Abbott revisará procedimiento del caso de juez que dejó libres a sujetos con armamentos

El fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitó todos los antecedentes del polémico caso en que un juez de garantía de San Antonio dejó libres a dos hombres que fueron detectados con armas y municiones en un control policial en Cartagena.

El fiscal Abbott fue consultado por «El Mercurio» sobre su apreciación del tema, y qué error pudo haber cometido la fiscalía en el caso. Esta fue la respuesta de la Dirección de Comunicaciones de la entidad: «El Ministerio Público comparte la preocupación de la ciudadanía. Se trata de una situación especialmente compleja y grave, por lo que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ha solicitado todos los antecedentes del caso al Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para revisar cómo se llevó a cabo el procedimiento en su conjunto. A partir de ese análisis, la Fiscalía Nacional determinará eventuales mejoras en la coordinación con policías y en los protocolos internos».

El sábado, el propio Presidente Sebastián Piñera se pronunció considerando «muy grave lo que resolvió el juez de garantía», y el gobierno presentó un recurso de queja contra el magistrado, querellándose al mismo tiempo contra los acusados.

Los hechos se iniciaron la noche del 25 de mayo, cuando Carabineros hizo un control a dos hombres que viajaban en un vehículo con vidrios polarizados en Cartagena. Fueron sorprendidos con diversas armas en el maletero de su vehículo que despertó sospechas porque tenía todos los vidrios polarizados. Sin embargo, cuando al día siguiente se realizó la audiencia el juez de garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, acogió la tesis de la defensa de los detenidos argumentando que el control de identidad aleatorio o preventivo sólo permite pedir la documentación pero no el registro, y que las facultades de la Ley de Tránsito tampoco permiten un registro. Y que los carabineros no tenían ningún indicio para un control de identidad, según lo que le había dicho el propio fiscal. Por tanto, declaró ilegal la detención «por haber un exceso en el actuar policial».

«Completo descriterio»

Consultados dos senadores de la Comisión Seguridad, uno del PPD y otro de Renovación Nacional, si el argumento que esgrimió el juez lo encontraban fundado, coincidieron en cuestionarlo.

Felipe Harboe (PPD) dijo que «es una interpretación completamente restrictiva y equivocada, porque (la ley) habilita a la policía para realizar ese tipo de indicios. Hay que averiguar la cadena de errores, pero no podemos permitir que los ciudadanos paguen por un mal juicio de un magistrado. El control de identidad, discutido en el Congreso, faculta a Carabineros a realizar ese tipo de procedimientos, de revisar el vehículo. Si el juez declara que el fiscal declara así, hay un problema al interior de la fiscalía».

Coincidió Andrés Allamand (RN), que lo consideró «un completo descriterio jurídico». Recordó que «en una audiencia de control de detención que duró apenas 17 minutos, el juez de San Antonio, en mi opinión, de forma muy equivocada, declaró ilegal la detención. Sin embargo, el propio artículo 132 del Código de Procedimiento Penal autoriza que aún en esos casos se proceda a la formalización y al establecimiento de medidas cautelares». Concluyó que «todo el episodio configura un completo desatino en el ámbito judicial. Termina descorazonando la acción de Carabineros, que en este caso fue particularmente diligente, y acentúa la percepción de inseguridad y del mal funcionamiento del combate contra la delincuencia que hoy comparte la ciudadanía».

Presidente de magistrados apoya al juez

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, recordó que la audiencia de control de detención tiene por objeto precisamente revisar si la detención se ajustó a la legalidad. «En este caso, el juez da razones suficientes. Podrán estimarse correctas o no, pero da razones jurídicas, para señalar por qué, en este caso, se estimó ilegal la detención». Y acotó que le parece preocupante que se afecte la independencia de los jueces. . «Creemos que el recurso de queja es una afectación de la independencia».

Suprema
Consultada la Corte Suprema, decidió no pronunciarse. Al menos por el momento.

«El Ministerio Público comparte la preocupación de la ciudadanía. Se trata de una situación especialmente compleja y grave»
FISCALÍA NACIONAL

«Creemos que el recurso de queja (que presentó el Gobierno) es una afectación a la independencia».
ÁLVARO FLORES
Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados

Antecedentes policiales de uno de los dos hombres dejados en libertad

El conductor del automóvil con vidrios polarizados que en un control vehicular fue detenido portando armas y municiones en la maleta del auto, Manuel Roberto Olivares Maldonado (57), cuenta con antecedentes policiales desde hace 19 años.

Tiene suspensión perpetua de derechos políticos y 4 años de inhabilidad para cargos públicos.

1999: Reo como autor del delito de microtráfico ilícito de estupefacientes.

2003: Delitos graves. El 13 de octubre es condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Se le remitió la pena y prescribió.

2005: Encubridor de robo con violencia en grado de frustrado.

2006: Robo con fuerza en lugar no habitado. Lo condenan el 22 de abril a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo.

2015: Fue condenado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y multa de 3 UTM como autor de tráfico de drogas, consumado.

Droga

En 2013 se produjo la mayor incautación de drogas en la región de O’Higgins, donde formalizaron a 9 adultos y un menor por intentar ingresar 235 kilos de marihuana a la zona. Entre los adultos estaba Manuel Olivares.

Según indicó entonces el fiscal especializado en delitos de drogas, Camilo Umaña, «esto equivale a 500 mil dosis. Dicho de otro modo, la droga alcanzaba para ser distribuida con dos dosis a cada habitante de la ciudad de Rancagua. Si se hubiese concretado su distribución y venta, la droga estaría avaluada en 500 millones de pesos».

De acuerdo a lo que relató fiscalía, el 12 de septiembre una camioneta salió hacia el norte con dos tambores metálicos en su pick up.

A su regreso, los estaban esperando. La madrugada del 14 de septiembre la camioneta ingresó por el sector Angostura. Traía los mismos tambores metálicos acondicionados para el transporte de la droga, pero esta vez estaban llenos. Le encontraron en su interior alrededor de 200 kilos de marihuana prensada. Además transportaban en el interior de la cabina un saco de nylon con otros 24 kilos de droga.

La policía hizo allanamientos simultáneos y detuvieron a Manuel Olivares Maldonado.

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