Suprema decide no anular seis libertades condicionales a condenados por DD.HH.
Sala penal:
Estimaron que cuestionamientos a abogado integrante no influyen en medida final, que fue unánime.
En medio de la acusación constitucional a tres de los cinco ministros que componen la Sala Penal de la Corte Suprema, ayer se resolvió no anular la vista de la causa en la cual se habían concedido seis libertades condicionales a condenados de violaciones de derechos humanos, por la vía del recurso de amparo.
La solicitud la había realizado la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), argumentando la falta de imparcialidad del abogado integrante Ricardo Abuauad, que estuvo presente en estos seis casos en que se concedió la libertad condicional y que generó la acusación constitucional a los supremos Hugo Dolmestch (presidente), Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama.
La agrupación denunciaba que Abuauad es socio en un estudio jurídico con el abogado Tomás Zamora Maluenda, que defiende a militares involucrados en causas de violaciones a los derechos humanos. Además se lo cuestionaba por haber estado procesado en una causa de estos casos, decisión que fue revocada en su oportunidad.
Los ministros Dolmestch, Künsemüller, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm rechazaron la nulidad argumentando que el voto del abogado no tiene efecto en la decisión final, ya que fue unánime.
Los supremos sostienen que el procesamiento en contra del abogado integrante había sido dejado sin efecto. Sobre el cuestionamiento acerca de que Abuauad no debió haber integrado la sala por sus inhabilidades, los ministros sostienen que debió haber planteado la recusación antes de que se vieran las seis causas. Agregan que estas son «decisiones éticas».
Entre los beneficiados están el oficial (r) del Ejército Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado a cinco años y un día por el crimen del químico Eugenio Berríos, y el suboficial (r) de Carabineros Gamaliel Soto Segura, quien estaba condenado a 10 años por el secuestro calificado de dos hermanos, ocurrido en Cunco, Región de La Araucanía, en 1974.
El otro es el ex coronel Moisés Retamal Bustos, quien en octubre de 2017 ya había conseguido libertad dominical. El militar está condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973. Los otros reclusos son los suboficiales mayores (r) del Ejército Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández, los que estaban condenados a cinco años y un día por detención y torturas, y la desaparición de un militante del MIR, ocurrida en noviembre de 1973, en Copiapó.
Solicitud
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) había pedido anular los beneficios.