Fiscalía Nacional uniforma criterio para enfrentar maltrato a niños del Sename: se perseguirán bajo ley contra la tortura
Jornadas en Santiago reunieron a representantes de 18 jurisdicciones del país.
El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, definirá si lineamientos se implementarán mediante una instrucción general, una minuta o un compromiso con fiscales regionales.
El jueves y el viernes recién pasados, el Ministerio Público tuvo en su sede central un encuentro nacional para definir lineamientos comunes en las investigaciones que tienen como víctimas de maltratos y abusos a niños ya adolescentes del Sename.
En abril de 2016, la muerte de Lissette Villa, de 11 años, en un centro del Sename, dejó al descubierto la precariedad y maltrato existente en las residencias de la red que acoge a los niños y adolescentes vulnerables. Surgieron estadísticas que provocaron alarma pública. Ese mismo año, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora y, en octubre, la entonces directora Solange Huerta cifraba en 1.313 las personas fallecidas, menores y mayores de 18 años, en residencias del servicio.
Paralelamente, el Ministerio Público había iniciado lo que hoy se conoce como el caso Sename. Una investigación penal, que encabeza el fiscal regional Marcos Emilfork y reúne víctimas de distintas jurisdicciones.
La Fiscalía Nacional, con su recién inaugurada Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, realizó el jueves y viernes pasado unas jornadas que reunieron a representantes de 18 jurisdicciones del país.
«El objetivo del encuentro fue revisar los casos de torturas y malos tratos en el contexto Sename y entregar lineamientos y criterios comunes para investigar y resolver jurídicamente estas investigaciones, a fin de promover la uniformidad y coherencia institucional en el tratamiento por parte del Ministerio Público», explica el director de la unidad, Luis Torres.
Una norma común
Uno de los primeros criterios generales que acordaron los asistentes a la reunión fue que en estos casos la normativa que deberán utilizar los investigadores es la Ley 20.968, que sanciona delitos de torturas y tratos crueles, vigente desde 2016 y cuya aplicación es aún reciente. «Ese es el ámbito jurídico que vamos a utilizar para estas causas», afirma Torres.
Prosigue: «Nos dimos cuenta en la revisión de los casos de que, por ejemplo, había regiones en que agresiones en el Sename por parte de los educadores de trato directo se calificaban como lesiones; en otros, como maltrato corporal relevante; en fin, una distorsión. Ahora no. Los delitos cometidos contra niños y niñas que signifiquen violencia injustificada serán perseguidos penalmente bajo el alero de la Ley 20.968, que pueden ser de tortura, trato cruel o apremio ilegítimo, y de abusos contra particulares».
Los asistentes a las jornadas debatieron sobre investigaciones en tramitación y sus particularidades, para ir despejando temas y arribar a algunas conclusiones. La idea era identificar cuáles son los delitos que se utilizarían para cada conducta. «En casos graves, torturas; si es menos grave, trato cruel», explica el abogado. Eso -dice-, porque hoy la fiscalía tiene casos que van desde cachetadas, violencia psicológica, hasta castigos con lesiones.
Otra de las conclusiones en este ámbito es que la unidad especializada de la fiscalía nacional hará un análisis jurídico más profundo de cada uno de los tipos penales y un informe en derecho, que sea un insumo para los fiscales y sirva de apoyo para las investigaciones.
Salidas judiciales
Otro tema marco abordado en los encuentros fueron las eventuales salidas judiciales para estos casos. Sobre ello, el director de la unidad afirma que hubo una posición uniforme: «Que las suspensiones condicionales del procedimiento solo se utilicen de manera excepcional, con mucho criterio, en términos de asegurarse bien que los menores no están en riesgo, por ejemplo».
El cómo se implementarán estos acuerdos comunes debe aún definirse. «Las conclusiones y recomendaciones de estas jornadas -adelanta el abogado- se le van a presentar al fiscal nacional y a los regionales para su aprobación. Luego de eso vamos a buscar la forma de implementar esos criterios. No está resuelto si lo vamos a hacer a través de un oficio como instrucción general, mediante una minuta o de un compromiso con los fiscales. Eso todavía no lo decidimos».
«Los delitos cometidos que signifiquen violencia injustificada serán perseguidos penalmente bajo el alero de la Ley 20.968».
«Las conclusiones se les van a presentar al fiscal nacional y a los regionales para su aprobación. Luego de eso vamos a buscar la forma de implementar esos criterios».
LUIS TORRES, DIRECTOR UNIDAD ESPECIALIZADA DD.HH. DE LA FISCALÍA NACIONAL.