Viene «cambio copernicano» con reforma procesal civil: Gobierno se compromete a aprobarla en su gestión

En el Salón de Sesiones del antiguo Congreso Nacional, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, congregó a voces autorizadas para socializar los avances del proyecto de Reforma Procesal Civil.

«En un período donde, como país, hemos efectuado grandes reformas a distintos procedimientos judiciales, la reforma al proceso civil es la gran deuda pendiente que tenemos y que hemos resuelto asumir y aprobar durante la gestión del actual Gobierno», comprometió el secretario de Estado.

La Comisión para la Reforma Procesal Civil, que convocó el propio ministro, funciona semanalmente desde marzo de este año. Hablaron en su nombre el coordinador de la instancia, José Pedro Silva (ver recuadro); el ministro Héctor Carreño, de la Corte Suprema; y Raúl Tavolari, ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. También fue invitado a exponer el presidente de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Francisco Huenchumilla.

El ministro Larraín planteó que la Reforma Procesal Civil conlleva un completo cambio de mirada respecto de la solución de conflictos: buscará asegurar a la gente acceso efectivo a una justicia civil de calidad. Esto supone la adopción de un nuevo paradigma en la solución de conflictos jurídicos civiles, incorporándose la mediación como una herramienta clave. También apuntará a fortalecer el rol del juez en la resolución de conflictos, así como a disponer un diseño orgánico moderno territorial más ágil, que aproxime la justicia a la ciudadanía.

«Debemos reconocer que, como país, estamos avanzando más lento que nuestros vecinos de la región en este ámbito, lo que quisiera convertir en un aliciente para que trabajemos todos juntos y con prontitud en pos de un objetivo común: acercar la justicia a las personas, lo cual, de alcanzarse, constituirá un cambio copernicano», dijo Larraín.

El ministro Héctor Carreño, de la Suprema, en tanto, advirtió que hay dos aspectos que se deben discutir. Uno relacionado con el derecho al recurso. «Quizás hay algunas causales que son demasiado amplias y hay que acotarlas». Y, otro, es la figura del oficial de ejecución. «Yo fui expresamente a París a mirar el funcionamiento del oficial de ejecución, a quien se le encarga la cobranza. Y lo que sucede es que en Europa la mayoría de los créditos se pagan. Tenemos que revisar estadísticamente cuál va a ser la respuesta del deudor frente a un oficial de justicia acá, y con eso definir. Porque si en Chile la respuesta no va a ser tan positiva, si el deudor no paga u opone excepciones, se va a terminar judicializando el proceso».

En la administración anterior del Presidente Piñera se había pensado en un recurso excepcional para llegar a la Suprema y en un oficial de ejecución, como recordó el juez. En la actual, sin embargo, las propuestas en estos temas son distintas.

Balanza
De un millón 33 causas ingresadas el 2017, el 63% correspondió a juicio ejecutivo y sólo el 9% a juicio ordinario.

»El sistema civil se ha orientado casi exclusivamente al cobro de deudas comerciales y no a brindar acceso a la justicia a la enorme mayoría» HERNÁN LARRAÍN Ministro de Justicia

»Todo Gobierno que quiera asumir esta tarea tiene que pensar que esto requiere de un financiamiento similar al que tuvo la reforma procesal penal» HÉCTOR CARREÑO Ministro de la Corte Suprema

»La idea es, sobre todo, tecnologización: embargos y subastas electrónicas de bienes muebles e inmuebles, lo cual le da más garantía y transparencia al sistema» JOSÉ PEDRO SILVA Coordinador de la Comisión

José Pedro Silva, coordinador de la comisión: Un consenso es volver al recurso de casación, pero con elementos que le dan mayor estabilidad

La Reforma Procesal Civil entró, al fin, en tierra derecha, comenta el coordinador de la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Civil, José Pedro Silva.

Pero la historia es larga. Este proyecto que se está encaminando -hubo otros dos intentos- ingresó el 12 de marzo de 2012 al Congreso y se tramitó durante dos años en la comisión de Constitución de la Cámara. Cuando pasó a Sala, el entonces gobierno entrante de Michelle Bachelet retiró dos aspectos clave: la figura de los oficiales de ejecución y el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La primera estaba siendo cuestionada y, por otra parte, había en la academia mucho cuestionamiento al recurso excepcional ante la Suprema.

-¿Y cómo lo resuelven hoy, cuando ya llevan adelantado largo trabajo y discusión?

-El proyecto ahora no contempla la figura del oficial de ejecución. Considera la ejecución de juicios ejecutivos dentro del tribunal civil, pero con un fuerte apoyo de unidades administrativas. Los juicios ejecutivos son casi el 70% de los litigios.

-¿Cómo piensan abordar estos juicios ejecutivos?

-La idea es sobre todo tecnologización: subastas electrónicas de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo, lo cual da más garantía al sistema y más transparencia, y otras figuras, como los embargos electrónicos. Se vuelve, por otra parte, al recurso de casación, con algunos elementos para darle mayor estabilidad al recurso ante la Corte Suprema.

-¿De qué manera esperan darle mayor estabilidad al recurso de la Suprema?

-Elevando, por ejemplo, los quórum para poder modificar la doctrina y que algunos casos deban ser conocidos por el pleno de la Corte Suprema. Y que la doctrina que exige el pleno solamente pueda ser cambiada por el mismo pleno. De ese modo, se le introduce una mayor importancia a la doctrina de la Corte Suprema, para que sirva de guía a los demás tribunales de la República y permitan a las personas que accedan a la justicia actuar con cierto grado de certeza. Pero sin descuidar que, como se trata de un recurso, también tiene que atender a la justicia particular.

El recurso es, en definitiva, el de casación, que reemplaza al recurso extraordinario que no tuvo acogida en la comunidad jurídica. «Después de un estudio profundo, se ha llegado a un punto de consenso. Hay acuerdo en este nuevo recurso porque intenta armonizar muy bien la generación de los recursos particulares con la doctrina jurisprudencial. Hay un punto de balance entre estos dos bienes».

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