Gobierno, Ministerio Público y Poder Judicial repudian agresión a fiscal de La Araucanía

‘El Gobierno no va a aceptar que se pase de la violencia verbal a la violencia física en el país’. La expresión fue dicha por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, al finalizar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia que se convocó ayer en La Moneda y que reúne a cerca de 15 actores del sistema penal.

Aleuy se refería a hechos que han ocurrido en las últimas semanas y que reflejan esta visión, como las balaceras en la V Región, el ataque al precandidato presidencial Felipe Kast y la agresión -de quienes serían cercanos a Víctor Queipul, lonko de la comunidad Autónoma de Temucuicui- al fiscal Enrique Vásquez, en el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli (IX Región), ocurrido el miércoles pasado.

La razón sería que la fiscalía comunicó, en una audiencia anterior a la efectuada donde ocurrieron los hechos (ver fotos), que no perseveraría en la investigación por secuestro y torturas contra Queipul, la cual se había abierto en 2016.

El ataque suscitó un repudio transversal en el Gobierno, el Ministerio Público y en el Poder Judicial, donde ya se generaron las primeras acciones para dilucidar el hecho: el Ministerio del Interior presentó una querella (contra quienes resulten responsables) por la obstrucción del funcionamiento del tribunal, atentados contra fiscales y daños, como también, la fiscalía ya abrió una causa de oficio.

Ante esto, el fiscal nacional (s) Pablo Gómez anunció que están trabajando en un proyecto de ley que les dará una mayor protección. Este ataque ocurre a meses de que el juez Sergio Henríquez fuera secuestrado por un reo, afuera del Juzgado de Garantía de San Bernardo, suceso que generó una mesa de trabajo del Gobierno para mejorar la seguridad de los tribunales y cuyas propuestas finales están siendo afinadas.

Fiscalía y Amnistía Internacional, enfrentadas por incidentes

‘Ningún representante de Amnistía Internacional estuvo presente ni tuvo participación alguna durante estos presuntos hechos’. Esta es parte de la declaración pública entregada ayer por Amnistía Internacional Chile en la que advierte, además, que si bien asistió a la audiencia en calidad de observador, se retiró antes de los incidentes. Sostiene que ha apoyado públicamente la exigencia de que se haga una investigación completa sobre el caso de Víctor Queipul, pero que ‘Amnistía Internacional no utiliza, no promueve ni valida el uso de la violencia como método de acción’.

Esto, en relación con los dichos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien -a pocas horas de ocurrido el ataque- le atribuyó responsabilidad al organismo en los hechos, según dijo, por las críticas difundidas por la organización en redes sociales respecto de la decisión de la fiscalía en ese caso.

‘Amnistía Internacional, en un acto irresponsable, comunica hechos que son bastante imprecisos, y en esa comunicación finalmente creemos que genera cierta animadversión o cierto ambiente que permite desembocar en estos actos que hemos repudiado con esta fuerza’, insistió ayer el fiscal nacional (s) Pablo Gómez.

Dichos que no pasaron inadvertidos para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, quien sostuvo: ‘entendemos que la situación en Collipulli es compleja, pero uno tiene que ser responsable y acusar a una organización de derechos humanos de responsabilidades mayores a las que uno evidencia, puede ser preocupante’, dijo.

Un caso por el que se hizo parte el Ministerio del Interior, a través de una querella. ‘En la investigación se determinará no solo a los autores materiales de estos hechos, sino que también a los autores intelectuales’, planteó el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy.

Único detenido en incidente queda con arraigo nacional

José Curinao Curamil (27), el único detenido el miércoles durante los incidentes registrados en el tribunal de Collipulli, fue formalizado ayer por el Ministerio Público, que le imputó los delitos de atentado contra la autoridad, perturbar gravemente el orden en una audiencia pública y lesiones contra funcionarios de Gendarmería.

El fiscal Nelson Moreno, debido a que Curinao Curamil no tiene antecedentes policiales ni registra detenciones, solicitó como medida cautelar el arraigo nacional, la que fue confirmada por el magistrado Juan Patricio Poblete.

El juez también confirmó la solicitud de prohibir acercarse a los tres gendarmes que habría agredido y al fiscal Enrique Vásquez mientras dura la investigación. Esta tiene un plazo de tres meses.

La audiencia se desarrolló sin público y bajo estrictas medidas de seguridad, tanto al interior como exterior del tribunal. Incluso se estableció un cierre perimetral del recinto, con alta presencia de carabineros.

Familiares del imputado intentaron ingresar, pero no realizaron actos violentos.

Durante la jornada de ayer, el Ministerio Público confirmó que tras la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del tribunal, ya estarían identificadas las otras personas que habrían destrozado computadores, escritorios y documentos, además de golpear al fiscal Vázquez.

Por ello, se informó que tanto Carabineros como la PDI están a la espera de que se aprueben las órdenes de detención para posteriormente dar cumplimiento a cada una de ellas.

Desde la defensa del imputado, declinaron comentar la resolución del tribunal. Solo ratificaron su intención de colaborar en la investigación y que su representado hará uso de su derecho a guardar silencio durante el proceso.

Jueces partidarios de restringir acceso en algunas audiencias

En el Poder Judicial existe preocupación por los hechos de violencia y coinciden en que hay algunas audiencias en las cuales se debe restringir el acceso de público.

‘Es lamentable que ocurran esas cosas. Hay protocolos, y en realidad esta es una cuestión que se debe prever con anticipación. Esto corresponde más bien a la fuerza pública o a Gendarmería, que están de custodios. Pero, por lo que vi también fueron sobrepasados’, dijo sobre el incidente en Collipulli el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica.

Al ser consultado acerca de cuál es la solución, explicó que ‘cada Corte (de Apelaciones) debe tomar una decisión, quizás lo ideal sería que en estas audiencias públicas despejen las salas y no incluir al público. Esto lo puede hacer un juez cuando ve que hay una situación de peligro’.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, aseguró que ‘es reprochable y preocupante, no puede seguir pasando. Hay dos intereses y hay que buscar la forma para que puedan coexistir: la transparencia y la libertad de asistir a las audiencias. Pero, por otro lado, estos hechos demuestran que hay que tomar medidas que restrinjan esta libertad de acceso al público, para que no se repitan estos hechos’.

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, afirmó que ‘preocupa que la violencia esté llegando al espacio en que se desarrollan los juicios. Un proceso judicial encarna todo lo contrario a la violencia, pues busca la solución de un conflicto a través de un medio racional y reglado’.

Según la información que ha recopilado el gremio, tras la agresión a un juez en San Bernardo, hay salas de tribunales con ‘deficiente custodia de Gendarmería, lo que es coincidente con los déficits que exhibe esa institución y los constante reclamos por su dotación’, dijo Flores. Agregó que cree que estos hechos se pueden repetir porque la ‘dimensión del problema no se quiere abordar por razones presupuestarias’.

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