Chile deberá comparecer ante Corte Interamericana de DDHH por no fiscalizar a isapre
Así, se trata del primer caso en que un Estado deberá responder internacionalmente por no fiscalizar a una empresa privada, en este caso la isapre.
Se trata del caso de Martina Vera Rojas, una niña de Arica que sufre de una enfermedad neurológica progresiva llamada síndrome de Leigh, y cuya familia se ha enfrentado desde 2011 con su isapre por denegación de tratamiento domiciliario.
Así, se trata del primer caso en que un Estado deberá responder internacionalmente por no fiscalizar a una empresa privada, en este caso la isapre, por lo que se establece un precedente para llevar los litigios contra las aseguradoras de salud a este tipo de organismos.
Según consignó La Tercera, los hechos se iniciaron en 2006, cuando la niña comenzó a presentar los efectos del síndrome de Leigh, a solo ocho meses de ser adoptada por Renato Vera y Carolina Rojas.
Ante esta enfermedad, a la cual se sumó una intoxicación en el hospital por mal etiquetado de suplemento, la familia activó un seguro catastrófico contratado con la isapre MasVida el que consideraba un régimen especial de hospitalización domiciliaria (RHD).
Tras confirmarse los cuidados domiciliarios que debía recibir la menor, el que incluía cama especial, monitores y un ventilador mecánico, pero en octubre de 2010 la isapre informó a la familia el fin de este servicio, señalando que la condición crónica de Martina, por lo que quedaba excluida del RHD.
Si bien la Corte de Apelaciones de Concepción falló en favor de la familia, la Corte Suprema le dio la razón a MasVida en 2011, por lo que el caso finalmente a la Comisión Interamericana, la cual dio a conocer un informe donde apunta a la responsabilidad del Estado por la protección de los derechos humanos de la menor vulnerada.
Esto, ya que argumentó que Chile no cumplió con las recomendaciones respecto a adoptar medidas de compensación económica; atención tanto física como mental para los padres de la menor y asegurar el régimen de hospitalización domicialiaria para Martina.
Así, el Estado de Chile deberá concurrir en 2020 a Costa Rica para defenderse en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.