Abbott manifiesta «preocupación» a Corte Suprema por filtraciones desde la página del Poder Judicial
En un oficio enviado ayer al presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmestch:
El fiscal nacional pidió adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estas situaciones «gravísimas» se sigan produciendo.
El fiscal nacional hasta el momento no se ha referido públicamente al caso.
«A través del presente, manifiesto la profunda preocupación de la institución que dirijo, respecto de información de carácter reservada que, lamentablemente, se está haciendo pública a través de los sistemas informáticos del Poder Judicial, pese a haberse manifestado expresamente la necesidad de reserva de antecedentes de la investigación».
Así, el fiscal nacional, Jorge Abbott, encabezó el oficio N° 873 remitido ayer al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.
El documento fue enviado a 24 horas de que se conociera no solo la investigación que involucra al presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), sino que, además, que el parlamentario había sido interceptado telefónicamente, luego de que una orden judicial del 7° Juzgado de Garantía autorizara el requerimiento del fiscal Marcelo Carrasco, en el marco de la indagatoria que se realizaba al empresario del Maule Álvaro Jofré por tráfico de inmigrantes y que luego agregó el delito de cohecho.
Toda esa información estaba contenida en la solicitud de ampliación de interceptación telefónica a Zaldívar que el investigador había realizado al tribunal el 9 de noviembre. Pese a ser de carácter reservado, hasta el miércoles en la mañana los antecedentes permanecían en el sitio web del Poder Judicial, en su sección de tramitación de causas penales.
Su acceso fue bloqueado recién tras conocerse la información publicada en el diario La Tercera.
«Ello cobra particular relevancia y gravedad cuando estamos hablando de investigaciones preliminares, particularmente complejas y delicadas en la mayoría de los casos en que esto ha ocurrido», señala Abbott, y agrega: «De modo que, potencialmente, se ha podido afectar la protección de víctimas y testigos cuyos antecedentes aparecen públicamente expuestos, la honra de personas amparadas por el principio de inocencia y, sin duda, la eficacia de persecución penal a través de la frustración de múltiples diligencias de investigación».
Adopción de medidas
Más adelante, y para sustentar su postura, Abbott planteó que la publicación de antecedentes reservados a través de los sistemas informáticos del Poder Judicial ya había ocurrido en al menos dos indagatorias más que lleva adelante la fiscalía, y menciona los casos Sename y Fraude en Carabineros; en este último caso, y tras la divulgación de antecedentes, la fiscalía debió adelantar detenciones.
«Por ello, y junto con manifestar, como se señaló, la profunda preocupación que como órgano persecutor el tema nos merece, quiero solicitarle la adopción de todas las medidas necesarias para que estas situaciones, gravísimas por todos los aspectos involucrados y en riesgo, según manifesté en párrafos anteriores, se sigan produciendo», plantea.
Ya en el último párrafo, el fiscal nacional, además, solicita instruir colaboración del Poder Judicial, incluida la Corporación Administrativa del organismo para el esclarecimiento de los hechos en la causa abierta por el delito de violación de secreto, que está siendo indagada por la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
Lo anterior, «en el entendido que la pronta resolución y esclarecimiento de los mismos contribuirán a la credibilidad del sistema de justicia penal, en su conjunto», concluye Abbott.
Tras hacerse pública la investigación, la fiscalía tuvo que reactivar las pesquisas. Todo esto, en medio de los cuestionamientos de los parlamentarios que criticaron duramente el actuar el Ministerio Público.
Durante el miércoles, detectives de la PDI se constituyeron en el edificio de cancillería, dado que uno de los antecedentes vinculaba al caso al director de Asuntos Consulares, Carlos Appelgren, a quien se le preguntó si hubo gestiones del senador sobre las visas que el empresario Jofré tramitaba para 23 ciudadanos chinos, a lo que habría respondido que hubo consultas de Zaldívar por ese tema y que las visas fueron denegadas, pues no cumplían los requisitos.
Filtración
Además de la fiscalía,el 7° Juzgado de Garantía inició una investigación interna por este hecho.