Comisión de «reforma a la reforma» propone videograbar declaraciones y cambiar criterios en medidas cautelares

No más transcripciones, sino videograbar las declaraciones de los imputados. Dejar registro de las preguntas que les hacen los fiscales o policías. Nuevas exigencias para la autorización judicial de diligencias intrusivas -en particular, para el registro e incautación de archivos informáticos- y, como se esperaba, también ajustes en materia de cautelares, como la prisión preventiva y las medidas alternativas a ella. El control telemático, por ejemplo.

La lista de propuestas es mucho más extensa, pero estas son algunas de las contenidas en el documento que ayer la comisión asesora ministerial para la reforma del Código Procesal Penal le entregó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que se convertirá en el insumo para que la Secretaría de Estado trabaje en un proyecto de ley sobre la materia.

«La experiencia de estos años obligaba a realizar ciertos ajustes, ciertos perfeccionamientos, y se constituyó esta comisión que coordinó el profesor Gabriel Zaliasnik», dijo el ministro Larraín, aludiendo a los 18 años de la reforma a la justicia penal, cuya implementación inició de manera gradual en el 2000.

Como primer punto, la instancia abordó el papel de los intervinientes en el proceso -fiscales, defensores, querellantes- y la necesidad de que estén regidos por «deberes de buenas prácticas». Por ejemplo, en este acápite se propone establecer «sanciones más graves en caso de reiteración a la conducta negligente de los intervinientes, junto con el deber de informar a la institución respectiva, si fuese el caso». También, reproche a «las alegaciones manifiestamente mendaces por parte de los abogados en juicio oral».

Exigencia adicional a prisión preventiva

Un asunto ampliamente debatido en los últimos meses y consignado en estudios de la Fundación Paz Ciudadana, la Defensoría Penal Pública y el Centro de Justicia para las Américas, es el aumento de las prisiones preventivas en la última década y la comisión en este informe se hace cargo del fenómeno.

Entre otras cosas, sugiere «dotar de un contenido explícito el peligro contra la sociedad, en el sentido de un peligro serio y real de comisión de nuevos delitos, según los antecedentes del caso, considerando especialmente el número de delitos imputados, la existencia de otros procesos pendientes y de condenas anteriores, eliminándose otros criterios inadecuados a efectos de esta causal, como es, a criterio de la comisión, la pena abstracta de crimen del delito imputado».

Introduce, como planteamiento, además, «el arresto domiciliario total o parcial, por ocho horas diarias, controlable mediante sistema de monitoreo telemático».

Ordenar el procedimiento

La comisión presidida por Zaliasnik (U. Chile), cuya vicepresidencia estuvo a cargo de la abogada Paula Vial (UC), estuvo integrada por los académicos Mauricio Duce (UDP), Raúl Núñez (PUCV), María Elena Santibáñez (UC), Jaime Winter (U. Chile), Rodrigo de la Barra (UDP), Carlos Correa (UAI), César Ramos (UDP), Alejandro Espinoza (U. de Concepción) y Ana María Morales (Paz Ciudadana), quienes decidieron hacer recomendaciones incluso en un ámbito más «doméstico»: la carpeta investigativa y la manera en que se practican diligencias.

Proponen mejorar el registro de la indagatoria, indicándose que -en su opinión- al menos debiese consignarse, «de manera cronológica, con número de orden e indicación de fecha, hora y lugar, entre otros datos, el registro de las actuaciones en la carpeta investigativa». Y una mayoría de los comisionados estimó conveniente que «el registro de la declaración (de imputados o testigos) se efectúe mediante un medio audiovisual», salvo casos excepcionales; así como que, «en el registro escrito de la declaración del imputado, se deje constancia expresa de las preguntas que se le formulan».

Fundar autorización de diligencias intrusivas

Un cuarto ámbito que aborda la instancia es el de las diligencias intrusivas. En concreto, plantean los abogados, se propusieron mejoras en relación con diligencias intrusivas ya existentes, como los exámenes y pruebas de ADN, la entrada y registro en lugares cerrados, y la incautación de objetos y documentos. Sin perjuicio de ello, además, recomendó «introducir una diligencia intrusiva de especial relevancia, resolviendo así un vacío de nuestra legislación: el registro e incautación de datos y archivos informáticos».

El informe contiene otros 13 ámbitos, con sugerencias, en áreas como las salidas alternativas, los acuerdos reparatorios, el procedimiento frente a personas que gozan de fuero y la revisión de las sentencias a firme.

Sobre la labor realizada por los comisionados, el ministro Larraín reconoció que «este anteproyecto que nos han presentado, lo hemos podido mirar muy por encima todavía, pero nos parece muy completo». Ahora, agregó, «corresponde el trabajo que el Ministerio de Justicia va a coordinar, consultando a distintas instituciones, como la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría y otras instituciones para finalmente formular, en los próximos meses, un nuevo proyecto de reforma al Código Procesal Penal».

Contenido

El informe de la instancia contiene 17 ámbitos del proceso penal a mejorar.

»(El Código) exige una nueva revisión que permita fortalecer el trabajo de los fiscales, los derechos y la defensa de los imputados (…), corregir los ripios que encontró la aplicación de esta reforma».

HERNÁN LARRAÍN Ministro de Justicia.

»Pusimos especial atención al rol de los intervinientes. Hay una mayor exigencia para quienes intervienen (fiscalía, defensores, querellantes), complementaria a la normativa».

PAULA VIAL Vicepresidenta de la comisión

«La comisión ha entendido que los intervinientes están regidos por deberes de buenas prácticas, lo que presupone responsabilidad y preparación en sus actuaciones. Por ello, la comisión propone establecer sanciones más graves en caso de reiteración de la conducta negligente de los intervinientes».

EXTRACTO INFORME COMISIÓN PARA LA REFORMA PROCESAL PENAL

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