pusieron en evidencia la crisis, pero la verdadera gota que rebalsó el vaso en el conflicto interno del TC, aseguraron diversos abogados, fue el choque que se produjo con el debate del requerimiento de Chile Vamos para que varios de los inquilinos de Punta Peuco fueran incluidos en el indulto conmutativo que propuso el Gobierno, como medida sanitaria ante el hacinamiento de las cárceles del país y el riesgo de contagio del coronavirus. Quienes saben del trabajo al interior del organismo, contaron que en la votación interna el equilibrio se tornó en contra del mundo ultraconservador del tribunal y eso respondió a “un trabajo de joyería de la presidenta”.
Para el abogado constitucionalista de la UDP y de la Universidad de Utrecht, Javier Couso, la acumulación de tensiones tiene nombre y apellido: “Esto se gestó en la presidencia de Aróstica, donde se vio un desprecio por la Constitución total, un activismo. En derecho constitucional eso es una mala palabra, es ser desleal a la Constitución, porque, en vez de aplicarla, bajo la excusa de interpretarla, yo la cambio, inventando cosas que no estaban, como que el Sernac era inconstitucional, que la titularidad sindical era inconstitucional o que la objeción de conciencia era un derecho que residía en la institucionalidad. Ese activismo dio una imagen de un órgano partidista”.
A juicio del abogado constitucionalista, María Luisa Brahm venía haciendo bien las cosas en la presidencia del TC, pero cometió un error comunicacional catastrófico, ya que con su acusación “ni siquiera se juega su presidencia, acá se juega la existencia del Tribunal Constitucional”. Una opinión compartida por varios juristas consultados que optaron por mantener reserva.
Ad portas del plebiscito, la herida abierta con que camina hoy el TC no hizo más que agudizar los flancos que pesan sobre el organismo. En ese contexto, el abogado Juan Pablo Hermosilla dijo esta semana –a través de sus redes sociales– que “uno de los temas a pensar cuando retomemos la discusión institucional, sobre la justicia constitucional; no da para más nuestro TC, una vergüenza el nivel de discusión”.
La Moneda no ha estado ajena a este conflicto, pues toca sus intereses, porque –confesaron en el Gobierno– no puede ser que ahora recurrir al Tribunal Constitucional se transforme en una “disyuntiva moral, pensando en lo desacreditado que se encuentra”. No solo eso, le salpica y complica al Presidente Piñera, porque él propuso a Brahm y Aróstica al tribunal en el 2013 y ambos fueron parte de su elenco de trabajo en Palacio durante su primera administración.
Aróstica fue el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior el 2010 y Brahm fue su jefa de asesores en su primer mandato, pero además comparten una larga trayectoria política juntos al alero de RN, al punto que es conocida por ser una piñerista histórica.
Desde La Moneda han seguido de manera “discreta” el caso, a través de la prensa y con consultas personales a los ministros involucrados, pero hasta el momento nada de manera oficial. El conflicto, si bien ha sido comentario a nivel de pasillo entre las altas autoridades, no ha estado en tabla en las reuniones entre el Mandatario y sus ministros. Por ahora, quienes le están haciendo el seguimiento son el ministro de Justicia, Hernán Larraín, su par de Interior, Gonzalo Blumel, y de la Segpres, Felipe Ward.
Pensando en el futuro del TC, el abogado Jorge Correa Sutil dijo que “no hay ni habrá diseño institucional capaz de sobrevivir a la carga de expectativas que se han puesto sobre un texto constitucional, primero, la derecha para evitar los cambios y, ahora, la izquierda para impulsarlos. Cuando los legítimos debates políticos se transforman en debates jurídicos de derechos, no hay tribunal que aguante la presión. El Tribunal Constitucional, pero antes la ciudadanía, deben entender que el debate jurídico no puede ahogar ni sustituir el político”.
El abogado que presidió la comisión asesora para el proceso constituyente, Sebastián Aylwin, señaló que “esta situación se arrastra desde hace muchos años, donde la acción del TC es percibida como una defensa de intereses, que no lograron triunfar en las reglas el sistema democrático, en el sistema legislativo. Estamos abiertamente ante intereses de minorías, en este caso, que están relacionadas con la justicia en torno a violadores de Derechos Humanos, pero es una parte más”.
Fractura ideológica
Una de las razones que se esgrimieron en La Moneda para no salir públicamente a intervenir en el conflicto del TC, es que saben que el choque entre Brahm y Aróstica es un tema que divide aguas tanto en Chile Vamos como también en Palacio, porque ambos representan almas distintas de la derecha, la liberal y la ultraconservadora, una tensión que existe en la coalición oficialista en diversas materias desde la década del 90.
Brahm, si bien cumplió funciones en la dictadura trabajando para Odeplan, su trabajo después siempre estuvo más ligado al mundo liberal, a través del Instituto Libertad, el centro de pensamiento de RN. Si bien en varios de sus fallos en el TC ha coincidido con Aróstica, otros, como el que hizo a favor de la ley de aborto en tres causales, son –afirmaron quienes la conocen– parte de sus credenciales que la ponen en la vereda contraria a la de la derecha conservadora.
Aróstica, admirador del mundo militar y coleccionista de corvos, en su camino se acercó a Pablo Rodríguez, el fundador de Patria y Libertad. En el primer G0bierno de Piñera, rápidamente encontró en el actual jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet, un socio perfecto y fue a través de aquella relación que llegó a la dirección del Departamento de Derecho Público de la Universidad del Desarrollo (UDD).
Ambos grafican dos sectores de la actual derecha. Un tira y afloja que, para el analista político Andrés Cabrera, constituye una diferenciación entre conservadores y liberales que «está profundamente hegemonizada por el espectro conservador y eso se observa con el requerimiento que elevaron los senadores de RN y la UDI por considerar discriminatoria la ley de indulto».
Cabrera agregó que, si bien existe un espectro liberal, hoy a la vista supuestamente con la instalación de Evópoli, no les da mucho más espacio del que el que han demostrado manejar, pues el “electorado del sector sigue estando en el bando histórico (conservador)”.
Una mirada diferente fue la que presentó el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, quien afirmó que “en la pugna del TC, lo que observamos es una lucha descarnada por conservar o mantener los espacios de poder, pero sin que medie un proyecto político que sitúe en un extremo u otro a los actores involucrados. Hay facturas por cobrar y pasadas de cuentas, pero de discusión doctrinaria, poco o nada”.
Pensando en el futuro del TC, el abogado Jorge Correa Sutil dijo que “no hay ni habrá diseño institucional capaz de sobrevivir a la carga de expectativas que se han puesto sobre un texto constitucional, primero, la derecha para evitar los cambios y, ahora, la izquierda para impulsarlos. Cuando los legítimos debates políticos se transforman en debates jurídicos de derechos, no hay tribunal que aguante la presión. El Tribunal Constitucional, pero antes la ciudadanía, deben entender que el debate jurídico no puede ahogar ni sustituir el político”.
Fuente: elmostrador.cl