CDE acusa a empresas de turismo de coludirse para fraude de pasajes del Ejército
Fiscal indagará si estaban concertadas con funcionarios:
Se presentaban «facturas falsas» por boletos de avión abultados y se beneficiaron con mayor valor de servicios y comisiones.
El fiscal José Morales, de la jurisdicción metropolitana Centro Norte, está investigando a los civiles vinculados con la defraudación al Ejército.
El fiscal José Morales deberá determinar si existe «concomitancia» con los dueños, directivos o empleados de cuatro agencias de turismo para defraudar al fisco en el caso del mal uso de pasajes de oficiales del Ejército que viajaban en comisión de servicio.
Así lo asegura el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la querella que presentó el miércoles contra Victoria Latrach Arrimar (Turismo Latrach), Annie Stange Werner (Turavion), Luciana Figueroa Ossandón (de Tupper Viajes Limitada y cónyuge del coronel activo del Ejército, José Lira) y Juan Fernando Tupper Fuenzalida (Tupper Viajes Limitada).
La acción judicial se dirige también contra una funcionaria no identificada de Turismo Costanera Ltda. por presentar factura por un servicio no prestado.
«Las personas de las agencias de turismo que gestionaron las compras de pasajes de los funcionarios militares en comisión de servicio, y en concierto con ellos y con los encargados de la Sección de Pasajes y Fletes del Comando de Personal del Ejército, facilitaron los medios para la comisión de los delitos de fraude al fisco ,debiendo ser imputados como coautores de los mismos», consigna la querella.
En la presentación se sostiene además que las agencias de viajes obtuvieron beneficios, «desde que percibió un mayor valor por sus servicios fijados en proporción al monto de la factura falsa, como el ejecutivo correspondiente, que también percibió un porcentaje de aquella».
A raíz de estos hechos, la ministra Romy Rutherford dictó procesamiento contra los siguientes miembros del Ejército de Chile: Rodolfo Hidalgo, Iván Faber, Sergio Vásquez y el general (r) John Griffiths.
El modus operandi -según la indagatoria- era que la empresa de turismo remitía una factura ideológicamente falsa al Ejército y el funcionario de la institución gestionaba la compra directamente con la empresa de turismo y, previo acuerdo, realizaban modificaciones al viaje, variando la ruta, las fechas, los destinos, incorporando pasajeros no autorizados, alojamiento en hoteles y resorts con todos los gastos pagados, movilización. En algunos casos, se pagaban ingresos a parques de entretenimiento. Todo ello con conocimiento de la Sección de Pasajes y Fletes del Comando del Personal del Ejército.
El CDE, en su querella, agrega que se aumentaba ficticiamente el valor de los pasajes por el tramo correspondiente para cubrir todos esos rubros. Y, si existía un saldo o monto sobrante del presupuesto prefijado, la empresa de turismo le entregaba a los oficiales que se iban en comisión de servicio cheques o depósitos en las cuentas personales o de sociedades familiares, «a pesar de tratarse de dineros públicos, destinados únicamente financiar los gastos de pasaje aéreo correspondientes a una comisión de servicio».
INCAUTACIÓN
EL CDE pidió en su querella incautar documentos de pasajes y oficiar a bancos por cuentas corrientes de involucrados.