Sala Penal por libertades condicionales: «Lo que hacemos es aplicar la ley vigente»

El debate se trasladó ayer al Palacio de los Tribunales ante el anuncio de una eventual acusación constitucional de un grupo de congresistas de la oposición contra los ministros de la Corte Suprema que votaron a favor de conceder libertades condicionales a condenados por violaciones de los derechos humanos,

Los integrantes titulares de la Sala Penal, en conversación con «El Mercurio», abordaron por primera vez a la polémica que generaron sus fallos en los últimos días.

Su presidente, Hugo Dolmestch, y los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama y Jorge Dahm, coinciden en que están «aplicando la ley vigente» y en que no hay abandono de sus deberes, uno de los requisitos para interponer una acusación constitucional.

Sobre si es necesario introducir cambios a la legislación, hay opiniones divididas.

Dolmestch: «El arrepentimiento no está en la ley»

Dolmestch, presidente de la sala y ministro, dijo que está «dentro de sus funciones (de parlamnetarios)» la posibilidad de acusar constitucionalmente. Y, frente a los cuestionamientos, afirmó: «Estamos cumpliendo con la ley. El tema del arrepentimiento no está en la ley».

Además es partidario de realizar cambios en la legislación. «Siempre es bueno. Todo esto debe arreglarse por la vía legislativa. Yo lo planteé tantas veces cuando era presidente de la Corte Suprema. Hay que aclarar a quiénes le corresponde y a quiénes no».

Künsemüller: «Es un problema de política criminal»

La segunda antigüedad de la sala, Carlos Künsemüller, planteó que los congresistas «están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias».

Sin embargo, respecto de la posible presentención, advirtió: «No sé en qué consiste el abandono (de deberes). Lo que hacemos es aplicar la ley vigente. El tribunal estima que sí es legal darle la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, si cumplen con los requisitos».

Para el juez, en tanto, un cambio de ley en esta materia es un «problema de política criminal» que lo de resolver el Ejecutivo y el Congreso zanjar si «se debe prohibir para los condenados de lesa humanidad».

Valderrama: «Aplicamos las leyes que nos da el Legislador»

También el ministro Valderrama piensa que esta es «una facultad que tienen nuestros legisladores», coincidió el ministro Manuel Valderrama acerca del anuncio de una acusación. Y dijo, en la misma línea que sus pares, que «aplicamos lo que el ordenamiento jurídico nos proporciona. Somos jueces y debemos aplicar la ley interpretándola y respetando normas».

Cree, asimismo, que un cambio de ley es materia legislativa, pero que si quieren poner requisitos más exigentes para los delitos de lesa humanidad, como el arrepentimiento y la colaboración, «están en su derecho y es su facultad. Aplicamos las leyes que nos da el Legislador».

Cisternas: «Creo que no procede la acusación»

En opinión del vocero de la Corte Suprema y miembro de la sala, Lamberto Cisternas, «corresponde al funcionamiento de las instituciones establecidas en la Constitución, pero creo que no procede (la acusación) porque no hay abandono de deberes, los ministros resolvieron el asunto en un plazo oportuno. Pensar que debe resolverse de una manera determinada significa forzar el juzgamiento y, en consecuencia, se pierde la independencia». Y, el juez recalcó que «sí están cumpliendo con la ley» a la hora de resolver.

Agregó que «el Poder Judicial se ha visto en la obligación de recurrir a los elementos que tiene para fallar. Si lo que se desea es que los condenados por delitos de lesa humanidad, o cualquier otro, no puedan acceder al derecho de libertad condicional, hay que decirlo expresamente y será obedecido de esa forma».

Dahm: sí se requieren cambios en la ley

Para el ministro Dahm estas «son opiniones (las de una posible acusación) y tienen derecho de hacer apelaciones y de apreciar los hechos a su manera. Cada uno cumple la labor como entiende que debe cumplirse».

Aunque, al igual que su pares, cree que están cumpliendo con sus deberes. «Sí estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Y cada uno interpreta la ley como la entiende, no a su gusto ni capricho, sino como la entiende».

Dahm, que resuelve caso a caso, piensa que sí es necesario un cambio de ley y «que todo el sistema de cumplimiento de pena hay que modernizarlo. Hay delitos que quedaron afuera como el secuestro, que no es exclusivo de los derechos humanos. Se requiere un tratamiento más completo».

En medio de la polémica, juró ayer la nueva ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y tras esa actividad, el propio presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito-quien integró la Sala Penal hasta el año pasado- abor´do el tema. «Los (congresistas) -dijo- están en su derecho de expresar su opinión, al igual que los jueces las expresan en sus sentencias», aunque planteó: «indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas».

Vivanco, por su parte, sin entrar en detalles, comnetó: «me gustaría como ministra que podamos ir avanzando en conjunto todos los poderes del Estado en favor de los derechos fundamentales».

«Se van a arrepentir porque están equivocados. Los beneficios condicionales no están prohibidos en la Constitución».
RUBÉN BALLESTEROS
Ex presidente de la Corte Suprema y ex integrante de la Sala Penal

 Rechazan beneficio a piloto de «Caravana»En medio de la polémica, ayer se conoció un nuevo fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema. Esta vez, sin embargo, rechazó un recurso de amparo y negó la libertad condicional a Felipe Polanco Gallardo (62), piloto de la «Caravana de la muerte».

La decisión la adoptaron los ministros Hugo Dolmestch (presidente), Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Antonio Barra y Ricardo Abuauad.

Tres de los jueces eventualmente podrían enfrentar la acusación constitucional que evaluaban congresistas.

La sentencia establece que el amparado es objeto de un juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la misma naturaleza.

También ayer falleció el ex comisario de Investigaciones Risiere Altez España, quien cumplía condena por secuestro calificado en Punta Peuco. El ministro Mario Carroza, viéndolo deteriorado y senil en una visita al penal y tras ordenarle exámenes en el SML, le dio libertad condicional, que cumplió en el Hospital de Carabineros, donde falleció a los 90 años.