Abbott designa enlace de fiscalía con oficina vaticana de denuncias por abusos sexuales

Fueron entre 40 y 50 minutos los que estuvieron reunidos el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbot, y el enviado papal y arzobispo de Malta, Charles Scicluna, ayer en la Nunciatura Apostólica, por los casos de abusos sexuales denunciados en distintas regiones del país que involucran a sacerdotes de la Iglesia Católica.

También participó en el encuentro el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien horas antes ingresó con una orden de entrada y registro al Arzobispado de Santiago (ver recuadro).

Es uno de los tres fiscales jefes que encabezan indagatorias por abusos sexuales. Los otros dos: el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien instruye el caso Maristas, y su par del Maule, Mauricio Richards.

Scicluna insistió en la reunión -a la que asistió con el sacerdote español Jordi Bertomeu- en el ánimo de colaboración de la Iglesia con la justicia civil, como lo hiciera por la mañana, poco después de iniciados los allanamientos en la capital y en la Diócesis de Rancagua.

Por su parte, Abbott aseguró que estas incautaciones son usuales, aunque aclaró que en Rancagua el obispo Alejandro Goic negó la información solicitada, y en Santiago «no tuvimos ninguna dificultad».

«Necesidad absoluta de cooperación»

«Hemos compartido con monseñor Scicluna la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile, para avanzar en este tipo de investigaciones, poder establecer quiénes son los responsables e instar por el castigo de los mismos», afirmó Abbott.

La Fiscalía Nacional trabaja en un requerimiento de cooperación internacional al Vaticano, pidiendo información que pudiera ser útil a las indagatorias en curso en el país o de cualquier otro hecho que involucre a potenciales víctimas chilenas aún no denunciado al Ministerio Público.

Hizo además un anuncio complementario al realizado en la víspera por el enviado papal. Decidió la creación de un «enlace» en el Ministerio Público para vincularse con la oficina vaticana de denuncias que se instalará en Chile. Esa labor estará a cargo de la unidad especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, que dirige Luis Torres.

«Vamos a establecer un sistema de relacionamiento -explicó Abbott- con la institución, de modo tal que las personas tengan la certeza de que nuestras unidades de víctimas y testigos van a darles la protección necesaria para que puedan hacer libremente las denuncias (penales) que correspondan».

El problema de la prescripción

Sin perjuicio de ello, uno de los eventuales problemas que pueden enfrentar estas indagatorias es el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, dados los plazos de prescripción.

Pero el fiscal Raúl Guzmán aseguró que el «compromiso es con el establecimiento de la verdad y luego dar la solución jurídica a esa verdad», aunque los hechos sean de antigua data. Lo que Abbott refrendó, porque -dijo- aún prescrito el delito, determinar la verdad es un modo de reparar a las víctimas.

Requerimiento
La fiscalía trabaja en un requerimiento de información que se enviará al Vaticano.

«Hemos compartido con monseñor Scicluna la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile, para avanzar en los casos y poder establecer quiénes son los responsables».
JORGE ABBOTT
Fiscal nacional

«Esta investigación se refiere no solo a los autores de los delitos, sino también a los cómplices y encubridores que en definitiva posibilitaron la comisión de delitos sexuales al interior de una organización».
EMILIANO ARIAS
Fiscal regional de O’Higgins

Fiscales de Rancagua incautan documentación de investigaciones previas y canónicas por abuso sexual

Computadores, disco duros y documentación fue parte del material que incautó ayer la Fiscalía Regional de O’Higgins en el Obispado de Rancagua y en el Tribunal Eclesiástico de Santiago.

A las 11.20 de la mañana comenzó el allanamiento simultáneo en ambos lugares. En Santiago estaba el fiscal regional de O’Higgins, y en Rancagua, el fiscal adjunto Sergio Pérez.

La orden era incautar todas las investigaciones previas y canónicas -que son las que llegaron al Vaticano- por abuso sexual entre 2007 a la fecha. Se pidió información de al menos 15 sacerdotes. Catorce de ellos de Rancagua (uno de ellos es el párroco de Paredones, Luis Rubio Contreras) y otro de Santiago (el ex canciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz Toledo). Esta diligencia, además, incluía a las diócesis de la región.

El fiscal Pérez pidió una orden de incautación, porque no recibió de manera voluntaria la información solicitada en Santiago. La Iglesia invocó la reserva eclesiástica para denegar la entrega de los antecedentes.

«Esta investigación se refiere no solo a los autores de los delitos, sino también a los cómplices y encubridores que, en definitiva, posibilitaron la comisión de delitos sexuales al interior de una organización», dijo ayer el fiscal Arias.

El fiscal aclaró que no se «investiga a la Iglesia Católica. Estoy investigando a personas naturales que han cometido delito y son parte de la Iglesia Católica».

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