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Andrés Celedón, presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local: “Encontramos un juzgado de policía local invadido por murciélagos”

18 de febrero 2019

El directivo gremial hace notar que hoy existen más de 55 materias de competencia de estos tribunales, que muchas veces enfrentan carencias en financiamiento, infraestructura y personal. A ello se suman desafíos como la propuesta de Reforma Procesal Civil.

Preparándose para un marzo “intenso” en materia de reformas, como la que se comenzará a analizar el próximo mes con el fin de establecer profundos cambios en la justicia procesal civil, se encuentra el recién asumido presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local, Andrés Celedón. Tras tomar hace dos meses y medio el mando de la entidad que coordina a los magistrados locales, puso en marcha un catastro de la situación de estos juzgados en el que no han faltado sorpresas.

“En el sur, en un tribunal cerca de Castro, nos encontramos con un juzgado de policía local que incluso estaba invadido por murciélagos”, relata, al tiempo que hace notar las difíciles condiciones que viven muchos de sus colegas.

“Hay juzgados que funcionan con un juez y un solo funcionario que ni siquiera es secretario abogado, y con poca infraestructura”, advierte. “Debería existir un proyecto que entregue las fuentes de financiamiento, para que los juzgados de las distintas comunas tengan la misma cantidad de personal y los recursos materiales necesarios para funcionar”, señala.

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¿Cuáles son las principales dificultades que afrontan los juzgados de policía local en la perspectiva de la propuesta de Reforma Procesal Civil, que podría dejar en manos de estos jueces distintos asuntos, como la mediación en pequeñas causas?

Los grandes problemas que tenemos son principalmente la infraestructura, la falta de personal y la gran cantidad de competencias que hoy estamos conociendo. Hay que recordar que nuestra dependencia es de la municipalidad, en el aspecto administrativo y en la provisión de recursos, y de las cortes de Apelaciones en lo jurisdiccional.

¿Y cómo influiría esa doble dependencia en un escenario de recarga de labores?

En definitiva, no todas las municipalidades están dispuestas a aportar más recursos a los juzgados.

¿Qué montos, en cuanto a presupuesto, sería necesario disponer para el mejoramiento integral de la labor en los juzgados de policía local?

Un solo dato: para contar con un sistema computacional uniforme en los juzgados de todo el país se necesitarían alrededor de $ 200 mil millones. Es una inversión importante, pero se transformaría en un ahorro para el país. En esto, es necesario recordar que los 377 juzgados de policía local reciben 7,5 millones de causas al año.

¿Incidiría esto en el tema de las multas de tránsito no pagadas?

Hay que considerar que en multas de tránsito no pagadas se deben al país alrededor de $ 150 mil millones. Ahora bien, lo que corresponde al juzgado es informar al registro de multas de tránsito cuando algún infractor no ha pagado. Hay un desfase entre la información que llega del juzgado, el Registro Civil y las municipalidades, porque no hay interconexión inmediata. Más allá de eso, hoy existen más de 55 materias de competencia de los juzgados de policía local que son variadas, pues cambian de acuerdo a las necesidades de cada localidad. Sería muy importante que a través de una ley se estableciera una planta municipal para juzgados, con un juez, un secretario abogado y un personal mínimo con capacitación adecuada, como corresponde en cualquier tribunal moderno.

¿Qué ocurre con la proliferación de ordenanzas en distintos municipios, en materias que van desde el acoso callejero al cuidado de animales o el combate contra el plástico?

Personalmente me parece bien, porque donde no alcanza la ley, alcanza la ordenanza. El tema es que con algunas de ellas se está invadiendo el ámbito propio de la ley, lo que significa que los jueces de policía local tenemos que realizar un estudio más profundo respecto de esa ordenanza.

Y ejemplos como el de Las Condes, con normas como la que prohibe fumar en plazas, ¿no generan finalmente una sobrecarga en la fiscalización?

En el caso de la fiscalización surge el tema de los inspectores municipales, a los que hay que dotar con los elementos y la capacitación para que efectúen correctamente esa labor. Quizá en comunas como Las Condes u otras con más recursos eso podría ocurrir, pero en las que tienen menos recursos y pocos inspectores será bastante más difícil fiscalizar. Es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas o la que prohibe las bolsas plásticas.

¿Y los jueces de policía local también se ven sobrepasados?

No creo que los jueces se vean sobrepasados: tramitamos todas las denuncias. El tema es cómo llegan esas denuncias: si vienen con deficiencias, será difícil que sean tramitadas adecuadamente. Esto ocurre tanto con denuncias de particulares como las de funcionarios fiscalizadores: estas últimas muchas veces también vienen con defectos.

¿Qué ocurre con la proliferación de ordenanzas? ¿No sería bueno que hubiera una voz experta en el momento de discutir estas normas en los concejos municipales?

Efectivamente, sería ideal que el juez de policía local pudiera intervenir, como experto, para dar una opinión sobre la futura ordenanza. Eso podría estar incluso permitido en la ley.

¿No hay ordenanzas que pueden llegar a ser absurdas?

Absurdas no, porque dependen de las necesidades de cada comunidad. Lo que se debería hacer es crear un manual para la elaboración de ordenanzas municipales que regule esta materia. Ello debería ser tratado en el Congreso, como materia de ley.

Fuente: latercera.cl