«Si no, que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante son las finanzas públicas»

Los últimos fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema en los cuales se ha obligado al Estado a costear el financiamiento de medicamentos de alto valor, fuera de la Ley Ricarte Soto, han generado preocupación en las autoridades por la avalancha de recursos de protección que se podrían interponer.

Hay quienes creen que es inminente el aumento de la judicialización en materia de salud también por otra sentencia que ha estado en el debate: la que ordena a una isapre incorporar como cotizante a una familia que estaba afiliada a Fonasa y que decidió cambiarse debido a la escasa cobertura que prestaba a la enfermedad de su hija de cuatro años, la que nació con fisura labiopalatina unilateral. En tres aseguradoras intentó ser admitida sin éxito porque la enfermedad se calificaba como preexistente y como factor de alto riesgo. La Sala Constitucional ordenó que la última isapre a la que había recurrido le generara un plan de salud.

El presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, habla por primera vez de la controversia que han generado esas sentencias en la revista de «El Mercurio Legal», donde se puede revisar el reportaje completo a partir de hoy.

Según explica, no se ha producido un cambio de jurisprudencia, sino que es una doctrina que viene de antes de que él llegara a la sala. Tampoco tiene que ver con la Ley Ricarte Soto, sino que «está relacionado con el derecho a la vida, cuando un niño se va a morir si no se le otorga el medicamento. Son casos excepcionales en los que se piden informes médicos».

Sobre las críticas por la judicialización masiva, dice que «puede que se judicialice, pero no se acoge el recurso por cualquier circunstancia. Nunca nosotros hemos dado (el medicamento) si no está en riesgo la vida verdaderamente. No es para que viva mejor, para que se mejore de una patología; es que si no se le da el medicamento, el niño muere».

El magistrado recuerda que no solo en estos casos de fármacos caros se acogen recursos de protección, también cuando está en riesgo la vida de un preso en huelga de hambre y se ha ordenado la alimentación forzada. O también cuando directores de la Posta Central, u otros hospitales, presentan recursos para salvaguardar la vida de menores porque los padres se oponen a realizar transfusiones por razones religiosas.

La Corte Suprema, en fallo unánime, también ha acogido recursos contra la Comisión de Coordinación Nacional de Trasplante de Médula Ósea de Adultos por negarse a realizar el procedimiento.

Interferencia en políticas públicas

Muñoz aborda también las acusaciones acerca del límite de los recursos y que los jueces estarían interfiriendo en las políticas públicas de salud, algo que no es de su competencia, según han dicho expertos y autoridades. «La Constitución dice que lo más importante es la dignidad de la persona y que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Eso nos dice la Constitución, que dentro de las garantías más importantes -salvo que alguien diga lo contrario- está el derecho a la vida, y nosotros estamos para aplicar las garantías constitucionales. Si no, que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante es el equilibrio de las finanzas públicas», comenta.

Sobre el caso de la preexistencia y la incorporación a una isapre, aclara que la Corte Suprema nunca ha «dicho que se ingresen para que la atiendan gratis», solo que se le integre. «Todos tenemos el derecho a elegir el sistema de salud. Si todas las isapres se negaran a recibir a todas las personas no habría opción y la Constitución dice que tienen opción. Esto está garantizado. El precio lo ponen ellos, pero tienen que darles un plan. No estamos diciendo que la incorporen en el plan X, sino que, de acuerdo con sus patologías, hay que ponerla en uno de los programas que tienen, pero tienen que admitirla. La persona puede ver luego si le conviene o no», agrega.

«La Corte Suprema ha tenido que regular los casos extremos»

El magistrado cree, además, que hay «un exceso de reacción» por falta de información sobre los fallos. «Se habla como que fuéramos a administrar medicamentos de alto costo. No estamos administrándolos. Lo que ocurre es que a nosotros nos dijeron, a lo mejor nos mintieron, que la Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona y que la garantía más importante es el derecho a la vida. Entonces, nos tienen que decir que lo más importante es el equilibro de las finanzas públicas. Si nos dicen eso, nosotros vamos a responder en torno a eso», dice irónicamente el juez.

Sobre lo que han dicho autoridades, como el superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, quien ha hablado de la necesidad de legislar para que la «justicia no siga dictando cómo hacer las cosas» dijo: «la Corte Suprema ha tenido que regular los casos extremos».

RECURSOS
Tan solo 10% de los cotizantes que están en aseguradoras privadas recurre a tribunales.

»Las isapres no entregan la justificación (del incremento). Pero ellas (las aseguradoras) ya han asumido ese costo marginal».
SERGIO MUÑOZ Presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema  

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