Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago:
Jueza obtuvo 12 preferencias; le siguen: Mauricio Silva (10), Javier Moya (9) y Roberto Contreras (7), y el más antiguo, Julio Miranda.
Dobra Lusic preside la Corte de Apelaciones de Santiago.
A condenados por delitos de Derechos Humanos:
Los abogados especialistas Álvaro Paúl y Edgardo Riveros responden dos preguntas clave.
Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sobre acusación constitucional a tres ministros:
El magistrado regresó ayer de sus vacaciones y se reunió con dos de los tres supremos acusados de abandono de deberes por conceder libertades condicionales.
El Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito (al medio), ayer en la Sala Penal junto a Manuel Antonio Valderrama (a la izquierda) y Hugo Dolmestch, dos de los tres ministros acusados constitucionalmente.
Sala penal:
Estimaron que cuestionamientos a abogado integrante no influyen en medida final, que fue unánime.
Creer que se trata de un comportamiento aislado lleva a olvidar que esta es una conducta extendida,
que se refuerza por la tolerancia social y perpetúa la violencia de género. Si realmente
existe vocación de prevenir, sancionar y proteger, guiando el comportamiento de los sujetos, necesitamos una nueva normativa que opere como un marco que nos obligue a todos y todas a ser parte de la solución.
Su surgimiento constituía un imperativo ético insoslayable para un Estado que se encuentra en deuda con su infancia. ¡Es hora de pasar de los diagnósticos y discursos a la ejecución de acciones concretas!
Un fallo reciente de la Corte Suprema, que se pronunció sobre el cambio de nombre y sexo registral respecto de personas transgénero, sin condicionarlo a intervenciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales, representa un hito en la materia. Pero no se trata de un caso aislado en nuestra jurisprudencia, sino que es el corolario de una doctrina que se ha ido asentando en tribunales de Santiago, Concepción y Valparaíso.
La presentación de un nuevo proyecto de ley ha vuelto a instalar el debate sobre esta materia en
Chile. La pertinencia -o no- de una “muerte digna” está generando una controversia valórica sobre
el derecho de las personas a decidir respecto a su propia vida, en caso de enfermedad terminal y
sufrimiento intolerable. ¿Es hora de legislar al respecto?