Abusos: Abbott insta a nombrar fiscales preferentes y entrega catastro de casos la próxima semana

Distintas jurisdicciones adoptaron la decisión de nombrar fiscales preferentes para investigar las denuncias por abusos sexuales que puedan involucrar a sacerdotes u otros miembros de la Iglesia Católica y, en los últimos días, el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, quiso hacer extensiva la medida al resto del país.

No dictó una instrucción general y tampoco ofició. Optó por que se realizara la solicitud mediante un correo electrónico enviado el pasado 12 de julio por el director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres.

Su repartición coordina y apoya desde Santiago las indagatorias actualmente en desarrollo -como el caso Maristas en la zona sur de la capital y el de la Cofradía en Rancagua, entre otros- y opera además como enlace con la oficina vaticana instalada para este tipo de denuncias en Chile.

El objetivo es que en las 18 fiscalías regionales del país haya un fiscal dedicado particularmente a estas causas, aunque no de manera exclusiva, y en aquellas jurisdicciones donde eso no resulte posible, al menos que exista un «punto de contacto». Es decir, una persona que esté en permanente comunicación con la unidad especializada en estas materias a nivel central del Ministerio Público, informaron desde la Fiscalía Nacional.

Paralelamente a esta determinación de Abbott, la unidad que encabeza el abogado Torres afina los últimos detalles del catastro nacional de causas que involucran a integrantes de la Iglesia -incluido número de imputados, de víctimas, delitos y estado de avance de las denuncias- y la próxima semana se entregarían los resultados finales.

Ese informe servirá de insumo para posteriormente preparar los requerimientos de cooperación internacional que serán despachados al Vaticano.

Con esa solicitud, la fiscalía busca obtener información que pudiera ser útil a las indagatorias en curso o enterarse de cualquier otro hecho no denunciado penalmente que involucre a potenciales víctimas chilenas, sean los agresores nacionales o extranjeros.

Una diligencia de similares características anunció el martes recién pasado el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien enviará un requerimiento para pedir el informe elaborado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna.

Hay quienes consideran difícil que el investigador obtenga copia de dicho reporte, dada la reserva de los testimonios recogidos en él. A esas aprensiones, el fiscal Guzmán respondió ayer, diciendo: «Debemos recordar lo que señalaron los propios representantes del Vaticano en su oportunidad, cuando vinieron hace un mes a Chile. Scicluna y (el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Jordi) Bertomeu afirmaron que la Iglesia está llana a entregar todos los antecedentes a la justicia civil para que se investiguen estos hechos y sean sancionados».

Designados
Al menos en Temuco, Valdivia y la fiscalía metropolitana Sur habría ya fiscales preferentes.

»Debemos recordar lo que señalaron los propios representantes del Vaticano, cuando vinieron hace un mes a Chile (…) afirmaron que la Iglesia está llana a entregar todos los antecedentes». RAÚL GUZMÁN Fiscal regional metropolitano Sur y quien dirige caso Maristas

Sacerdote Jorge Laplagne, investigado por abusos en Santiago, insiste en su inocencia

El suspendido párroco de las iglesias de Nuestra Señora de Luján (Ñuñoa) y San Crescente (Providencia), Jorge Laplagne, señaló que «esperaré los resultados de la investigación del Arzobispado de Santiago para tomar contacto con la prensa o quien solicite mi versión de los hechos. Existe una investigación en curso y respetaré este proceso cabalmente, hasta que se demuestre mi inocencia».

Laplagne contrató a un abogado para su defensa, quien declinó dar declaraciones a este medio. El presbítero señaló que «participaré activamente de toda instancia que logre esclarecer los hechos apuntados».

El pasado viernes, el Arzobispado de Santiago informó que el religioso había sido cesado de sus funciones, luego de que se instruyera una nueva investigación en contra de Laplagne, por un supuesto caso acaecido hace 13 años, cuando la víctima (un varón) era menor de edad. La primera fue realizada en 2010, pero en esa ocasión no se acreditaron los hechos.

El sacerdote envió esta comunicación a través un correo electrónico. En la misiva, expresó su gratitud por los gestos de solidaridad que ha recibido. «Agradezco a quienes han confiado en mí, dándome su apoyo y oración en estos momentos tan difíciles para nuestra Iglesia».

El proceso de investigación canónica durará 60 días. En tanto, el sábado y domingo pasados, el vicario Francisco Llanca informó a los feligreses de Nuestra Señora de Luján y de San Crescente sobre la situación que afecta al religioso.

Sacerdotes de Concepción analizan denuncias

A puertas cerradas, más de 30 sacerdotes de la Diócesis de Concepción participaron ayer del encuentro mensual de la Iglesia de la zona. En la ocasión, se analizó la denuncia contra el presbítero Hernán Enríquez, acusado de abusar de un menor en 2002. Tras la cita, a la que no asistió el aludido, el padre Edgardo Ojeda dijo que «hemos conversado las contingencias que están ocurriendo estos días», y añadió que «estamos dolidos».

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