Ley Zamudio: apoyan incorporación de tipos penales a normativa

Como positivo calificaron en las comisiones de DD.HH. del Congreso la posibilidad de que el gobierno perfeccione la ley Zamudio incorporando, eventualmente, tipos penales en la normativa.

El texto -promulgado en 2012- establece multas de 5 a 150 UTM a beneficio fiscal para quienes discriminen arbitrariamente por motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género o el estado civil. Sin embargo, no tipifica como delito aquellas actuaciones, lo que está siendo evaluado por La Moneda, tal como publicó ayer La Tercera.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión de DD.HH. del Senado, Adriana Muñoz (PPD), apoyó la idea de incluir nuevas sanciones en la normativa. “Me parece positivo, dada la nueva realidad que se ha configurado. En el último tiempo ha habido un aumento de actos de grave connotación discriminatoria, de incitación al odio, fundamentalmente por el fortalecimiento de grupos neonazis. Por eso mismo, la ley requiere mayor rigurosidad en cuanto a las sanciones”, dijo.

Para la parlamentaria, además, es necesario que una eventual reforma pueda revertir la carga de la prueba, la que, explica, hoy recae sobre la víctima y no sobre el agresor. “De la misma forma, no hay que dejar atrás la incorporación de políticas y programas de prevención, de educación, que es desde donde se puede erradicar de raíz este tipo de actos que tienen una profunda raigambre cultural”, agregó Muñoz.

En la misma línea, el diputado Miguel Crispi (RD), integrante de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, valoró la posibilidad de que la discriminación pueda ser tipificada como un delito. “Es muy positivo si podemos fortalecer la ley Zamudio. Lo que plantea La Moneda de incluir nuevos tipos penales es algo que nosotros ya incorporamos en la ley de incitación a la violencia, discriminación y negacionismo”, sostuvo, aludiendo a un proyecto que pasó su primer trámite en la instancia.

Posturas encontradas

La noticia, sin embargo, generó posturas encontradas entre las organizaciones de la diversidad sexual.

Si bien desde el Movilh valoraron la posibilidad que estudia el gobierno, desde la fundación Iguales rechazaron fortalecer el carácter punitivo y no “preventivo” de la ley. “A diferencia del 2005, cuando planteamos que no nos interesaba establecer penas de cárcel efectiva para la situación de discriminación, en función a la gradualidad que hemos vivido en los últimos 20 años, creemos que va a ser necesario hacerlo para los delitos donde la motivación discriminatoria sea clara”, sostuvo el líder del Movilh, Rolando Jiménez, quien adelantó que ya solicitó una audiencia -mediante la plataforma de lobby- con la Segegob para hacer algunos aportes sobre el debate.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, advirtió que “el gobierno debe priorizar la educación de la ciudadanía y de los servicios públicos a través de una institucionalidad que se encargue de esa labor”.

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