Decreto que regula uso de la fuerza policial se conoce el mismo día que CIDH trataría el tema

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública dio a conocer ayer la publicación en el Diario Oficial de un Decreto Supremo que regula el comportamiento y el uso de la fuerza policial para el mantenimiento del orden público. El mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionó por el incumplimiento de los compromisos y medidas de reparación que el Estado de Chile asumió por la muerte de Alex Lemún, el 7 de noviembre de 2002.

Esto, en el contexto de que el 21 de marzo de 2017 el organismo estableció la responsabilidad de Chile por la «violación de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos de las garantías judiciales y protección judicial de Alex Lemún, su familia y la comunidad Requén Lemún». El joven mapuche había fallecido por una herida de bala en medio de un operativo policial en Ercilla, Región de La Araucanía.

Junto con ello, la CIDH señalaba la necesidad de reparar integralmente las violaciones de los derechos humanos en el aspecto material y moral, que se iniciara una investigación y se determinaran responsabilidades penales, así como que se adoptaran «medidas de no repetición» en el ámbito legislativo y administrativo, para «prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en el marco de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo Mapuche».

El pasado 9 de marzo, aun bajo el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se estableció un acuerdo de cumplimiento que incluía el reconocimiento de responsabilidad internacional y la necesidad de reparación económica para la familia de Alex Lemún. También incluía medidas que permitan a la familia acceder a una extensión de tierra y maquinaria para poder trabajar, y como «garantía de no repetición» se aprobó un Decreto Supremo con lineamientos sobre el uso de la fuerza policial en razón de los estándares internacionales.

Decreto de marzo debió enmendarse

No obstante, si bien la administración anterior suscribió en marzo el decreto, dijeron desde Interior, prácticamente un mes después, el 20 de abril, la Contraloría General de la República estimó, entre otras cosas, que este «tampoco integra expresamente las normas o estándares internacionales a las que debe sujetarse el uso de la fuerza policial».

Debió entonces enmendar el texto para cumplir lo establecido por la CIDH y el 13 de noviembre pasado, un día antes de la muerte de Camilo Catrillanca, estaba listo el Decreto Supremo 1.364, del Ministerio del Interior, sobre «Disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público».

El nuevo texto ordena que los protocolos actualmente vigentes sean revisados y actualizados en el plazo de 90 días, con la participación de la sociedad civil y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), contemplándose un examen periódico de los mismos cada, al menos, cuatro años.

Asimismo, se dispone que Carabineros informe semestralmente a la Subsecretaría del Interior estadísticas sobre el uso de la fuerza y episodios violentos.

Simultaneidad con audiencia en Washington

Paralelamente, la CIDH recibió en Washington en audiencia privada al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a la familia del joven Lemún, justamente para manifestar la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en el caso. También asistieron representantes del Gobierno. La idea de la reunión era plantear «el poco avance de cumplimiento del Estado respecto de las medidas de no repetición a las que se comprometió», señala la directora para el Cono Sur de Cejil, María Noel Leoni.

«Si bien celebramos la aprobación de esta normativa, para que el Estado dé cumplimiento a lo acordado con la familia de Alex Lemún es necesario que se abra un proceso de revisión de la misma con la sociedad civil y el INDH para garantizar que se ajuste a los estándares internacionales y los contextos específicos en Chile», asegura Noel. Criticó además que «nos enteramos hoy (ayer) de la publicación de este Decreto por la prensa y horas antes de la reunión ante la CIDH».

Dice también que hay cosas pendientes que deben ser mejoradas en el decreto: «No habla de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, y algunos puntos que son claves del caso, que tienen que ver con el uso discriminatorio de la fuerza, en un contexto muy particular como ocurre en La Araucanía y contra la comunidad mapuche». Finalmente, menciona que la próxima semana desde Cejil enviarán un documento con los reparos que tienen sobre este nuevo decreto y que harán un intenso seguimiento al proceso participativo.

Querella del CDE por caso Catrillanca
El Consejo de Defensa del Estado decidió ayer querellarse en la investigación por la muerte de Camilo Catrillanca, según confirmó la presidenta del organismo, María Eugenia Manaud.

«Los hechos de hace unas semanas (sobre la muerte de Camilo Catrillanca) evidencian que el Estado sigue teniendo un problema gravísimo y una deficiencia (en el uso de la fuerza) que hay que mejorar»
MARÍA NOEL LEONI
Directora para el Cono Sur de Cejil

Directora del INDH sostuvo encuentro con ministro Chadwick por caso Catrillanca y hoy se reúne con Hermes Soto

No solo abordó la investigación penal por la muerte de Camilo Catrillanca, sino que además manifestó preocupación por la situación que enfrenta La Araucanía en general. Hasta el Palacio de la Moneda llegó ayer la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, para reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El organismo es querellante en la causa en la que el viernes pasado el tribunal de Collipulli ordenó la prisión preventiva de los cuatro exfuncionarios del GOPE imputados.

La cita se concretó luego de que se conociera el video en el que aparece el exsargento Carlos Alarcón -imputado por homicidio consumado- y que fue grabado mientras cumplía prisión preventiva en la Segunda Comisaría de Temuco.

«Hay que esclarecer bien los hechos y quienes estén involucrados, pero nos preocupa que una persona que está en prisión preventiva pueda grabar imágenes y difundirlas (…) porque ellos están imputados por obstrucción a la investigación y si cuentan con el teléfono pueden conectarse con el medio externo y seguir obstruyendo», indicó tras el encuentro.

Respecto de los dichos del exfuncionario policial añadió que «hay que investigar a fondo. El ministro del Interior nos dio certeza de que por parte del Gobierno están dispuestos a llegar a la verdad. Están con un equipo especial siguiendo el caso y estamos en la misma línea, lo que nos da mucha tranquilidad».

También se refirió a la línea investigativa por robo de vehículos que sigue el Ministerio Público y que involucra al menor M.A.C.P., de 15 años, testigo de la muerte de Camilo Catrillanca, respecto de quien el organismo presentó una querella denunciando torturas en su contra.

«Todas las declaraciones y pericias que existen respecto del caso de Catrillanca demuestran que el menor no estaba involucrado en la arista del robo», afirmó categórica.

Por este mismo caso, hoy Consuelo Contreras se reunirá con general director de Carabineros, Hermes Soto.

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