Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública de los últimos 18 meses:
El error de identificación es la razón más frecuente para que una persona acabe en prisión preventiva -o hasta condenada- injustamente.
»Ante la imputación de un delito de cierta gravedad, los tribunales de garantía prefieren dejar a la persona privada de libertad». Viviana Castel, Defensora regional metropolitana Sur
Cada año, la Defensoría Penal Pública atiende alrededor de 112 mil personas imputadas por algún delito en la Región Metropolitana. De ellas, cerca de 18 mil son liberadas de cargos, mediante sentencia absolutoria, porque el Ministerio Público decide no seguir adelante con la investigación en su contra o por sobreseimiento definitivo de la causa.
¿Cuántos imputados que resultaron ser inocentes estuvieron en prisión preventiva?
Solo en 2017, la institución registró 1.153, y este año la proyección es similar, aunque con una leve tendencia al alza. Durante el primer semestre, la cifra bordeaba las 800 y podría estimarse que a diciembre próximo podría empinarse por sobre las 1.500.
Ello, según el balance de su gestión que entregan hoy los defensores regionales de las jurisdicciones metropolitanas, Carlos Mora (norte) y Viviana Castel (sur), en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Taxista preso 54 días: reconocimiento erróneo
«Diría que la causa más frecuente de equivocación es el reconocimiento visual errado. Este fenómeno es el que incide en iniciar una investigación contra una persona que no tiene relación con el delito», explica Castel.
Fue el caso, por ejemplo, del taxista Alejandro Reyes, quien permaneció 54 días privado de libertad, luego de que una asesora del hogar del sector oriente asegurara que era uno de los involucrados en un «cuento del tío» del que había sido víctima.
La Defensoría Metropolitana Norte solo consiguió su libertad tras acreditar mediante mensajes de WhatsApp, pórticos de autopistas y un video que su representado estaba dejando a un cliente en el centro de Santiago cuando ocurría el engaño y robo en Las Condes.
Reyes estuvo preso entre el 15 de junio y el 31 de agosto pasado. Casos como este, afirma el defensor Carlos Mora, inspiraron el «Proyecto Inocentes», creado por la Defensoría Penal Pública.
«No estamos hablando de 24 o 48 horas, 72 horas. Hay casos en que esta privación de libertad se mantiene por meses, lo que impacta a la persona que debe soportarla, y es ahí donde veo la necesidad de legislar respecto de esta situación, que en el derecho comparado se conoce como ‘error judicial’ (lo que no quiere decir que sea de los tribunales)», puntualiza la defensora, quien además advierte: «Hay un exceso en la utilización de esta medida cautelar de prisión preventiva».
Exceso de prisiones preventivas
Las razones para ello son más bien «una combinación», dice, porque han impactado las modificaciones legislativas de los últimos años, pero también hay un tema de criterio de los jueces.
«Ante una imputación de un delito de cierta gravedad -comenta Castel- se prefiere, por parte de los tribunales de garantía, dejar a la persona privada de libertad».
La abogada plantea, además, que «a lo mejor, la prisión preventiva se está mal utilizando, en el sentido de una pena anticipada, lo que a su vez genera, tratándose de primerizos, en un efecto adverso, porque debemos evitar el contagio criminológico, porque a quien ingresa a cumplir una prisión preventiva le resulta más difícil la reinserción».
Quién compensa al afectado
En ocasiones, cuando un caso finaliza y la persona indagada, formalizada y recluida acaba siendo liberada de cargos, demanda al Estado, pero no es lo habitual. Para Castel, «urge actualizar nuestro ordenamiento jurídico» y ello porque -entre otras cosas- «debiera existir una legislación que indemnice a las personas que han sido imputadas, privadas de libertad y, posteriormente, liberadas de cargos por los daños emocionales, psicológicos, familiares, económicos, y el estigma social que deben enfrentar después por haber estado indagados penalmente y en la cárcel».
Balance
Hoy, las defensorías regionales metropolitanas entregarán esta y otras cifras a la comunidad.
72.277
Personas fueron atendidas por las defensorías de la RM el primer semestre.
13.492
Imputados fueron liberados de cargos en el mismo período de este año.
785
Formalizados inocentes estuvieron en prisión preventiva entre enero y agosto.
Fuente: El Mercurio, miércoles 07 de noviembre de 2018