Corte paraliza parcialmente investigación en caso de eventual encubrimiento de abusos en la Iglesia

La tramitación judicial de la investigación por eventuales encubrimientos de delitos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica fue paralizada parcialmente desde ayer.

La decisión fue adoptada, en un fallo unánime, por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que acogió una orden de no innovar del Obispado de Valparaíso que cuestiona la incautación realizada el 13 de septiembre pasado.

La resolución de los ministros Emilio Elgueta (presidente), Marcelo Vásquez y del abogado integrante Juan Guillermo Briceño es del lunes 1 de octubre, pero fue notificada este jueves. Justo en momentos en que el Juzgado de Garantía de Rancagua se aprestaba a enviar la declaración de incompetencia al 13° Juzgado de Garantía de Santiago, que tiene la jurisdicción de la comuna de Macul, para que se tramitara esta causa.

Ocho días para informar

Esta paralización ordenada por el tribunal de alzada de Rancagua implica que el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, y el persecutor Sergio Moya no podrán solicitar ninguna medida intrusiva al tribunal, como incautaciones. Tampoco se podrá realizar ninguna audiencia en esta causa, hasta que la Corte resuelva el fondo del recurso de protección, lo que podría ocurrir a lo menos en unas dos semanas más. El Juzgado de Garantía de Rancagua tiene ocho días para informar al tribunal de alzada y enviar todos los antecedentes que digan relación con la presentación.

Las audiencias pendientes son la solicitud de sobreseimiento definitivo que realizó, primero, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. El cardenal no declarará ante la fiscalía hasta que se resuelva esta petición ante un tribunal. Hizo esa misma solicitud ayer el excanciller del Arzobispado Óscar Muñoz, investigado por abusos sexuales y estupro.

La decisión de la Corte no tendrá implicancias en las diligencias que tiene programada la fiscalía en los próximos días para tomar declaración en calidad de imputados a los obispos eméritos Juan Barros, de Osorno (5 de noviembre), y Gonzalo Duarte, de Valparaíso (22 de octubre). También citó en la misma calidad al presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense, Santiago Silva (29 de octubre), y al sacerdote Raúl Hasbun (10 de noviembre).

«Peligro de un nuevo allanamiento»

El recurso de protección fue interpuesto el 26 de septiembre ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero esta decidió no tramitarlo porque le correspondía a la jurisdicción de Rancagua.

En la presentación, Luis Meneses Iturriaga -vicario judicial de la diócesis y juez del Tribunal Eclesiástico de Valparaíso- dice que se han vulnerado diversos derechos garantizados en la Constitución: no mantener el debido sigilo exigido de este tipo de diligencias, el respeto a la protección al trabajo, el de propiedad -por los computadores incautados- y la honra.

El recurso se funda, además, en «el peligro de una nueva intervención (allanamiento)» que no cumpla con el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a «que para proceder al examen y registro de lugares religiosos el fiscal debería haber oficiado previamente a la autoridad, informado la práctica de dicha actuación, en una comunicación que debió ser remitida a lo menos con 48 horas de anticipación. Por lo demás, no aparece en la orden que no se procedería según lo dispuesto legalmente ‘porque fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia'», dice la presentación.

También cuestiona que no se cumplió la disposición del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, que habla de que las actuaciones de la investigación serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Esto, porque llegó la prensa al lugar.

En el escrito se pide también la devolución de un computador que tiene los juicios de anulación matrimonial que tramita ese obispado.

Se objeta incompetencia

La Corte de Rancagua ayer también declaró admisible la apelación que interpuso la defensa del excanciller Muñoz por la incompetencia decretada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, pese a que no se opuso en la audiencia realizada el martes pasado. Ahora, mientras el 13° Juzgado de Garantía de Santiago no acepte la competencia, no podrá fijarse una nueva fecha para resolver la petición de sobreseimiento. Incluso, si este tribunal no se reconociera apto para ver la causa, la contienda la deberá resolver la Corte de Apelaciones. En ese escenario y sumado el recurso de protección que está en tramitación, la declaración de Ezzati podría postergarse por más de un mes.

El Ministerio Público decidió trasladar toda la tramitación a Santiago, porque una de las víctimas que denunció al excanciller Muñoz relató que los hechos ocurrieron en una fecha en que la reforma procesal penal no se había iniciado en Rancagua.

«Atendido el mérito de los antecedentes, se hace lugar a la orden de no innovar solicitada», dice la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Obispado de Valparaíso investiga a exrector de Seminario San Rafael

El Obispado de Valparaíso inició una investigación previa en contra del sacerdote Mauro Ojeda, exrector del Seminario San Rafael. El presbítero enfrenta dos denuncias por presuntos actos de connotación sexual a menores que habrían ocurrido entre 1990 y 1992.

Mientras dure la investigación, el presbítero tiene prohibido el ejercicio público del sacerdocio. El obispado no identificó a los denunciantes. Ojeda ya había sido denunciado el 7 de diciembre de 2012 por el exseminarista Mauricio Pulgar. En ese momento, la investigación previa no encontró factores de verosimilitud de la denuncia.

Luego, el 28 de octubre de 2014 el Obispado de Valparaíso comunicó que la ministra en visita designada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el sobreseimiento definitivo de la causa y fue ejecutoriada el 14 de octubre de ese año.

«Con el presente dictamen ha quedado determinada en forma fehaciente por los tribunales de justicia la no existencia de presunción alguna en orden a que hubieren ocurrido los hechos denunciados por el señor Pulgar», decía la declaración.

En los últimos meses, el Obispado de Valparaíso ha iniciado distintas investigaciones previas, cuya misión es determinar la veracidad de la denuncia en contra de sacerdotes como Carlos Morales Grandón. Hasta ahora, la mayor sanción en esta diócesis la ha recibido Jaime Da Fonseca Hidalgo, quien fue expulsado del estado clerical.

La denuncia de 2012 contra Ojeda ocurrió cuando el obispo de Valparaíso era Gonzalo Duarte, cuya renuncia fue aceptada por el Papa este año por motivos de edad. Hoy está a cargo de la diócesis el administrador apostólico Pedro Ossandón, obispo auxiliar de Santiago.

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