Abbott defiende salidas alternativas en casos políticos y justifica falta de resultados en La Araucanía apuntando a los jueces

Salió una vez más a responder a las críticas por los términos judiciales sin condena en los casos de financiamiento irregular de la política y abordó los escasos resultados que se han obtenido en las causas por violencia en La Araucanía. El fiscal nacional, Jorge Abbott, en un discurso que se prolongó por cerca de una hora, rindió ayer su tercera cuenta anual.

«Acá no hay espacios para intereses ni protagonismos personales», dijo al iniciar su exposición. «Somos una institución jerarquizada, donde el ejercicio de la acción penal está radicado en los fiscales regionales y excepcionalmente en el fiscal nacional (…) Quienes no lo entiendan así están en la institución equivocada», afirmó.

Frente a los delitos de corrupción y pese a la gravedad de ellos, Abbott precisó que representan solo el 0,2% de las investigaciones que asumió la fiscalía durante 2017. Luego defendió las salidas judiciales sin condena aplicadas en estos casos.

«Sería fácil oír los cantos de sirena de la popularidad»

«Insistentemente, parecen no satisfacer las expectativas de quienes creen que el valor de la solución al conflicto penal se asienta de manera exclusiva en condenar a los acusados en procesos orales y públicos, sin apreciar que las condenas se fijan en las sentencias que determinan las mismas, las que incluso pueden ser mayores en salidas alternativas al juicio oral», planteó. Y añadió: «Para la fiscalía sería fácil oír los cantos de sirena de la popularidad, pero estaríamos no solo renunciando a nuestras propias convicciones, sino también dejando de ser fieles a los valores y principios que deben guiar nuestro actuar».

Dijo, además, que se hace imprescindible ampliar el plazo de prescripción de los delitos electorales y aumentar las penas y estándar probatorio.

«Hay un tema que no quisiera eludir y tiene que ver con que muchas de estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado», indicó, agregando que «los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen». «Lo que digo es que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos», puntualizó.

Y al abordar los casos SQM, Penta, Corpesca y Caval y la complejidad de esas investigaciones planteó que «tal vez la incorporación en Chile de sistemas de delación compensada, que en otros países han llegado a lo más alto en la pirámide del Estado y del mercado, permitirían que la sanción penal no quede limitada solo a los grupos intermedios».

«Es necesario debatir con la judicatura»

Junto con ello, Abbott deslizó críticas contra los jueces de la macrozona de La Araucanía por la manera en que valoran la prueba en los casos de violencia rural y delitos terroristas.

El fiscal nacional explicó que la complejidad para identificar a los responsables de ataques incendiarios es «consecuencia directa de las escasas evidencias y medios de prueba que es posible recolectar en estos sitios del suceso, lo que acarrea serios contratiempos para producir evidencias que cumplan los estándares de admisión para un juicio oral». Y ese problema, dijo, implica una seria dificultad relacionada con la falta de valoración que hacen los tribunales de la prueba indiciaria, particularmente, en casos de violencia rural.

Para Abbott, se ha dado la «paradoja» de que los únicos sujetos condenados por actos de violencia son aquellos a los que los testigos lograron identificar. Por ello, planteó que «es necesario debatir con la judicatura cómo incorporar en el proceso penal su análisis y valoración de la prueba indiciaria, yendo más allá de los actos de mera constatación». Ejemplificó con el caso de la familia Luchsinger McKay, en que el tribunal oral absolvió a los acusados y ahora la fiscalía, tras recurrir de nulidad, está en un segundo juicio intentando conseguir una condena.

La réplica desde el Poder Judicial la entregó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Al término de la ceremonia, comentó: «Esa es una opinión acerca de la valoración, que tendrá que ser tomada en cuenta como cualquier otra de carácter jurídico; no es más que eso». Y agregó, bajando el perfil a las críticas, que «lo veo como el señalamiento de un hecho que para el Ministerio Público tiene relevancia, pero que no tiene mayor trascendencia que eso, una discusión de orden jurídico y técnico».

Aumento de penas
Planteó la necesidad de legislar respecto de las penas y estándar probatorio en delitos de corrupción.

1,3 millones de delitos tramitó la fiscalía en 2017. Los robos estuvieron entre los más denunciados.

9% aumentaron las denuncias de delitos sexuales en el período. Fue una importante alza.

4,8% bajaron los delitos económicos y tributarios, pero los de corrupción se elevaron.

705 días demora la tramitación de casos de corrupción con salida judicial; 375 el resto.

51% crecieron los delitos que consuman los jóvenes, de acuerdo a los datos de la fiscalía.

30% es la tasa de imputados conocidos en las causas investigadas con análisis criminal.

100 mil víctimas y testigos fueron derivados a las unidades regionales para su atención.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

«Lo importante es que los distintos indicios, que se presenten como medios de prueba, le permitan al tribunal llegar a convicción».
CARLOS PALMA
FISCAL REGIONAL DE AYSÉN

Persecución penal, política comunicacional y agresiones

La máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, también dedicó algunos minutos a la política nacional de persecución penal que está aplicando la fiscalía y el sistema de análisis criminal y foco investigativo, cuyo objetivo es «la desarticulación de la actividad delictiva de las bandas organizadas y de los círculos criminales de mayor capacidad operativa». Abordó además la reciente política comunicacional implementada, que «explicita -a su juicio- las obligaciones legales que deben observar los miembros de la fiscalía, en materia de difusión de sus tareas institucionales» y, aclaró, que «no es, en caso alguno, una cortapisa a la libertad de expresión».

Hacia el final tuvo palabras para fiscales y funcionarios, luego que en distintas ocasiones su seguridad se viera amenazada. Llamó a avanzar en el proyecto de ley sobre la materia y al Poder Judicial a tomar medidas, por la vía administrativa, en los tribunales.

Tasa de archivo de causas no experimenta variación relevante

En 2016 estuvo en 46%, al año siguiente en 47%. La variación no fue relevante, pero se encuentra dentro de un rango aceptable si se intenta una comparación con otros países. Datos de 2012 muestran, por ejemplo, que en Alemania y Francia eran un 56% y 54% los casos por falta de identificación del hechor (hipótesis central bajo la cual se realizan los archivos en Chile), según información recogida por el profesor de derecho UDP Mauricio Duce.

Abbott explicó ayer las cifras nacionales: «Estamos cambiando nuestros procesos internos justamente para mejorar esa tasa», pero recordó que «como el número de asuntos archivados es muy alto, la incidencia de un año a otro en términos porcentuales es difícil de concretar, pero tampoco vamos a tener aumentos significativos. Podremos bajar el 2 o 4%, pero no puedo decir que en tres años más estaremos en un 40%; sería mentira».

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