Nuevo proyecto de notarios termina con el cargo vitalicio y fomenta competencia

En los próximos diez días el Gobierno anunciará el nuevo proyecto que cambiará el sistema notarial para modernizarlo y plantear una nueva forma de elección de estos oficios, que hasta ahora son de carácter vitalicio.

La elaboración de la propuesta está hecha y lo que resta es que el Presidente Sebastián Piñera le dé el visto bueno.

El Ministerio de Justicia trabajó sobre la base de otras dos propuestas: una de Teodoro Ribera durante el primer gobierno del Mandatario, y otra de Jaime Campos, en el último año del gobierno de Bachelet. De ellas, se rescataron los acuerdos y se quedó con lo mejor de cada una en particular, para formular un proyecto que subsane históricas deficiencias y termine con un sistema que, para muchos, se volvió el símbolo de lo burocrático.

Según conocedores del trabajo de la cartera, una de las grandes novedades que trae el cuerpo legal es que termina con el cargo vitalicio de notario, lo cual ya anticipa una polémica desde el gremio.

Otro aspecto de gran relevancia para el público es que se «desnotarizan» ciertos trámites que, hasta hoy, requieren ir a estos lugares obligatoriamente, como conseguir un certificado de soltería, o inscripción en el registro de no donantes, entre otros.

La idea es que el Registro Civil pueda emitir este tipo de certificados online y no se requiera de un trámite engorroso. En ese sentido, la mirada que hay es de modernización del Estado, en cuanto a reformular el rol de una notaría y que menos trámites tengan que hacerse necesariamente donde un notario.

El tercer punto prioritario en el nuevo proyecto tiene que ver con la forma en que en el futuro se designará a los notarios. Se explica que el sistema de selección será en base al mérito y en un mecanismo transparente. No obstante, el 21 de marzo de 2018, ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a este asunto. Dijo que era partidario de un curso de habilitación a cargo de la Academia Judicial. Que no podrán ser notarios suplentes ni interinos quienes no hayan aprobado el curso de habilitación. Habló de extender incompatibilidades a miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial. Se mostró partidario de un examen obligatorio de conocimientos jurídicos y perfil psicológico. Y que las ternas que entrega el Poder Judicial al Ejecutivo contemplaran solo a los que obtuvieran los 10 primeros lugares del examen de cada concurso.

En cuanto a la fiscalización, su idea era sustraerla de las Cortes de Apelaciones y radicarla en la Fiscalía Judicial. Los fiscales podrían investigar y, en su caso, formular cargos. Sin embargo, la aplicación de sanciones correspondería al Tribunal Pleno.

Junto con el anuncio del nuevo proyecto, en la misma oportunidad se dará a conocer qué ocurrirá con el Decreto 1.515 que dejó el ex ministro Jaime Campos, que crea 101 nuevas plazas de notarios y conservadores.

Al respecto, lo que trascendió es que en la mira del Gobierno está el fomentar la competencia, para impedir que ocurran hechos como el que advirtió la Fiscalía Nacional Económica al detectar sobreprecios de hasta un mil por ciento por sobre el arancel, aun cuando haya consenso en que el arancel debe actualizarse.

Examen
Si se aprueba el proyecto, ya no bastará con la terna de la Corte, sino que habrá que rendir un examen.

»Nuestro proyecto de ley busca cambiar radicalmente el sistema… Vamos a generar un sistema nuevo de fiscalización que permita realmente cumplir los objetivos de estar encima y evitar cualquier abuso o daño». HERNÁN LARRAÍN Ministro de Justicia reaccionando al negativo informe de la Fiscalía Nacional Económica, el 20 de junio.

 Hitos

El Código del Notariado data de 1925. Reprodujo un antiguo proyecto de 1831 que a su vez se basaba en el cuerpo normativo llamado «Las Siete Partidas», del reinado de Alfonso X de Castilla (1252-1284).

El proyecto de Teodoro Ribera data de octubre de 2012. Partía de la base de la importancia vital que tiene la fe pública notarial y registral y, por tanto, planteaba la examinación obligatoria de conocimientos, no solo para quienes desearan ingresar a los cargos, sino también para quienes pretendían ascender dentro de esa carrera funcionaria.

El SERNAC asumía en ese proyecto la potestad de fiscalizar las tarifas y los servicios a los usuarios.

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